Jean-Paul Sartre una vez dijo: “Estamos condenados a ser libres”. En una democracia que decidió abolir el ejército y, por ende, renunciar al uso de la fuerza para imponer algún punto de vista, podemos decir que “estamos condenados a negociar”.
La democracia supone la negociación, es una de sus premisas. Pero desde mediados de los años noventa se fue imponiendo en Costa Rica la absurda idea de que “pactar” es malo. Hubo candidatos que, con voz trémula de emoción, prometían a los ciudadanos que, de ser electos, “¡no pactarían!”. Así, poco a poco se fue debilitando la voluntad y, por ende, la capacidad, de los diferentes sectores, de negociar.
Esa tendencia se profundizó porque las dos figuras que dominaron el escenario político en la primera década de este siglo, Oscar Arias y Ottón Solís, se prometieron a sí mismos que jamás negociarían entre ellos. La prueba más evidente de esa falta de voluntad y de capacidad de negociar, fue que un tratado de libre comercio debió someterse a referendo, situación única e inédita en el mundo.
La esencia de la negociación es que las partes están dispuestas a ceder en algo, porque son capaces de entender que el resultado final beneficia a todos. Se busca una situación ganar-ganar. En Costa Rica, la negociación se ha ido sustituyendo por la retribución, o más bien, la retribución es lo que se negocia: “Aceptame esto que sólo me beneficia a mí, y a cambio, yo te retribuyo aceptando lo que solo te beneficia a vos”. Así, un día se aprobó algo que solo benefició a los empresarios. Al día siguiente algo que solo benefició a los sindicatos del sector público, después fue el turno de los cooperativistas, y de las universidades públicas, y de los maestros, y de los magistrados…y la lista se hizo enorme. Ahora estamos perdiendo todos.
Y si esa fue la lógica que dominó la política, la situación empeoró cuando, al no lograr acuerdos, los políticos acudieron a la Sala IV. Y ella lo que hace es dictar sentencia. Uno gana y otro pierde. La política no solo terminó siendo la negociación de retribuciones, sino que, además, tiende a judicializarse. Esta tendencia le da creciente protagonismo político a la Corte lo que, a su vez, politiza cada vez el nombramiento de magistrados. Se judicializa la política y se politiza la judicatura. Y en la medida que el proceso institucional se complica y se atomiza, en que se pierde la visión nacional y de conjunto y se refuerzan las visiones parciales y de gremio, al tiempo que se va agotando la capacidad de retribución del Estado, surge un elemento más: los que desechan la negociación, la retribución y hasta la judicialización: y optan por la imposición. Desde la calle, desde los bloqueos, desde la violencia, la demagogia y la irracionalidad. Todo ello debilita la democracia.
Ahora estamos condenados a rescatar la capacidad, pero sobretodo, la voluntad de negociar en su sentido pleno: construir acuerdos en que las partes no obtienen todo lo que cada una quiere, pero el resultado final es para el beneficio de todos. Ello requiere un urgente cambio de actitud en los líderes políticos, empresariales, sindicales, académicos y, en general, de todos los sectores sociales. O su reemplazo por nuevos liderazgos capaces de ver al menos que, por el camino que vamos, todos perdemos.
Además, dada la creciente complejidad de las sociedades democráticas modernas, la negociación ya no puede limitarse exclusivamente al ámbito político-legislativo. Se requiere también construir acuerdos entre los principales sectores de la sociedad, es decir, los que por su poder real, tienen más peso en la formulación de la política pública. Pero a diferencia de los políticos, que tienen al Parlamento, los sectores no tienen una instancia formal y permanente de negociación. Hasta ahora. El presidente Carlos Alvarado firmó el año pasado un decreto creando el Consejo Consultivo Económico y Social en el que están representados los principales sectores sociales del país. Pero no lo convocó. Es urgente y necesario que lo haga.
Sentado en una mesa de negociación, cada sector podrá formular racional y serenamente sus demandas. Y como querrá que los demás respeten esas demandas, respetará las demandas de los otros. Desde ese clima de racionalidad y respeto será posible lograr acuerdos que van a perjudicar a cada uno de ellos en alguna medida -que deberá ser justa- pero que serán de beneficio para todos nosotros, los ciudadanos de esta democracia. Costa Rica estará por encima de los sectores, pero será capaz de cobijarlos para que todos puedan retomar la senda de la prosperidad, de la inclusión y de la justicia.
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