El viejo refrán tiene razón otra vez.
En el último podcast de Curul en Llamas elogiamos como la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional (PLN) había logrado, a través de un interrogatorio, develar presuntas acciones ilegales por parte del director del Sinirube, Erickson Álvarez Calogne; quien supuestamente trasladó información sensible de los habitantes al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares, sin que este tuviera un contrato de confidencialidad o se hubiese firmado un convenio para el traspaso de la información entre Sinirube y Casa Presidencial.
Hernández, presidenta de la Comisión Especial Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), presentó una denuncia sobre estos hechos el 10 de agosto, dos días antes de que la comisión recibiera en audiencia a Santiago Álvarez Ovares.
Naturalmente, el haber judicializado el tema sin haber escuchado a la contraparte resultó en un error, pues este miércoles Álvarez Ovares se abstuvo de responder las preguntas que le fueron formuladas por recomendación de su abogada, debido a la denuncia penal que le plantearon los diputados.
El asesor presidencial sí leyó al inicio una declaración en la que afirmó que él nunca solicitó datos sensibles de los habitantes al director ejecutivo del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
La información solicitada en el marco de mis labores responde exclusivamente a objetivos de interés público y en ningún caso se trata de información sensible, sino de información pública o despersonalizada.
El asesor afirmó que en uno de los casos el objetivo era generar estrategias de empleabilidad para beneficiar a poblaciones vulnerables con apoyos en capacitación y educación que reduzcan la pobreza.
Ese era el objetivo público y así se consignó: “Los datos solicitados se requieren despersonalizados, es decir, no se requiere conocer el nombre, cédula, dirección, correo electrónico ni teléfonos de las personas”.
También dijo que en el otro oficio el objetivo era impulsar el proceso de la bancarización de la población amparada a los programas sociales del Estado, y la información solicitada era de carácter público: "Así que quiero dejar muy claro que en ningún momento se solicitó información sensible y que el objetivo de interés público estaba bien definido".
El caso fue llevado a instancias judiciales, sin tener la oportunidad de que ustedes escucharan con antelación mi versión de los hechos. Es por esta razón que me acogeré a mi derecho consagrado en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 36 de la Constitución Política, 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 86, 92 y 295 del Código Procesal Penal, de abstenerme de responder cualquier tipo de pregunta que se realice en este espacio.
Los diputados le recriminaron en varias ocasiones a Álvarez Ovares el no responder las preguntas formuladas, especialmente tratándose de un funcionario público y asesor del Presidente; por lo que le pedían que renunciara a ese cargo. Inclusive, sobre esas solicitudes, el asesor se abstuvo de pronunciarse al respecto.
Aunque el malestar de los diputados pueda ser entendible, lo cierto del caso es que ellos se colocaron (y colocaron al funcionario) en esa posición. ¿Lección aprendida?
Minutos antes de esta audiencia compareció también el ministro de Seguridad, Michael Soto. Su participación se caracterizó por no tolerar los señalamientos o acusaciones infundadas hechas por el diputado Jonathan Prendas (secretario de la Comisión), quien consideró prudente traer a colación los recientes hechos de supuesto abuso policial cometidos en el marco de la emergencia sanitaria, a una audiencia donde el fin era esclarecer qué tipo de información le había sido requerida al Ministerio de Seguridad Pública desde la UPAD.
Sobre este extremo, Soto afirmó que él nunca supo que era la UPAD, sino hasta que el escándalo estalló en prensa; y que cuando Santiago Álvarez le requirió información, el Ministerio la entregó porque él había sido designado por el Presidente de la República como su enlace con esa institución.
Ante ello, los diputados preguntaron insistentemente la base legal para el traslado de información sin convenio previo, a lo que Soto dijo que la Ley de Protección de Datos de los Habitantes tiene excepciones y recordó, además, que el Presidente ostenta el cargo de mando supremo de la Fuerza Pública.
Dado que el asesor le hizo requerimiento de la información de forma verbal inicialmente, los diputados también cuestionaron que se accediera siendo una solicitud de ese tipo, a lo que Soto les recordó (citando que es profesional en Derecho desde los años 90) que los actos verbales también son considerados por la jurisprudencia como actos administrativos.
En resumen... no fue un buen día para las pesquisas del caso UPAD.
Breves
— La ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro y el de Seguridad Pública, Michael Soto afirmaron estar a favor del expediente 21.336 Ley Marco de Empleo Público que estudia la Comisión de Gobierno y Administración. Cruz afirmó que el proyecto agiliza la contratación del personal docente y establece la jornada laboral diferenciada; mientras que Soto solicitó respetar el régimen especial que cobija la labor policial y por ende que se mantenga la familia de policías como lo propone el proyecto del EJecutivo.
— La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, señaló a la Comisión Especial de Reforma del Estado la necesidad de que el Estado costarricense sea más integrado, favorezca la eficiencia, la continuidad y transparencia en la prestación de los servicios; así como de los criterios que se deberían seguir para crear, fusionar o cerrar instituciones; y los problemas estructurales que arrastra el país. (Click aquí para ver la presentación completa)










