Prevenir y erradicar la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA) es posible, pero para lograrlo se requiere del concurso de la familia, la comunidad, el Estado y la sociedad en general. Ante el inicio de las vacaciones escolares y la continuidad de medidas de distanciamiento social, hacemos un llamado vehemente a evitar exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de riesgo, peligro o amenaza a su integridad física y emocional, su salud y su vida.  Este año, al mes de octubre, el PANI ha recibido más de 70 mil denuncias por situaciones violatorias de derechos; luego de la entrada en mayo de las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata (URAIs) en las 10 direcciones regionales, se han atendido más de 4000 situaciones de emergencia.

Las familias y la crianza positiva

Un adecuado ejercicio de la autoridad parental es crucial para lograr una sociedad libre de violencia hacia los NNA.  Pero, mientras en el imaginario colectivo el 47% de las personas considere que el castigo físico y emocional son formas de disciplinar, seguiremos recibiendo a niños y niñas que llegan a los hospitales con signos de maltrato y abuso y ante una sociedad impávida que normaliza la violencia y considera que los padres y madres tienen derecho sobre los cuerpos y voluntades de sus hijos e hijas, sin reconocer que son sujetos de derecho.

Más de 15.000 denuncias atendidas por negligencia, 12.200 por conflictos familiares, 9.400 por agresión física y 4000 por abuso sexual, son algunos datos de denuncias recibidas por el COI-911 PANI durante este año. El problema de la violencia es estructural, un cambio requiere invertir en prevención y educación de las familias, así como que cada una de las instituciones articulen para coordinar acciones y maximizar recursos. La familia nuclear y extensa tiene una responsabilidad esencial en la garantía efectiva del derecho a la protección integral.

La comunidad como promotora de cambios

El riesgo al que son expuestos miles de niños y niñas por conductas negligentes u omisas en la crianza, han disparado los casos atendidos por las instituciones que intervenimos ante situaciones de emergencia. La crisis sanitaria por COVID-19 ha desnudado otra cara de la pandemia. La escuela y el colegio siempre han sido los lugares más seguros, de detección y prevención de amenazas a la integridad, la salud y la vida de la niñez y la adolescencia. Ante las medidas adoptadas para prevenir el contagio, los centros de estudio como otros lugares de reunión han sido vedados por meses a los NNA; por lo que, innovar en otras formas de detectar situaciones de riesgo y activar la denuncia, ha sido todo un reto para las instituciones a las que nos corresponde velar por la garantía de sus derechos.

El hogar no es el lugar más seguro para los niños y niñas, dejarlos solos o cargo de otros niños; o no tomar las previsiones para evitar accidentes, han incrementado los casos atendidos por quemaduras, intoxicaciones, abuso sexual y negligencia en salud, es por ello tan necesario que las y los vecinos estén alertas y denuncien las situaciones de riesgo, pero también que nos convirtamos en agentes generadores de cambio.

La respuesta de base comunitaria es esencial para garantizar otros derechos que ante la situación actual se han visto afectados y que los adolescentes en especial reclaman, el derecho al deporte, la recreación y la cultura son esenciales para el desarrollo físico y mental de los NNA. La apertura controlada de los espacios de recreación debe ser una prioridad para los Gobiernos Locales y los subsistemas de base comunitaria.   Brindar las condiciones adecuadas para su uso responsable, es una prioridad ahora que inician las vacaciones.

El Estado no puede permitirse retrocesos en materia de DDHH de los niños y niñas

El país ha suscrito compromisos internacionales y cuenta con un robusto cuerpo normativo, pero en la práctica el Sistema Nacional de Protección no brinda las respuestas que el Código de Niñez y Adolescencia demanda. Más de 27 instituciones y organizaciones conforman el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, órgano que tiene la función de implementar las políticas en niñez y adolescencia. A pesar de las más de 400 acciones mapeadas por el CNNA para responder adecuadamente a la emergencia sanitaria, la crisis social y económica que hoy enfrentamos, las respuestas siguen siendo insuficientes para una garantía efectiva de los principios del Interés Superior del Niño, vida, supervivencia y desarrollo, participación y no discriminación.

Mantener los estándares de calidad en servicios tan esenciales como la educación, la nutrición, la salud y el acceso a los medios tecnológicos son fundamentales por principio de no regresión. El regreso a clases de forma segura, se convierte en una urgencia para garantizar otros derechos como protección y alimentación. Así ratificado por el Sistema de Naciones Unidas en el informe Educación en Pausa emitido por UNICEF en noviembre de este año. Incluir a los NNA como actores en el diálogo nacional y territorial ha sido clave para incorporar sus demandas y su derecho a ser escuchados y que sus opiniones sean consideradas en la toma de decisiones. Educación, conectividad, acceso a la justicia y reducción de la pobreza han sido algunas de sus demandas.

Invertir en la niñez y la adolescencia es invertir en desarrollo, si realmente queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y “no dejar a nadie atrás”, no podemos seguir reduciendo sin criterio, los presupuestos destinados a la niñez y la adolescencia, así como tampoco podemos dejar de abordar los asuntos sin enfoque interseccional y de género.  El Estado de Población Mundial 2016  (UNFPA) señaló que si Costa Rica invierte en las 35 mil niñas que en ese año tenían 10 años, los ingresos individuales totales en dólares del 2015 al 2030 serán de 56.319 dólares, sin inversión, el ingreso individual será de 26.784 dólares; a saber, una diferencia de 29.535 dólares.

La reducción sistemática en el presupuesto asignado a programas preventivos, educativos, de promoción y garantía de derechos del Patronato Nacional de la Infancia, y a otras instituciones del sector social, es un mensaje contrario a nuestro mandato, así como obviar que el desarrollo económico nunca puede divorciarse del desarrollo social si queremos sociedades prósperas, inclusivas, respetuosas y solidarias.  Corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, exigir cuentas de una adecuada gestión, sin pasarle los costos a la niñez, así como procurar los medios para garantizar que los NNA, no vean disminuidos sus derechos por falta de recursos y cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 del CNA que dice que el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender obligaciones establecidas en el Código.

Un llamado a la reflexión y la acción, la violencia tiene muchos rostros y se manifiesta de muchas formas, perpetuar las inequidades y brechas tanto por acción como por omisión, es una de ellas.

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