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Hace dos meses, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas hizo públicos los resultados del estudio titulado “Estimación de los efectos de COVID-19 sobre la economía costarricense”. Los resultados del estudio de simulación estiman una reducción de entre el 4 % y el 5,8 % del Producto Interno Bruto (un rango que incluye el -4,9% estimado por la OECD para Costa Rica, el -5,5% estimado por la CEPAL), así como un incremento de casi 9 puntos porcentuales en los niveles de pobreza del país, llegando hasta el 30% de hogares pobres[i].

Los efectos microeconómicos de las medidas de cierre y restricciones de movimiento establecidas por el Gobierno son notorios. El Banco Central de Costa Rica indicó que para el mes de mayo se registró una caída de la actividad económica del 7,5%, en comparación con el año anterior[ii]. En general, 13 de las 15 actividades económicas principales registraron reducciones en su nivel de producción, especialmente los sectores de turismo y transporte. El desempleo experimenta un crecimiento mayor a la tendencia observada antes de la pandemia, alcanzando un 20% en el trimestre comprendido entre marzo y mayo (medición oficial del INEC)[iii][iv].

En el corto plazo, las medidas adoptadas para intentar disminuir la tasa de contagio de COVID-19 generan una reducción del nivel de bienestar general de la población, empeorando la situación para quienes ya se encontraban en situaciones desaventajadas, lo cual debe ser atendido con urgencia, de ahí la necesidad de aprobación del presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa para atender las necesidades inmediatas de recursos por parte del sector de la población más afectado[v].

Sin embargo, los efectos de corto plazo sobre la actividad económica son sólo el comienzo de un largo camino de consecuencias a las que deberá enfrentarse el país, ya que los impactos de mediano y largo plazo deben ser también comprendidos y evaluados para las próximas propuestas de reformas estructurales que requerirá el país. Por lo anterior, en este y otro artículo me centraré en los impactos del COVID-19 sobre la educación costarricense.

Educación a distancia

A mediados del mes de marzo, el Ministerio de Educación Pública toma la decisión de posponer el proceso educativo en modalidad presencial[vi], y comienza la estrategia para la mediación pedagógica denominada Aprendo en casa. A comienzos del mes de abril las autoridades educativas emiten el documento de “Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia”, dando relevancia y pertinencia al uso de recursos tecnológicos, así como a la generación de acciones específicas y contextualizadas para el aprendizaje a distancia.

El MEP ha sido enfático en que el aprendizaje a distancia no es sinónimo de educación virtual o clases virtuales, sino que la virtualidad es una más de las herramientas a las que la estrategia de aprendizaje a distancia puede recurrir. De hecho, las orientaciones publicadas en abril establecen escenarios y estrategias para la mediación pedagógica y el aprendizaje a distancia, haciendo distinción entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a dispositivos tecnológicos e internet en sus hogares, definiendo como parte de los apoyos educativos la entrega de material impreso disponible, dirigido a familias, así como la posible entrega de dispositivos tecnológicos que incorporen acceso a internet.

Lo anterior implica que los recursos mediante los cuales los docentes podrían mantener contacto con sus estudiantes son distintos, y la efectividad con la que estos recursos puedan suplir las necesidades de los estudiantes es también disímil, lo que podría estar ampliando brechas preexistentes de acceso y calidad en la educación. Por ejemplo, es valioso rescatar el aporte realizado por el MEP al dotar de cuentas de correo electrónico institucional a los estudiantes del país, y su vinculación con la plataforma de Microsoft Teams, que ha sido accedida por 461 mil estudiantes; sin embargo, estos representan el 43% de la matrícula estudiantil total, aunque el acceso a la plataforma para los estudiantes del nivel secundario es mayor (57% en colegios académicos, 66% en colegios técnicos)[vii]. Esto no significa que el otro 57% de los estudiantes no estén recibiendo apoyos educativos, por el contrario, el uso de otras herramientas como WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos son parte de los materiales establecidos por el MEP en la estrategia Aprendo en casa, pero ciertamente muestran diferencias que deben ser analizadas[viii].

