La naturaleza altamente contagiosa y letal del COVID-19 ha desafiado a los gobiernos de todo el mundo a implementar rápidamente medidas para detener la propagación del virus. Medidas tales como las restricciones al trabajo, la enseñanza desde el hogar, o incluso las cuarentenas estrictas se han convertido rápidamente en la nueva norma. Y, si bien todas estas medidas tuvieron como principal objetivo la digna búsqueda del "distanciamiento social", ninguna de estas se ha implementado con garantías de éxito, y en muchas ocasiones sin comprender acabadamente las consecuencias negativas que estas podrían acarrear en otros aspectos de la vida y el comercio.
Desde Alianza Transnacional Para Combatir al Comercio Ilícito (TRACIT), nuestra misión es mitigar el comercio ilícito y es por eso que, observamos con gran preocupación algunas de las políticas implementadas en los países latinoamericanos que ya eran vulnerables al comercio ilícito, y que dichas medidas pudiesen impulsar la actividad criminal. En particular, donde los gobiernos impusieron prohibiciones estrictas, hubo un considerable aumento de los mercados ilícitos. Con el fin de evitar estas consecuencias no deseadas, advertimos a varios gobiernos sobre los efectos secundarios no deseados de sus políticas. En el caso de las restricciones al alcohol en países como México, Colombia, Panamá y República Dominicana, también advertimos a los consumidores sobre los daños graves que el alcohol ilícito puede conllevar e instamos a los gobiernos a evitar medidas que puedan agravar la ya compleja situación.
Costa Rica no es la excepción. Recientemente ha resurgido el proyecto de ley N ° 20.961, el cual introduce un nuevo esquema de timbres fiscales que busca combatir el crecimiento del mercado ilícito en el país con medidas cuya eficacia no ha sido debidamente testeada. En septiembre de 2019, ya se había desaconsejado la implementación de la ley de timbre fiscal sin que medie un previo análisis de costo-beneficio adecuado. Desde TRACIT también hicimos foco en este punto y resaltamos la necesidad de realizar valoraciones empíricas, análisis de los impactos fiscales y económicos y una evaluación de los impactos en fabricantes e importadores.
Sin embargo, la nueva versión del anteproyecto de Ley N ° 20.961 no prevé una evaluación de su eficiencia, costo para los contribuyentes o impacto en los consumidores y los mercados ilícitos. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con la cautela que este tipo de medidas requiere, ya que es menester asegurar que la introducción de nuevas leyes tributarias no sea apresurada y no tenga impactos negativos en el crecimiento económico y empresarial.
En un reporte recientemente lanzado por TRACIT sobre alcohol ilícito en Costa Rica presentamos varios ejemplos relativos a la introducción de nuevos esquemas de timbres fiscales en otros países, los cuales fueron muy costosos y poco eficientes. Entre los casos prácticos se encuentra uno del Servicio de Impuestos Internos de Ecuador, que introdujo un sistema de timbres fiscales que fue rápidamente abandonado después de determinar que costaba a los contribuyentes tres veces más que los ingresos que generaba. El informe también incluye el análisis de una situación similar en Mozambique, donde el régimen de timbres de control fue introducido por la Autoridad Fiscal de ese país. Desafortunadamente, el régimen no ha ayudado mucho a disuadir el comercio ilícito de alcohol, que aumentó del 60% al 73% en los últimos 4 años.
Teniendo en cuenta las cantidades y el tipo de comercio ilícito de bebidas alcohólicas que prevalece en Costa Rica, los resultados que la implementación de las medidas de timbres fiscales pudiese aportar no son prometedores, particularmente porque los timbres tendrán poco impacto en el control del mayor problema del alcohol ilícito que ingresa al país, el contrabando, el cual lógicamente no estará sujeto al programa de timbres propuesto por la nueva ley.
Un enfoque apropiado para mitigar el impacto del comercio ilícito sería la implementación de una cartera de medidas regulatorias cuya efectividad ha sido confirmada a lo largo del tiempo. Dentro de estas medidas se encuentra el aumento de sanciones a los actores que abastecen a los mercados con falsificaciones y contrabando, la creación de asociaciones público-privadas para proteger la integridad de los productos y las cadenas de suministro, la concientización de los consumidores sobre los daños del alcohol ilícito, entre otras. Los responsables políticos también deberían focalizarse en el desarrollo de estrategias criminales dirigidas a investigar las bases del comercio ilícito, incluyendo la confiscación del producto del crimen y el otorgamiento de recursos necesarios para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden llevar a cabo sus funciones.
Desde TRACIT, instamos a los funcionarios gubernamentales y a los sectores industriales, a evaluar las consecuencias no deseadas que podría traer la implementación de este proyecto de ley, que podrían generar más costos que ingresos y pueden impulsar inadvertidamente el comercio ilícito de alcohol en el país.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
