Mientras escribo en vísperas del día de las elecciones, casi 100 millones de estadounidenses han votado, es decir, alrededor de un 75% de la participación electoral de 2016, lo han hecho mediante voto temprano en persona, desde su automóvil y por correo, además, según datos de la Comisión de Elecciones Federales (FEC) quedan alrededor de 30 millones de votos por correo, que fueron solicitados y no han sido recibidos aún. A esta hora, estados como Texas, Washington, Hawaii, New Mexico, Nevada y Montana de la Unión, ya superaron la participación electoral de 2016, mientras que otros 15, incluidos varios estados que son terreno electoral en disputa, claves para esta elección, y que se suelen denominar swing states o estados bisagras, por su comportamiento volátil, registran a hoy una participación del 85% respecto a 2016.

Lo anterior, parece indicar, que habrá una mayor afluencia de votos respecto a la última elección presidencial, en la línea de una inusual e historica participación electoral del pasado 2018, en las que suelen conocerse, como elecciones de medio periodo, que permitieron a los demócratas, recobrar el control de la Cámara de Representantes, ganando más de 41 curules que anteriormente tenían los republicanos, y 7 gubernaturas. Y aunque cada elección tiene sus particularidades, parte de la hipótesis que quiero exponer, es que hay un oportunidad latente de que la Presidencia de Trump se dirija, a ser la más repudiada y cancelada en su primer mandato, desde Herbert Hoover en 1932, Jimmy Carter en 1980 y George H. W. Bush en 1992, un tsunami de votos, que no sería para los demócratas, sería un voto sobre todo contra Trump, y el Partido Republicano, un voto de censura a todo lo que ha hecho y representa el trumpismo.

Y es que, creo que Trump ha sido su peor enemigo, su encendido verbo supremacista es débil numéricamente, y han empujado a mucha gente en dirección opuesta, su retórica constante ha transformado la cultura política como temía mucha gente, lo que pasa es que lo hizo contra el trumpismo. Su discurso y acción constante por suprimir el voto, por poner obstáculos a que la gente pueda ejercer el elemento más mínimo de la democracia, creo que tendrá el efecto contrario, irónicamente Trump ha reanimado el demos, movimientos que están rebasando la institucionalidad y exigen democracia, contra la plutocracia estructuralmente racista que es Estados Unidos.

Si algo ha caracterizado en su historia contemporánea al Partido Republicano, y Trump ha exacerbado, y transparentado, es su trabajo por suprimir el voto, por desincentivar y poner la mayor cantidad de obstáculos posibles para “los otros”, sobre todo las poblaciones empobrecidas en términos de clase y raza, y es que el Partido Republicano ha dicho abiertamente que la democracia les daña, les debilita y junto a Trump han actuado en consecuencia, buscando que incluso no se cuenten los votos por correo que llegan posterior al día de la elección, que se anulen más de 100 mil votos en Texas por la modalidad de voto desde el vehículo, que se implementó en el marco de la pandemia. El Partido Republicano en su historia contemporánea, vive de limitar la democracia, le estorba el demos, el pueblo, se sabe demográficamente minoría, y que a mayor participación democrática, más posibilidades de quedar en esa posición, la de minoría y perder cuotas de poder. No hay que olvidar, que los demócratas es casi seguro que ganaran el voto popular en esta elección, de ser así habrán ganado el voto popular en las últimas 4 elecciones consecutivas, y el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones presidenciales, en absoluto un problema menor para el conservadurismo.

Más allá de quién gane esta elección, todo parece indicar que, a corto y mediano plazo, la clase, la raza y el género, seguirán siendo espacios abiertos de disputa en el debate público estadounidense, y es que un efecto de la estancia de Trump en la Casa Blanca, es que ha vuelto más visibles las brutales desigualdades y violencias estructurales que Estados Unidos arrastra desde hace décadas, sino desde su fundación, sobre cuestiones etnico-raciales, de clase y género. Los movimientos que demandan salud, educación, vivienda, entre otros, como derechos humanos, que luchan por democratizar su país, por ciudadanía plena para todas las personas, tienen un reto enorme, muy parecido en mi opinión, al pueblo chileno, ya que juegan contra la institucionalidad, y es que en Chile recientemente, la mayoría del pueblo chileno aprobó terminar con la Constitución de Pinochet, y lo logró a pesar de la institucionalidad, una que por décadas fue el Can Cerbero del status quo, tuvieron que pasar meses de democracia de la calle, con torturas, violaciones, ejecuciones y centenas de mutilados por las fuerzas de seguridad del Estado para lograr llegar al plebiscito constitucional de carácter revocatorio.

En ese sentido, creo que es sano poner en el centro del debate a la institucionalidad misma, no solo por el cambio numérico, en términos de correlación de fuerza que llevó a cabo Trump en el Poder Judicial y la Corte Suprema de Estados Unidos, sino porque en mi opinión, el problema que enfrenta hoy Estados Unidos y buena parte del mundo, no es la tiranía de la mayoría, ese tropos de Hamilton, Madison, Jay y Tocqueville, sino la tiranía de la minoría, una que es económica, que socava la democracia, por ejemplo, la mayor infiltración en las elecciones estadounidenses de intereses ajenos a la voluntad popular del pueblo estadounidense no ha venido ni viene de rusos, iraníes, wikileaks o anonymous, sino de corporaciones privadas que invierten miles de millones en cada elección, en las dos candidaturas del bipartidismo institucionalizado para mantener un status quo que les beneficia, más acentuado tras el fallo de Citizens United v. Federal Election Commission que dio derechos políticos y de ciudadanía a las corporaciones. Por ejemplo, para inicios de octubre, la Comisión Federal de Elecciones (FEC) estimo que se gastaran 11 mil millones de dólares, en las campañas de estas elecciones 2020, lo que es un 50% más de lo que gasto en la elección de 2016, de esos 11 mil millones, se prevé sólo un 23% del total de ese dinero, vendrá de ciudadanos comunes y corrientes.

Para acometer muchas de las reformas estructurales que buena parte de las y los estadounidenses vienen demandando desde hace mucho tiempo, se necesita transformar esa institucionalidad, incluida la Corte, y por supuesto el propio texto constitucional.

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