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El artículo precedente a este muestra los resultados de un estudio de simulación elaborado en conjunto entre el Banco Mundial y el MEP, sobre los efectos que el cierre de escuelas y la estrategia de educación a distancia podría tener sobre los aprendizajes de los estudiantes.

Los resultados muestran que la generación escolar actual podría “dejar de aprender” un 34% de lo que debió haber aprendido, si las clases regresaran en setiembre, y más de un 60% si las clases presenciales se descartan por el resto del año. Además, las brechas crecerían: los estudiantes más pobres no lograrían aprender el 82% de lo que pudieron haber recibido este año, mientras que para los estudiantes con mayor estatus socio económico la pérdida sería de un 25% de los aprendizajes esperados. Pero el impacto de la reducción en el capital humano del grupo de niños y jóvenes que se están viendo afectados por los cierres escolares será mayor en el mediano y largo plazo.

Efectos de mediano y largo plazo

Hanushek y Woessman —dos economistas que han dedicado la mayor parte de su carrera académica al estudio del capital humano y sus efectos sobre las economías— mencionan que: “Cuando se realizan comparaciones internacionales o al evaluar el progreso de un país, se ha puesto muy poca atención a un elemento central: la cantidad de aprendizaje por cada año de escolaridad varía dramáticamente entre países. Si se preguntara directamente, nadie dudaría de que lo que se aprende en un año típico en Japón es distinto de los que se aprende en un año en Perú. Pero es precisamente eso lo que se ha asumido cuando los organismos internacionales evalúan el progreso simplemente contabilizando el número de estudiantes que completan la educación secundaria baja, o cuando los economistas estiman un impacto común de la asistencia escolar en resultados económicos entre países”.

Considerando lo anterior, el Proyecto de “Capital Humano” del Banco Mundial busca realizar mediciones comparables del capital humano de los distintos países que sean comparables entre sí, cuya definición no solo incorpora la educación sino también salud y mortalidad infantil.

En cuanto a la medición para educación, utilizan el indicador de “años de escolaridad esperados ajustados por aprendizaje”, que combina la medición tradicional de años promedio de escolaridad (cantidad) con las recientes mediciones de aprendizajes obtenidos (calidad). Por ejemplo, en el caso de caso de Costa Rica, el Banco Mundial estima que de los 14 años de escolaridad a los que en promedio un individuo puede esperar recibir en los ciclos de escolaridad obligatorios, un niño nacido hoy tiene una esperanza de culminar 12,5 años. Pero al ajustar dicho dato de acuerdo con los aprendizajes que se espera que un estudiante costarricense obtenga en comparación con otros países, el indicador de Años de escolaridad esperados ajustados por aprendizaje disminuye a 8,6 años, muy por debajo de los 12 años esperados en Finlandia o 13 años esperados en Singapur, e incluso por debajo de los 9,6 años de Chile y 8,9 años de Argentina y Ecuador.

Partiendo de ese indicador, las simulaciones muestran que en el mediano plazo, la generación de estudiantes actual podría disminuir sus Años de escolaridad esperados ajustados por aprendizaje de 8,6 años a 8,1 años, en caso de que las clases presenciales puedan ser retomadas en setiembre, o una disminución de hasta 7,7 años si la re-apertura se pospone hasta el 2021. Lo anterior implica una disminución del 10% en su capital educativo, con consecuencias posteriormente al momento de ingresar al  mercado laboral.

El efecto directo de un nivel de habilidades y competencias inferiores es que el mercado laboral ofrecería una menor retribución salarial a los estudiantes que finalicen su ciclo educativo. El ingreso medio esperado podría decrecer en 4% si las clases presenciales se retomaran en setiembre y en 7% si la educación a distancia tuviera que mantenerse para todos los estudiantes por lo que resta del año 2020.

En el largo plazo, esta menor expectativa salarial implicaría una reducción en el valor actual de los ingresos futuros esperados de todos los estudiantes. Además, conforme pase el tiempo y cada uno de los estudiantes de esta generación vaya ingresando al mercado laboral, se produciría una reducción en la senda de crecimiento del Producto Interno Bruto potencial, de al menos un 1% luego de 10 años y de cerca del 6% luego de 20 años transcurridos. Por supuesto, todo esto asumiendo que los estudiantes no recibirán algún tipo de compensación en sus aprendizajes durante ese periodo de tiempo que pudiera elevar su nivel de habilidades y conocimiento.