El MEP, en apoyo del Banco Mundial, ha trabajado en la realización de las primeras simulaciones que puedan evidenciar los efectos de mediano y largo plazo de la pandemia sobre el proceso educativo[ix]. Para esto, las simulaciones toman en cuenta parámetros como la diversidad de alternativas ofrecidas en la estrategia de educación a distancia y sus diferencias para los cinco quintiles de ingreso, el acceso a dispositivos e internet parte de los estudiantes en sus hogares (según se observó en la evaluación PISA 2018), y distintos escenarios de la efectividad que esta gama de ofertas de educación a distancia pueda tener sobre los estudiantes, considerando las diferencias por acceso y nivel socio económico. Procedo a comentar los resultados principales:

Efectos de corto plazo

Las simulaciones parten de un supuesto válido: dado que el sistema educativo costarricense no estaba preparado para ofrecer educación a distancia en los hogares de los estudiantes, lo que los estudiantes lograrán aprender durante el año 2020 será menor en comparación con la situación prepandemia (clases presenciales).

Esto significa que, en este año, prácticamente todos los estudiantes del país aprenderán menos de lo que pudieran haber aprendido si no se hubiese presentado la situación del COVID-19. ¿De cuánto podría ser esa reducción en los aprendizajes? Para esto, es necesario primero comprender el indicador utilizado para la simulación.

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, siglas en inglés) es un esfuerzo conjunto entre los países miembros de la OCDE que busca medir la capacidad que tienen los estudiantes en edad de 15 años y que se acercan a concluir el ciclo de escolaridad obligatoria, para afrontar los retos de la sociedad actual. La evaluación tiene una visión a futuro: en lugar de centrarse en evaluar conocimientos específicos de acuerdo con los currículos o planes de estudio de cada centro educativo, se evalúa la capacidad que tienen los estudiantes para utilizar su conocimiento y habilidades para afrontar retos de la vida real. Esta evaluación mide las habilidades y conocimientos en alfabetización lectora, científica y matemática.

La escala de la evaluación puede variar entre 200 y 800 puntos posibles, con un promedio de 500 puntos para países miembros de la OCDE. En alfabetización lectora, Latinoamérica se encuentra muy por debajo de dicho promedio. Los estudiantes costarricenses han obtenido puntuaciones promedio de 430 puntos.

Utilizando dicho indicador, fueron preparados tres escenarios para evaluar el efecto del cierre de escuelas: el primer escenario corresponde al discurso oficial, de reapertura de centros educativos en el mes de setiembre; bajo este escenario, un 49% de los días del calendario escolar serían ofrecidos de forma presencial y un 51% con recursos alternativos bajo la estrategia de Aprendo en Casa (educación a distancia). El segundo escenario considera la posibilidad de no poder abrir centros educativos por lo que queda del año; bajo este escenario, el 13% de los días lectivos (de febrero y marzo) fueron ofrecidos de forma presencial y el 87% mediante educación a distancia. Finalmente, el tercer escenario asume igualmente que las escuelas no serán abiertas, pero presenta el escenario hipotético de que durante todo el periodo de cierre no se hubiera ofrecido la educación a distancia en ninguna de sus modalidades, es decir, el tercer escenario corresponde a que habría sucedido si desde el mes de marzo, ningún estudiante del sector educativo público estuviera recibiendo apoyo.

Como es de esperarse, bajo cualquier escenario el resultado es de una disminución del nivel de habilidades y conocimientos promedio de los estudiantes, disminuyendo en 14 puntos si las clases lograran regresar en el mes de setiembre y retrocediendo 25 puntos si el año escolar finaliza en modalidad a distancia. Para comprender estos valores, debe tenerse presente que un acumulado de 40 puntos en la escala de PISA equivale a aproximadamente un año de aprendizaje escolar, por lo que estos resultados muestran que la generación escolar actual podría “dejar de aprender” un 34% de lo que debió haber aprendido, si las clases regresaran en setiembre, y más de un 60% si las clases presenciales se descartan por el resto del año.

