De acuerdo con el último reporte de Latinobarómetro, publicado a finales de 2018, solo el 9% de los costarricenses pensábamos que la situación económica del país era buena, 17% estaba satisfecho con la conducción de la economía y 22% pensaba que el país estaba progresando, pese a que apenas 39% consideraba la situación económica como mala y 52% pensaba que iba a mejorar en el futuro. De alguna forma estas cifras revelan incertidumbre.
En ese mismo reporte, la satisfacción con la democracia había caído paulatinamente a 63%, de un máximo de 83% en 2007, y a un 18% de la población le daba igual vivir en un régimen no democrático, en buena parte porque entre los menos educados, los más jóvenes y los más pobres; el apoyo a la democracia era ligeramente menor. Curiosamente solo el 45% de la población se declaraba satisfecha con el funcionamiento de nuestra democracia.
Un 75% sentía en ese momento que en el país se gobernaba para el beneficio de unos cuantos grupos poderosos, al tiempo que solo 21% consideraba que se gobernaba para bien de todo el pueblo, y solo 19% pensaba que la distribución de la riqueza en el país era justa.
Un 53% aprobaba de la gestión del presidente Alvarado, que refleja la situación al inicio de su mandato, momento en el cual se recopilaron los datos publicados, lo que denotaba un importante crecimiento del 22% de aprobación al final del gobierno de la presidente Chinchilla y 30% en el tercer año del presidente Solís. No tengo estadísticas de una fuente igual, pero las encuestas publicadas en diversos medios muestran una caída estrepitosa de esa confianza.
Los costarricenses no confiamos en nuestros conciudadanos. Solo 11% de los ticos pensábamos que se podía confiar en la mayoría de las personas; y entre las instituciones únicamente las iglesias, el Tribunal Supremo de Elecciones y la policía tenían confianza apenas por encima del 50% de la población. En los tres poderes del Estado la confianza era baja: 49% en el Poder Judicial, 27% en la Asamblea Legislativa y 33% en el conjunto del gobierno. Además, la confianza en los partidos políticos alcanzaba apenas 17%.
En las organizaciones privadas tampoco había confianza. Los que estaban mejor eran los medios de comunicación con 44%, pero las empresas nacionales e internacionales tenían confianza entre 34 y 38%, 43% para los bancos; y la confianza en los sindicatos alcanzaba apenas 27%. Para completar el cuadro, un 69% opinaba que la corrupción estaba en aumento.
Claramente estábamos en un ambiente de profunda desconfianza en 2018. Nadie creía en nadie y todos los grupos se enfocaban —y desde entonces— en proteger su propia situación sin considerar el impacto de sus decisiones en los demás
Y si lo pensamos un poco, en los dos años desde la publicación de estos datos, qué se imaginan que ha ocurrido con la imagen y confianza en el Poder Judicial —ese de las pensiones desproporcionadas, del eterno conflicto de interés, de las elecciones conflictivas de sus miembros, y responsable de la altísima percepción de impunidad que se vive en el país—. Y qué habrá pasado con la confianza en el Poder Ejecutivo —ése que permite bloqueos, que es incapaz de comunicar aún sus logros más esenciales, que parece haber perdido el control de la pandemia y nos manda a abrir el país cuando el riesgo parece alto y a cerrar cuando el riesgo parecía controlado; el que se sacó de la manga una propuesta al FMI para luego retirarla y ahora se refugia en cualquier cosa para no tomar las decisiones que le corresponden—. Y qué de la Asamblea Legislativa, que empezó muy bien, pero conforme se acerca el período electoral parece llenarse de oportunistas que abren un portillo a la pesca de arrastre, eligen magistrados con base en subterfugios, que ignoran las advertencias de la Defensoría y Contraloría General, al tiempo que muchos de sus representantes asumen actitudes populistas y electoreras, en vez de actuar en consecuencia con el momento que estamos viviendo.
