La Contraloría General de la República presentó un informe de fiscalización sobre el control tributario para la recaudación en el Ministerio de Hacienda, enfocado en el cumplimiento de los Planes de Control Tributario y de nuevas acciones a cargo de la Dirección General de Tributación (DGT), ante la emergencia nacional por COVID-19.

Según señaló la Contraloría, las acciones planificadas en el Plan Integrado de Control Tributario (PICT) 2020 requieren una mayor ejecución por parte de la Dirección General de Tributación dado que, al 30 de septiembre, el nivel de ejecución alcanzado fue de solo un 53%.

La Contraloría detalló que el cobro a morosos se encuentra rezagado al presentar un avance de solo el 43%, mientras que la fiscalización solo ha avanzado en un 42%; los contribuyentes morosos aumentaron un 65% y los no declarantes del Impuesto al Valor Agregado aumentaron en un 37%.

Dato D+: El Control tributario tiene dos modalidades la intensiva, que incluye la fiscalización de la situación tributaria de los sujetos pasivos (quienes deben pagar impuestos); y el control extensivo se enfoca en fiscalizar a los sujetos pasivos que realizan actividades económicas pero no se inscriben (ocultos), y los obligados tributarios que incumplen el pago de sus obligaciones (morosos) o incumplen con la presentación oportuna de sus declaraciones (omisos).

La Contraloría señaló que de acuerdo a las actuaciones programadas en el Plan Integrado de Control Tributario, se observa un mayor rezago en la gestión de cobro a los contribuyentes que no cancelan las deudas tributarias (morosos) y en la cantidad de actuaciones de fiscalización, que según el informe viene presentando una potencial tendencia decreciente con respecto a periodos anteriores.

Según los datos del informe, a setiembre 2020 se esperaba un ingreso por las acciones de fiscalización de ₡154.217 millones, pero las acciones realizadas solo han generado ₡13.634 millones (8.8% del esperado), mientras que la gestión de cobro a morosos ha generado ₡11.242 millones (86.9% del esperado) y las acciones para identificar contribuyentes omisos generó ₡1.919 millones (53.7% del esperado).

Adicionalmente, el informe señala que la DGT no cuenta con un sistema integrado de información tributaria, que permita integrar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones, para verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscritos ante la Administración Tributaria, y de un cruce de 527 casos identificados con información de la CCSS (posibles casos ocultos) solo se programó realizar acciones para fiscalizar el 12% de esos casos.

Mientras que de la cantidad de contribuyentes que incumplieron con la obligación de presentar las declaraciones correspondientes del Impuesto al Valor Agregado (los omisos) se identificaron 203.930 casos, solo se programó acciones de fiscalización para 6747 de esos casos.

Por último, en el caso de los contribuyentes morosos se realizaron 76.261 actuaciones, sin embargo, el número total de morosos al mes de julio era de 164.809 en el Impuesto al Valor Agregado y 78.323 en el Impuesto Sobre la Renta.

En el caso de la fiscalización intensiva la Contraloría señaló que de las 540 actuaciones realizadas, solo el 15% (83 casos) fueron a grandes obligados tributarios, 44 a Grandes Contribuyentes Nacionales (GCN), para un 9.8% del total de GCN, y 39 casos a Grandes Empresas Territoriales (GETES), para un 3,7% de los GETES.

En su informe la Contraloría destacó que es necesario un mayor control tributario para reducir la caída de la recaudación que se ha dado como resultado de la disminución de la productividad por la pandemia de COVID-19, así como es necesario generar mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.