Para empezar a discutir las reformas estructurales que necesita este país en un momento crítico, que esperamos surjan en las mesas de diálogo convocadas por el presidente, es imperativo partir de la grave desigualdad social y pocas oportunidades que enfrentan los costarricenses que no tienen la bendición de “servir” al Estado. Y por ello, urge conocer y dejar claro las causas, señaladas por expertos, de la desigualdad social que experimenta Costa Rica, las cuales fueron evidenciadas por la OCDE en su Informe Económico 2020:
Salarios públicos. Dice la OCDE que la remuneración de los empleados públicos es compleja, contribuye a la desigualdad de ingresos y representa la mitad del gasto. En ese sentido, recomienda que una parte significativa del ajuste debe implicar reducir los incentivos salariales de los trabajadores públicos, lo que reducirá la desigualdad de ingresos, ya que estos trabajadores se encuentran en los percentiles más altos de la distribución del ingreso en Costa Rica.
Y es claro que aquí no hablamos de los servidores de estratos más bajos, hablamos por ejemplo de algunos salarios en la Defensoría de los Habitantes, servicio exterior o las universidades estatales.
La OCDE señala que los salarios públicos suponen la mayor contribución a la desigualdad.
Educación. En Costa Rica existe un compromiso firme con la educación, pero los resultados continúan siendo deficientes. A pesar de la alta inversión en educación pública, los resultados de las pruebas PISA son malos. Garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a una buena educación y relevante es fundamental para construir una economía más inclusiva y productiva. Un estudiante del sistema público puede pasar 11 largos años recibiendo clases de inglés y no tener competencias para siquiera mantener una conversación coloquial. Esto debe acabar ya.
Por ello debemos empezar a realizar evaluaciones fuertes de nuestros educadores y exigir que la inversión en el idioma inglés convierta a Costa Rica en una nación bilingüe.
Exceso de burocracia costosa. Eliminar el exceso de regulaciones aumentaría la productividad y la creación de empleo. En Costa Rica las regulaciones se encuentran entre las más onerosas en las economías avanzadas y emergentes, siendo que las barreras de entrada son particularmente altas. También es posible mejorar aún más el desempeño de las empresas estatales y la metodología para establecer precios controlados.
Por ejemplo, inscribir una empresa como patrono ante la CCSS puede tardar meses, lo que debería ser un trámite automático y con fiscalizaciones o revisiones posteriores.
Fortalecer la competencia impulsaría el crecimiento significativamente. Las exenciones existentes a las normas de competencia, como las otorgadas al arroz, el azúcar y el café son regresivas e ineficientes y deberían ser eliminadas gradualmente. Afectan directamente a los estratos más bajos y producen precios altos.
Eficiencia en la reforma del sector público. La administración pública de Costa Rica está sumamente fragmentada en una gran cantidad de entidades descentralizadas y empresas públicas, con más de 100 nuevas instituciones públicas creadas desde la década de 1990.
La falaz “larga noche neoliberal” no hizo más que engordar el Estado y otorgar privilegios sin garantizar servicios públicos eficientes. Esta alta fragmentación se combina con una coordinación, dirección y responsabilidad limitadas, lo que resulta en duplicaciones, asignación de responsabilidades poco clara y falta de liderazgo en algunas áreas de política.
Urge realizar una reforma al sector público de la mano del artículo 192 de nuestra Constitución Política.
Generación de empleo. A la luz de la situación fiscal, para que el crecimiento sea más inclusivo es fundamental que el gasto social conduzca a mejoras tangibles y soluciones de las ineficiencias existentes. Lograr que el crecimiento sea más inclusivo dependerá de mejorar las oportunidades para todos los costarricenses en educación y trabajo, mejorando sus posibilidades de encontrar oportunidades de generación de ingresos sostenibles.
No todos nuestros ciudadanos tienen preparación académica universitaria, por lo que no debemos olvidar generar oportunidades de empleo para estas personas, lo cual queda muy evidenciado en el descontento de nuestras zonas costeras.
El sesgo intelectual ha criminalizado la creación de empleos más sencillos, como maquilas, dejando sin posibilidad de trabajo para miles de costarricenses que tienen derecho al trabajo.
Universidades públicas. Dice la OCDE que los aumentos recientes en el presupuesto de las universidades se han canalizado principalmente para aumentar los salarios del personal administrativo, por lo que recomiendan vincular parte del financiamiento de las universidades de modo que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.
Evasión fiscal. Si bien desde el gobierno de doña Laura Chinchilla se han promulgado muchas reformas legales que le han dado herramientas muy fuertes a la Administración Tributaria, incluido un registro de accionistas, la poca organización y planificación interna, así como la ausencia de herramientas tecnológicas han desnudado el origen de las dificultades para atacar la alta evasión. Ello sumado a la necesidad de dotar de más personal y mejor capacitado, así como idóneo dentro de la Dirección General de Tributación.
La reforma del Estado pasa por entender que el Estado no es un fin en sí mismo, debe estar orientando en función de los ciudadanos, de servir al pueblo y no servirse de este. La moral fiscal de un pueblo pasa lógicamente por la calidad de servicios que recibe a cambio, y en nuestro país lamentablemente recibimos servicios públicos ineficientes y mediocres, por lo cual una reforma en su desempeño es la mejor campaña educativa tributaria.
No es aceptable pretender primero imponer más impuestos y dejar para después las urgentes reformas del gasto. Esa historia es ya harta conocida y funciona como incentivo perverso para que el gobierno actual pueda llegar nadando al 8 de mayo de 2022 y luego heredar el verdadero problema al gobierno siguiente. Incentivo no solo perverso, también irresponsable.
Hay mucho por hacer, pero se necesita el compromiso y valentía de nuestros gobernantes, desde el Poder Ejecutivo y fundamentalmente en el primer poder de la República: La Asamblea Legislativa.
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