Once diputados de la Asamblea Legislativa presentaron ante la Sala Constitucional una consulta que frenó el segundo debate del proyecto de ley que pretende dar beneficios a los mineros de Abangares, quienes meses atrás realizaron jornadas de protesta exigiendo —entre otras cosas— la aprobación del expediente 21.229.
Se trata de una iniciativa de la diputada liberacionista Aida María Montiel denominado "Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares", el cual fue aprobado en primer debate el martes anterior.
El proyecto establece que los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la minería de pequeña escala, artesanal y coligallero, no estarán sujetos a la prohibición de usar las técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio.
Dicho permiso estará vigente hasta tanto el Estado no cumpla con su obligación de formalizar las concesiones exclusivamente a cooperativas y con el otorgamiento de asistencia e incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias y de alternativas productivas sustentables que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero.
Para ello se estableció un plazo de dos meses al Minae para realizar un estudio sobre el estado de todas las solicitudes pendientes de resolución y de los permisos y las concesiones otorgadas en el área de reserva minera para proceder inmediatamente a cancelar las concesiones que no cumplan con el artículo 8 del Código de Minería; además de archivar sin más trámite todas las solicitudes que se encuentren en esa misma situación de incumplimiento.
El funcionario público que incumpliese su anterior obligación en dicho plazo, será sujeto de un proceso penal por incumplimiento de deberes (art. 339 del Código Penal).
Finalmente, el proyecto indica que una vez entre en vigencia la ley y por 18 meses, las cooperativas de vecinos de Abangares que tengan presentadas solicitudes de concesión en ese cantón podrán explotar y procesar el oro; al tiempo que podrán comercializarlo con personas físicas o jurídicas.
Los argumentos de inconstitucionalidad
Los diputados que enviaron el proyecto a la Sala Constitucional alegan vicios tanto de fondo como de procedimiento.
Uno de los argumentos de procedimiento es la inconexidad del proyecto de ley. Cuando la diputada Aida María Montiel lo presentó, su intención era "fortalecer y mejorar ambientalmente
la minería artesanal que se lleva a cabo en el cantón de Abangares", sin embargo, según esos 11 diputados el proyecto terminó siendo una licencia para una explotación sin mayores controles, que sustituye los deberes del Estado por una declaración jurada de los propios interesados.
"La modificación más grosera —aunque no la única— que sufre la iniciativa se da en el último día de mociones vía artículo 137, siendo que el nuevo texto no fue publicado, ni consultado a una serie de instituciones que pueden verse afectadas", afirmaron.
Los diputados afirman que los objetivos originales del proyecto eran:
- Autorizar a ciertas instituciones estatales a coadyuvar dentro del ámbito de su competencia para "promover la reconversión de los métodos de extracción de la actividad minera en pequeña escala con el fin de que oreros artesanales organizados en forma personal o a través de una figura jurídica, migren hacia tecnologías alternativas más amigables con el ambiente.':
- Definir los conceptos como la minería metálica a pequeña escala
- La utilización de las mejores técnicas disponibles para la extracción de oro artesanal de acuerdo con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (Ley 9391) y las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud en el uso de técnicas con base en cianuro sin contenido para la extracción de oro.
- Una ampliación del transitorio I de la Ley 8904, hasta el 10 de febrero de 2025 "con el fin de dar disposiciones a la alternativa migratoria de nuevas técnicas más eficaces para brindar protección al medio ambiente y al ser humano".
Para sostener que la idea inicial del proyecto se desvirtuó, los diputados consultantes sostienen que ahora el texto aprobado está autorizando por 18 meses la explotación y procesamiento del oro a cooperativas de vecinos, cuando la versión original indicaba "trabajadores organizados en cooperativas mineras".
Asimismo, afirman que mientras el texto original buscaba dar certeza jurídica a las cooperativas mineras, propiciando que el Estado acatara los mandatos establecidos en Ley 8904; el transitorio X que se incorporó en el segundo día de mociones 137 trasformó esa intención en su "antítesis", al habilitar la explotación y procesamiento de oro contrario a los preceptos legales establecidos en el Código Minero y la legislación ambiental, sin antes haber cumplido con mandatos jurídicos y por ende constitucionales.
"Dejar a la libre la explotación e industrialización minera; violentando el Código Minero, la Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad y la Constitución Política (art.21 y 50), propicia aceleradamente la regresión ambiental. Todo ello revierte en inconexo el texto del proyecto de ley con la moción 137 presentada y aprobada en la Comisión, la cual no guarda conexión alguna con el texto original ni con el principio de legalidad", agrega la consulta.
Finalmente, señalan que mientras el texto original resguardaba las competencias administrativas y técnicas de la Dirección de Geología y Minas, el Registro Minero, Setena y Tribunal Ambiental, el texto aprobado eliminó esas potestades, permitiendo se lleve a cabo la explotación e industrialización minera por 18 meses sin control alguno por parte del órgano encargado, lo cual no solamente resulta sumamente peligroso desde el punto de vista social, ambiental y económico, sino que es abiertamente contradictorio con el espíritu inicial de la propuesta.
Como otro vicio de procedimiento los 11 diputados señalan la ausencia de consulta previa a las municipalidades que explotan oro: Osa, Abangares y Golfito. Según ellos, la consulta era obligatoria debido al transitorio que habilita la explotación por 18 meses, evadiendo o al menos no reportando las cantidades exactas que se extraen del material y por lo tanto, causando una caída en los cánones respectivos e impuestos municipales.
Dato D+: Las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la concesión de explotación cobran un impuesto del dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas. Este impuesto se divide el 50% entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades del cantón o los cantones donde se ubique el área de explotación y el restante 50% se lo deja la municipalidad.
