Este artículo inició como un borrador de recurso de amparo. Sin embargo, en este momento particular, concluí que sería lanzar gasolina a un fuego que excede la capacidad de respuesta de las autoridades. Y por ello, el recurso debe esperar.

Las cuarterías están en una situación atroz. La COVID-19 vino a acentuar aún más un problema de décadas en el país. Espacios reducidos, en malas condiciones, sin permisos municipales, sin contribuciones al fisco, en donde residen múltiples familias que cubren una renta mediante pagos informales.

Una persona con COVID y se clausura la cuartería. Pero a diferencia de las casas particulares, en donde cualquiera puede caminar por la acera y ni siquiera saber que esa casa está con orden sanitaria, las cuarterías tienen una reja para impedir la salida de las personas. Sí, una reja, como una cárcel domiciliaria, por el simple “delito” de no tener medios económicos. Esto genera toda una serie de problemas, empezando por cuestionarse:

  • ¿Tienen comida para subsistir y bienes para cubrir necesidades básicas?
  • Si en un espacio reducido y a veces con un único baño para las 80 personas que ahora no pueden salir, ¿estamos condenándolos a infectarse todos de COVID-19?
  • Si la cadena de contagios es progresiva, ¿la orden sanitaria de 15 días se puede convertir en 3 meses en que los niños y adultos no pueden siquiera salir al sol?
  • ¿Han recibido copia de la orden sanitaria para poder justificar sus ausencias a trabajos, o será que el patrono los despide por ausencia no justificada al no presentar prueba idónea de la orden?

La reja de la cuartería crea un estigma, una condición de desigualdad, un sello COVID con tinta roja en la frente que marginaliza aún más a esta población. Conozco de primera fuente que pulperías y comercios se ha rehusado a venderles bienes por servicio “express”, incluso que policías se han negado a hacerles el favor de recibirles dinero para comprar un pan en momentos de hambre. Y debemos ser enfáticos, no podemos dejar que la COVID-19 se convierta en la lepra del siglo XXI. Somos mejores que esto, somos humanos y compasivos por naturaleza. Que no nos gane la indiferencia, que no nos gane la falta de empatía.

Empecemos por derribar mitos

Primero, la cuartería no es un centro de nicaragüenses indocumentados. Allí viven tanto costarricenses como nicaragüenses cuyo único pecado es no tener poder adquisitivo. Segundo, aunque vivieran sólo nicaragüenses, es hora de que todo el país reconozca que ellos son parte esencial e indispensable de nuestra economía y sociedad. Tercero, existen numerosas iniciativas a nivel gubernamental, municipal y de índole privado (ONGs) que están buscando la mejor forma de llevar apoyo a esta población vulnerable. Simplemente no dan abasto, es un fuego complicado de apagar, y allí es donde entra el llamado a ser solidarios.

¿Qué podemos hacer? Un buen amigo me dijo: “Esteban, hay que cambiar la forma en que ven la reja quienes están afuera”. Así, en lugar de ver la reja como señal de enfermedad o de que “no hicieron caso”, debemos ver un grito de ayuda, una alerta de necesidades básicas que nos llama a contribuir. ONGs como Fundación Lloverá, Chepe se Baña, o Asociación Obras de Espíritu Santo, entre otras, están continuamente ayudando a esta población, y estoy seguro de que existen muchas más en zonas fuera de San José. No sólo dinero, se pueden donar víveres, ropa usada, o incluso tiempo de voluntariado o apoyo en nuestras capacidades profesionales.

Vivimos en una crisis que apenas está iniciando y muchos sectores claman ayuda. Una donación a una ONG, un diario para una familia, una orden de restaurante para un comercio, una comida casera para un conocido o desconocido, una llamada de apoyo a quien la esté pasando mal; hay muchas formas económicas y no económicas de ayudar en estos momentos. El país nos necesita más que nunca.

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