Estos resultados, sin embargo, no deben ser insumos para la toma de decisiones respecto al momento correcto para la reapertura de centros educativos, ya que las recomendaciones de salud debieran tener mayor importancia. No obstante, debieran ser considerados como una línea base para la búsqueda de la mejora de la educación a distancia, ya que todo pareciera indicar que los sistemas educativos deben migrar hacia esta modalidad, en combinación con ofertas presenciales.

Si bien el sistema educativo no estaba preparado para implementar de forma eficiente la educación a distancia, resulta importante destacar que ante la ausencia de estrategias que fomenten esta modalidad educativa, los resultados podrían haber sido incluso peores, de hasta un 87% de pérdidas en los aprendizajes esperados, por lo que ciertamente los esfuerzos realizados por el MEP hasta este momento han tenido un efecto de mitigación valioso, aunque no suficiente para compensar del todo.

Brechas

La situación se torna aún más complicada cuando se analizan las brechas socio económicas. Antes de la pandemia, ya estas brechas existían (que, junto con otras, la pandemia ha hecho aún más evidentes), y en el caso de los resultados de aprendizaje, mostraban que un estudiante del quintil de ingreso más alto obtenía, en promedio, 91 puntos más que un estudiante del quintil de ingresos más bajos (diferencia explicada en gran medida por la condición de origen del estudiante).

Las simulaciones muestran que el cierre de escuelas tendrá efectos negativos en todos los estratos económicos, sin embargo, estos efectos serán más severos para los estudiantes que partían de las situaciones más desaventajadas. El promedio de los aprendizajes de los estudiantes del quintil de ingresos más alto podría reducirse en 10 puntos (2%), mientras que para los estudiantes en el quintil de ingresos más bajo la reducción sería de hasta 33 puntos (9%). Ambos pierden, pero pierden más los que se encontraban en las peores condiciones, lo que incrementaría las brechas de aprendizaje. Esto se traduce en que los estudiantes más pobres no lograrían aprender el 82% de lo que pudieron haber recibido este año, mientras que para los estudiantes con mayor estatus socio económico la pérdida sería de un 25% de los aprendizajes esperados.

Es claro por qué diversos actores de la academia, la política, los grupos privados y la sociedad civil han alzado su voz desde que la pandemia comenzó a afectar a Costa Rica en el mes de marzo, todos buscando aportar propuestas de solución enfocadas en garantizar el acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos a los estudiantes más desaventajados. Los efectos de largo plazo de las disparidades en acceso y calidad pueden ser severos, como lo comentaré en el siguiente artículo.

[i] Estiman además que cerca de un 24% de trabajadores ocupados podrían perder su trabajo durante la pandemia.
[ii] Índice Mensual de Actividad Económica: Mayo 2020. Banco Central de Costa Rica. Publicado el 10 de julio de 2020.
[iii] Encuesta Continua de Empleo (ECE). Trimestre móvil marzo-mayo 2020. INEC.
[iv] Ponderando con un 50% el dato de desempleo del I Trimestre 2020, y aplicando “regla de tres”.
[v] Expediente N° 22.080, ingresado a la Asamblea Legislativa el 13 de julio de 2020 y aprobado el 28 de julio.
[vi] Resolución número MS-DM-2382-2020 / MEP-0537-2020 del 16 de marzo de 2020, que estableció el cierre de todos los centros educativos a nivel nacional, como acción inmediata para disminuir la propagación del COVID-19 en los centros educativos. Asimismo, se dispuso garantizar la continuidad de los servicios de vigilancia y limpieza de dichos lugares, así como del servicio de comedores estudiantiles
[vii] Datos del Despacho de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP con base en los reportes de uso individual de Microsoft Teams.
[viii] Datos del Sistema Información General de Centros Educativos (SIGECE) del MEP.
[ix] Fuente: MEP y Banco Mundial con base en el Country tool for simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes, Version 4.3". World Bank.