Como vicio de fondo se señala, precisamente, ese permiso de explotación por 18 meses sin contar licencia, apartándose de los requerimientos jurídicos y por ende una violación al principio de no regresión ambiental. Asimismo, se acusa violación al principio de inderogabilidad singular de la norma, pues desaplica temporalmente los controles estatales establecidos en el artículo 96 del Reglamento del Código de Minería y les sustituye por una declaración jurada de los interesados, lo cual los pone en un conflicto de interés.
El otro vicio de fondo alegado es la violación al Convenio de Minamata sobre Mercurio, el cual prohíbe el uso de ese elemento en la minería. Sin embargo, el proyecto lo permite por un plazo incierto, en lugar de los ocho años actualmente estipulados.
La consulta la firmaron los diputados Jorge Luis Fonseca, Luis Fernando Chacón, Paola Valladares y Daniel Ulate del PLN; Patricia Villegas del PIN, María Vita Monge, Pedro Muñoz y Oscar Cascante del PUSC, la independiente Marulin Azofeifa, y Mélvin Nuñez del PRN. Una onceava firma es imposible de reconocer, pues el diputado en el campo "nombre" colocó su firma, la cual es ilegible.
Por su parte, el Gobierno lamentó la presentación de la consulta al afirmar que con ello se impediría que este jueves se pudiera votar en segundo debate y se atrasará su votación hasta un mes.
La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, manifestó que “lamentamos mucho el retraso que se está dando a este proyecto, en este momento los coligalleros y el pueblo de Abangares necesitan soluciones. Este proyecto lo construimos con ellos para apoyarlos en el proceso de formalización y en la salida de uso productos químicos tóxicos, pero necesitamos dar señales claras y en este momento es un retraso importante hacer esa consulta”.
Respetamos los criterios, pero volvemos a hacer el llamado importante de avanzar en soluciones claras, especialmente para el pueblo Abangares y para los coligalleros.
El proyecto de ley forma parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con los oreros de la zona, para el levantamiento de los bloqueos realizados en el mes de setiembre, en la Interamericana Norte.
Aprobado en segundo debate: rebaja al impuesto a la propiedad de vehículos
Aunque el Plenario tenía para este jueves una extensa agenda de proyectos por votar, los diputados se enfrascaron en una muy lamentable discusión en segundo debate del proyecto para regalar varios millones de colones a la Asociación Obras del Espíritu Santo.
Ante ello, y acercándose la hora para terminar la sesión, el Plenario aprobó una moción para saltarse toda la agenda y pasar a darle segundo debate al proyecto que rebaja el monto del impuesto a la propiedad de vehículos que se cobrará en el marchamo 2021.
Acá debemos enfatizar que es una reducción a dicho impuesto y no a todo el marchamo. El tributo es solo uno de los componentes del marchamo, así que no espere grandes rebajos en el monto a pagar a partir del 1 de noviembre.
La iniciativa fue aprobada con 43 votos a favor, y ninguno en contra.

La redacción aprobada dispone un descuento del 50% sobre el impuesto para vehículos particulares de hasta 7 millones de colones y para vehículos de carga liviana de hasta 15 millones de colones. Mismo descuento tendrán vehículos de carga pesada, busetas, autobuses, turismo, maquinaria agrícola, y otros.
Los vehículos particulares con un valor fiscal de entre 7 a 10 millones de colones tendrán un descuento del 25% en el impuesto a pagar; mientras que los vehículos con valor fiscal de entre 10 a 15 millones de colones pagarán 15% menos.
El texto también incluye una exoneración total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) para las motocicletas cuyo valor fiscal sea de 1 millón de colones o menos.
Todas las exoneraciones aprobadas no aplicarán a ningún vehículo de cualquier tipo, o motocicleta, propiedad personal o de los cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, Presidente de la República y vicepresidentes, ministros y viceministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones; contralor y subcontralor de la República, Procurador y subprocurador general de la República, Defensora y Defensora Adjunta de los Habitantes, Superintendentes de SUGEVAL, SUGESE, SUPEN, SUGEF; jerarcas y miembros de juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas.
La Asamblea también aprobó un transitorio para que las tarifas del canon regulatorio que cobrará el Consejo de Transporte Público (CTP) para el 2021 tengan un descuento de 16.79% para operadores (concesionarios o permisionarios), de 16.63% para operadores permisionarios de servicios especiales en sus distintas modalidades y de 21.59% para operadores (concesionarios o permisionarios) de taxi y SEETAXI.
Esas rebajas se sumarán a las reducciones que previamente fueron aprobadas previamente por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el año 2021. En el caso del canon de Aresep, la rebaja para todos los operadores de transporte público será del 50%.
En Hacendarios, presupuesto
Esta vez sí hubo quorum en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Allí se dictaminó afirmativamente el cuarto presupuesto extraordinario tramitado en el expediente 22.250, con el se eliminan 1968 plazas vacantes de diferentes instituciones para liberar 4 mil millones de colones y destinarlos a la amortización de la deuda pública. Otras 608 plazas restantes serán eliminadas vía moción en el presupuesto nacional 2021.
También en dicha comisión se ratificó la decisión política de no permitir que el tercer presupuesto extraordinario, que incorpora los ahorros por haber pagado deuda cara por deuda barata, sean usados para financiar nuevos gastos corrientes.
Finalmente, al parecer ya hay luz sobre lo que pasará con el trámite del presupuesto 2021: la oposición aprobará su dictamen negativo de mayoría y exigirá entonces que se conozca en Plenario el presupuesto tal y como lo presentó el Ejecutivo para enmendarlo allí. Desde ya se auguran largas sesiones y votaciones, pues algunos diputados afirmaron que no están dispuestos a aceptar los ahorros propuestos del Gobierno con recortes al gasto de capital y la cancelación de los Juegos Deportivos Nacionales...