Y cómo se imaginan que haya cambiado la percepción de confianza en la empresa con la campaña que se ha orquestado para acusarlos de evasores de impuestos, con la publicación de listas de empresas y personas en una suerte de “operación embarre” a cargo de algunos medios y con la complicidad de los sindicatos y la izquierda nacional. Y la imagen de los mismos sindicatos: abusivos en salarios, beneficios, privilegios y convenciones colectivas, además de bloqueadores, ciertamente se ha comprometido, para decir lo menos.
Y el problema de un ambiente sin confianza es que se incrementan todos los costos de transacción en la sociedad. Por esa falta de confianza es que se tardan tantos meses en aprobar aun las leyes más básicas y esenciales; por eso se inventan trámites, controles y regulaciones que encarecen y retrasan todo; por eso el Poder Ejecutivo titubea en proponer, ordenar y comunicar aún lo que parece necesario y hasta obvio para todos. Por eso excelentes proyectos terminan por no realizarse o se realizan proyectos a medias y altísimos costos para tratar de satisfacer a cuanto grupo de interés tenga opinión al respecto. Altos costos de transacción retrasan las inversiones, el crecimiento de la producción y de la productividad, la innovación y, como se ha descrito, impide la gobernanza eficiente y eficaz.
Toda esta desconfianza es reflejo de ese ambiente de negligencia, mediocridad, egoísmo sectorial, realidad y percepción de corrupción, arbitrariedad e impunidad; sumado a medios sensacionalistas, un tanto irresponsables en su cobertura y tono, que en conjunto a redes sociales nublan la objetividad de los ciudadanos; y a oportunistas que, en medio de este desorden, tratan de llevar agua a sus molinos en vez de enfocarse en lo que necesitan el país y su gente como única prioridad.
No podemos seguir así. La destrucción de la confianza que ya padecemos y la que se sigue exacerbando cada día, nos enfilan al despeñadero. Es necesario tomar este tema con seriedad y empezar a actuar.
Es indispensable reconstruir la confianza, pues en la coyuntura que nos encontramos, el país requiere recuperar su capacidad de crecer al 5% anual o más; aumentar la productividad de cada una de sus industrias y sectores; atraer inversiones extrajeras y motivar a emprendedores nacionales a invertir en su país; generar miles de nuevos empleos y recuperar la capacidad histórica de convertir el crecimiento económico en progreso social. Pero además necesitamos desplegar una agenda de descarbonización y cambio climático que transforme la forma como producimos, consumimos y manejamos nuestros recursos; abrazar la cuarta revolución industrial y digitalizar y simplificar nuestro gobierno; redistribuir la riqueza con base en darle mejores oportunidades de desarrollo a cada ciudadano; actualizar el desempeño de nuestra infraestructura y modernizar el transporte público… Y hay más que hacer, una tarea imposible en este ambiente de alta desconfianza que aún hoy tiende al deterioro.
La reconstrucción de la confianza empieza por aceptar la responsabilidad por las decisiones que le corresponden a cada uno; respaldadas por trasparencia, comunicación asertiva y simple a cada estrato y sector, rendición de cuentas por lo actuado y cumplimiento de todos los deberes, para merecer todos los derechos a que los costarricenses estamos tan acostumbrados.
Sin confianza es casi inevitable seguir en esta agobiante mediocridad, en la ingobernabilidad, en el “nadadito de perro” en términos de crecimiento y en una creciente desigualdad social entre ciudadanos y regiones. Sin ella no podremos transformar el país como se debe para enfrentar los grandes retos que se ciernen sobre el mundo, la región y el país.
Cada sector: gobierno en su conjunto y todas sus instituciones, empresa privada a nivel de sus grandes empresas y de las organizaciones del sector, sindicatos, asociaciones solidaristas, movimiento cooperativo, iglesias, y medios de comunicación deben, por una vez ,enfocarse en el país y no en sus agendas particulares y desarrollar una narrativa correcta, transparente, que rinda cuentas por sus actuaciones y acepte responsabilidad por lo actuado; todo con el propósito de reconstruir la confianza en el país.
Así, paso a paso, se recuperarán la gobernanza, la productividad, la atracción de inversiones, la innovación y podremos ser, otra vez, aquella nación que, sobre la base de una visión compartida del futuro, se atrevía a adelantarse a su tiempo con decisiones visionarias y valientes.
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