Poco antes de su fallecimiento, el Dr. Rodolfo Cerdas Cruz argumentaba que la élite dirigente costarricense había renunciado a su rol histórico de desarrollar y dar continuidad a un proyecto de sociedad que reafirmara el concepto de nación y sus identidades.
La ausencia de esa brújula ha sido reemplazada por iniciativas transitorias que solo alcanzan a ordenar por breves periodos las fuerzas políticas de la sociedad sin verdaderamente resolver los asuntos de fondo ni trascender los esquemas tradicionales de regateo de intereses. Su uso ha dado pie a desfases muy inconvenientes, como el que vivimos hoy día: el pretender darle solución a la crisis de la economía nacional detonada por la COVID19 con acciones de hecho e ideas del siglo pasado.
Tras los convulsos años noventa –década de hiperinflaciones, desequilibrios fiscales, reforma a los sistemas de pensiones y estímulos al sector exportador– Costa Rica inició el siglo XXI con grietas importantes de apoyo ciudadano a la democracia y a los partidos políticos, debido a la percepción de corrupción en la función pública y al conflicto social provocado por la ejecución de un programa de transformaciones que polarizaron a un país acostumbrado a la ruta gradual y los términos medios.
Ante la certeza de la negociación de un TLC con EEUU, y los efectos aún recientes de la crisis por el Combo ICE y el monopolio de RITEVE, se produjo durante casi una década el congelamiento de agendas cuyo historial o potencial conflictivo hubiera adicionado obstáculos a la tramitación del acuerdo comercial; cumbre del modelo exportador. Durante esos años amainaron los intentos explícitos de vender activos del Estado, se postergó la tramitación de la consolidación fiscal, y se bloqueó el avance de iniciativas en derechos humanos, sexuales y reproductivos.
La era del deshielo
Una vez aprobado el TLC, el país dejó atrás el último libreto con capacidad de ordenar las fuerzas políticas e inició la “era del deshielo”, que llegó, a paso de avalancha polar, a definir la dinámica política y el margen de acción de los siguientes gobiernos. Este deshielo es naturalmente caótico por su complejidad y violento por la polarización sociopolítica, no solo por la impaciencia acumulada y la competencia por atraer la respuesta del Estado a demandas entumecidas, sino, también, por la necesidad de estos gobiernos de ajustar sus metas de reactivación productiva y generación de empleo a un espacio fiscal en franca disminución.
En tal sentido, aumentó la temperatura de asuntos irresueltos como la reforma del sector eléctrico, la gobernanza pesquera, el uso y posesión de la tierra, el financiamiento de actividades agroproductivas, la gestión del recurso hídrico, y el transporte público de personas y de carga centroamericano. También tomaron fuerza las voces a favor y en contra de la implementación de las guías sexuales educativas, y las luchas por la norma técnica del aborto terapéutico y el matrimonio igualitario.
El apremio de las finanzas públicas, el desplome de la producción nacional y el alto endeudamiento de la población sentaron las bases para que la administración Alvarado Quesada apenas lograra que la Asamblea Legislativa despachara una versión muy pálida de las medidas de fortalecimiento fiscal que necesitaba el país. Y, ante la llegada del COVID19, lo que era una dificultad de ingresos y egresos del gobierno central se convirtió en un problema de la economía en su conjunto, cuya ruta de salida requerirá de ideas y compromisos intergeneracionales.
El rechazo de amplios sectores de la población –empobrecidos, empoderados, y expuestos a inusitados niveles de desinformación– a asumir cuotas para un ajuste que es inevitable, dan cuenta del agrietamiento del sistema político, y ha sido a través de sus fisuras que las tesis y fantasmas de los noventas se han colado al centro de la discusión nacional.
Estas ideas provienen de un mundo analógico, anterior a Facebook y YouTube, al “corralito argentino” y al Bitcoin. Fueron forjadas sin considerar las oportunidades y responsabilidades que presentan hallazgos e innovaciones como las finanzas verdes para el desarrollo de infraestructura, la revolución de los servicios financieros mediante las Fintech, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y el transporte, la reconceptualización del impuesto sobre la renta en la lucha contra la evasión y la elusión, el impacto de los esquemas accionarios público privados en la transparencia y eficiencia de las inversiones, y la contribución cuantiosa al PIB de la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los mercados laborales.
¿Acaso los intereses traídos por el deshielo consideran el acelerado envejecimiento poblacional, la imperiosa digitalización del Estado, y la tendencia hacia la política de las identidades? ¿Tienen como propósito resolver los problemas del desempleo, de la desigualdad, de la crisis política, y de los desafíos climáticos que heredarán las futuras generaciones, y que hoy mismo padecen amplios conglomerados de la población?
Nuestro verdadero desafío
Resulta claro que la instancia de diálogo multisectorial convocado por la Presidencia de la República debe tener incentivos precisos que motiven la participación de quiénes hoy reniegan de hacerlo, y optan por vías de hecho para la defensa de sus intereses gremiales. Ello podría lograrse si la agenda de la convocatoria se amplía a discutir las necesidades de estímulo económico de trabajadores y empresas para enfrentar la COVID19; y si el diálogo logra desarrollarse en perspectiva de avance hacia la construcción de un proyecto de sociedad del bicentenario, al amparo de un liderazgo renovado que reafirme la continuidad del proceso democrático, se asiente en una ética que hilvane la justicia individual, comunitaria y global, y tenga vocación a transigir en torno a puntos medios que conjuguen las aspiraciones universales con nuestras circunstancias y desafíos más inmediatos.
Centrarnos enteramente en la disyuntiva “progresividad tributaria versus austeridad” estatal llevaría a ocultar desfases cardinales que prologarán los efectos del deshielo, y a privarnos del aprovechamiento de las creaciones y lecciones aprendidas de los años recientes para proponer una salida sostenible a la crisis.
Y, a todo esto, ¿qué tal si decidimos atender el otro gran pendiente, también reiterado por el Dr. Cerdas: “darle más relevancia al parlamento y permitirle jugar un papel más importante que el que hasta ahora ha jugado”?
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