Los comedores estudiantiles son un servicio público de equidad. Nuestro país ha tenido la sabiduría de reconocer y declarar por Ley que es un servicio esencial, pues está claro que constituye una valiosa herramienta para atender y prevenir la pobreza, tanto en tiempo lectivo, como no lectivo. Durante estos meses de pandemia, hemos visto lo que significan para la comunidad estudiantil y sus familias, sobre todo para los hogares más pobres y con ingresos disminuidos.

El Presupuesto de la República para el 2021, incorpora la contratación directa del Ministerio de Educación Pública (MEP) de 2.000 cocineras. Lo hace con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de comedores estudiantiles, proteger los derechos laborales de estas servidoras y generarle al Estado un ahorro superior a los 6.700 millones de colones, aproximadamente, del 2021 al 2028.

Actualmente, las trabajadoras de los comedores estudiantiles cuentan con dos modalidades de contratación. Las contratadas vía MEP por medio del Servicio Civil, las cuales son consideradas trabajadoras públicas, y las contratadas por las juntas de educación y juntas administrativas de cada centro educativo, que reciben un tratamiento de trabajadoras privadas, pese a que en ambos tipos de contratación las cocineras brindan exactamente el mismo servicio y la fuente de los recursos para pagar sus salarios, también en ambas modalidades, proviene del MEP.

¿Cuál es el problema con esto? Las cocineras contratadas según los procedimientos del Servicio Civil, gozan de la estabilidad que les brinda el régimen de empleo público, así como las garantías de respeto a sus derechos labores y dignidad como trabajadoras. Las cocineras contratadas por las respectivas juntas dependen de un sistema que les genera diversos riesgos, como lo son: el incumplimiento en el pago de salario mínimo, irregularidades en los nombramientos y despidos injustificados.

Según el MEP, a octubre de este año, 333 juntas de educación y administrativas presentaron problemas de conformación. Esta cantidad es constante en el tiempo, y no permite hacer transferencias a las juntas o ejecutar los servicios designados a estos entes auxiliares del MEP. Con ello las cocineras de los comedores estudiantiles sufren el riesgo de no recibir salario por los meses en que no se logre conformar la junta.

Conozco muchas historias acerca de lo que han tenido que hacer estas cocineras de comedores estudiantiles para recibir un pago por su trabajo, desde vender números para poder redondearse sus ingresos, hasta levantarse de madrugada para hacer tamales para la venta. ¿Son acaso trabajadoras de segunda categoría? Dadas las condiciones de contratación diferenciada que enfrentan, se les trata como si lo fueran y eso en un Estado Social de Derecho como el nuestro resulta brutalmente injusto.

Hay quienes, además, no han comprendido que la continuidad del servicio radica en las personas que lo ofrecen. No solo son los abarrotes, las ollas, los platos, las mesas o las sillas. Es en las espaldas de las cocineras sobre quienes recae la continuidad del servicio en escuelas y colegios. Su estabilidad laboral y el cumplimiento de sus garantías laborales, es una lucha que Costa Rica no puede ignorar más. Este no es un tema nuevo. Esta es una lucha que lleva más de 20 años en espera de soluciones.

Desde mi condición de mujer diputada, debo señalar que es imperativo atender esta situación de desigualdad con enfoque de género y desde una perspectiva del presupuesto como herramienta que puede -y debe- contribuir a lograr más igualdad y justicia social, es decir, una sociedad con menos privilegios y más equidad.

Más del 90% de las personas servidoras en comedores estudiantiles, son mujeres, muchas de ellas jefas de hogares que presentan un alto índice de vulnerabilidad socioeconómica.

Las labores como cocinar y limpiar la casa han sido asignadas a las mujeres por roles de género, y están fuertemente vinculadas al trabajo reproductivo, al trabajo del hogar y a la economía de los cuidados, porque preparar la comida, limpiar la casa y lavar la ropa, constituyen tareas de cuidados de la familia.

Lo que estamos viendo es una forma de extensión del trabajo doméstico que realizan las mujeres en el ámbito privado, al ámbito público, sin que medie un reconocimiento de su trabajo por medio de condiciones legales mínimas, una remuneración justa y ni qué decir de la protección social que quizá recibirían si estas funciones fueran desempeñadas mayoritariamente por hombres.

Por eso insto a mis compañeras diputadas, a las organizaciones de mujeres y a la institucionalidad pública que defiende las garantías laborales, la equidad y el respeto a los Derechos Humanos, a que nos sumemos. Seamos consecuentes entre el desarrollo de las políticas de comedores estudiantiles, con el reconocimiento y respaldo de los derechos de las mujeres cocineras de comedores estudiantiles.

La lucha de las cocineras debe ser nuestra.

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