Esta situación pone en riesgo la estabilidad de miles de costarricenses que en el futuro tendrían mayores probabilidades de encontrarse en situación de pobreza, similar a lo ocurrido con la llamada “generación perdida” de la década de los 80’s, un grupo de personas que hoy presentan mayor probabilidad de encontrarse en situación de desempleo, empleo informal y con incumplimiento de sus derechos laborales, entre otras carencias, dada la afectación al proceso educativo que sufrieron producto de la crisis de esos años, que en lo relativo a educación propició una reducción de 7,1 puntos porcentuales en la inversión educativa en preescolar, primaria y secundaria.

Comentarios finales

Las interrupciones en el tiempo de instrucción en el aula pueden tener un impacto severo en la capacidad de aprendizaje en la niñez, tal y como ha sido demostrado con los resultados de estas simulaciones, pero existen otras áreas del desarrollo integral de niños, niñas y personas jóvenes que pueden verse afectadas. Cuanto más tiempo estén marginados fuera de la escuela, menos probable es que regresen: “Los niños de los hogares más pobres ya tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los de los más ricos. El hecho de no asistir a la escuela también aumenta el riesgo de embarazo adolescente, explotación sexual, matrimonio infantil, violencia y otras amenazas. Además, los cierres prolongados perturban los servicios esenciales de las escuelas, como la inmunización, la alimentación escolar y el apoyo psicosocial y de salud mental, y pueden causar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas”.

El informe de Estudios Económicos sobre Costa Rica preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentado recientemente indica que en el corto plazo el país debe atender los efectos adversos de la pandemia, sacrificando recursos económicos para incrementar el gasto en salud, los subsidios temporales a los hogares (Bono Proteger) y a las empresas, para mitigar el impacto a largo plazo.

El sector educación no escapa a esa realidad. Si bien desde el año 2018 el presupuesto destinado a educación (MEP y universidades) como porcentaje del PIB ya mostraba disminuciones significativas, y el año 2020 inició con una asignación presupuestaria equivalente al 6,7% del PIB, el recorte de ₡164 mil millones en el presupuesto del MEP equivale a una reducción del 6,2% con respecto al presupuesto inicialmente asignado, y ubicando el presupuesto para el sector educativo en el 6,3% del PIB, en niveles similares a los del año 2010[i].

Pero al mismo tiempo, la OCDE indica que el gasto público debe ser más eficiente para que se pueda redistribuir de una forma más equitativa el crecimiento económico, principalmente en políticas claves como educación. Es en esa línea que los proyectos de transformación digital impulsados desde el MEP e incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo vendrían a solventar deficiencias que por décadas se han observado, como la ausencia de sistemas de gestión e integración para hacer más eficientes la mayor parte de procedimientos de gestión educativa y administrativa que hoy demandan un alto costo en recurso humano y que pueden ser automatizados (Plataforma Ministerial SABER), la mejora en la calidad del servicio de internet en centros educativos y el establecimiento de una red interconectada que permita monitorear el aprovechamiento del mismo (Red Educativa Bicentenario) y las estrategias de aprovechamiento de recursos digitales en las aulas (Programa Nacional de Tecnologías Móviles –PNTM- y Programa Nacional de Informática Educativa -PRONIE-MEP-FOD-).

Ciertamente el presupuesto asignado al MEP y a las universidades públicas tiene un gran peso dentro del presupuesto público total, y en lo inmediato debe ser reducido para atender la emergencia y disminuir las presiones de déficit, pero esta no debiera ser la norma para los siguientes ejercicios presupuestarios, ya que como lo demuestran los resultados de las simulaciones presentadas, el costo de largo plazo podría ser mayor.

[i] Incluye el rebajo presupuestario por más de ₡36 mil millones al presupuesto del MEP, tramitado mediante la Primera Modificación Legislativa (Decreto Legislativo N°9841) y publicado en el Alcance N°98 a la Gaceta N°91 del 25 de abril de 2019, así como el rebajo presupuestario por ₡127 mil millones propuesto por el Gobierno a la Asamblea Legislativa el 13 de julio de 2020 y tramitado bajo el expediente 22.080.