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El más reciente mensaje del presidente Carlos Alvarado no ha caído bien. El gobierno mantiene su ambivalencia cuando el país entero está exigiendo soluciones a sus apremiantes problemas materiales, en medio de la angustia que genera la pandemia y el encierro. Por otra parte, el Ejecutivo, parece hacer malabares para lograr el apoyo del Legislativo, que, por su parte, continúa en una agenda pre-pandemia, exigiendo “reactivación” económica en medio de una recesión global sin precedentes.

Es en este contexto es que el Gobierno ha anunciado un nuevo recorte al segundo presupuesto extraordinario. El recorte reduce significativamente los fondos destinados a educación y a vivienda social, dos áreas clave para enfrentar la crisis que genera la actual pandemia (el rezago en educación conlleva efectos a muy largo plazo, mientras que la calidad de vivienda está directamente relacionada con las posibilidades de contagio del virus).
Por otra parte, ambos - el derecho a la educación y el derecho a una vivienda digna - son derechos humanos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), del cual Costa Rica forma parte.
Los partidos opositores en la Asamblea Legislativa, junto con la UCCAEP, insisten en que el recorte presentado no es suficiente. Su batalla es contra el “gigantesco aparato estatal,” a pesar de que el Estado costarricense es menor (en tamaño) al promedio de la OCDE y se ha ido reduciendo en el tiempo, representando alrededor de un 14% de la fuerza laboral del país (el verdadero problema está en su desorden salarial, que no se resuelve fácilmente).

Muchas y muchos costarricenses hacen eco de esta posición. Sienten enojo hacia el partido de gobierno y hacia Alvarado, al percibir que no hay esperanza en el horizonte. Consideran que esa posición encierra las verdaderas causas de todos nuestros problemas, acentuados hoy por la pandemia.

En esas posiciones y preocupaciones que expresa un sector político y las cámaras, no se hace mención del resguardo por los derechos humanos o de las necesidades básicas de las personas más pobres de este país, aquellas que – en estos momentos – están cargando sobre sus hombros el peso de la crisis.

No, no están cargando con una reducción en sus márgenes de ganancia o el valor nominal de sus acciones. Están cargando con la incertidumbre de saber si tendrán qué comer mañana o el resto de la semana.

Al inicio de la crisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/20, con claras recomendaciones para manejar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. En ella, la CIDH recuerda a los países que la política fiscal es un tema de derechos humanos (párr. 13) y que los derechos humanos deben ser prioridad, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (párr. 18).

En ninguna de las intervenciones de los diputados y diputadas que se opusieron al presupuesto extraordinario del Poder Ejecutivo se argumentó alguna consideración por los derechos humanos o por las condiciones socioeconómicas de las personas más golpeadas por la pandemia.

En su lugar, se alegó que se requieren más recortes, que urge pagar la deuda, que se debe reducir el déficit fiscal, sin justificar porqué esto tendría sentido en un momento donde los países alrededor del mundo han recurrido a aumentar la deuda y el gasto público. Y no, no es un tema ideológico. Desde Trump hasta Lukashenko, los gobernantes del mundo han optado por adquirir más deuda e implementar programas de apoyo a las empresas y personas más golpeadas por la crisis.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han llamado a acreedores bilaterales a congelar el pago de la deuda para priorizar la atención de la crisis, y el FMI inclusive condonó por seis meses el pago de la deuda a 25 países. El fondo también ha advertido que contraer el gasto público puede tener un efecto contraproducente a la recuperación económica.

Esta preocupación parece ser una lección aprendida durante la crisis económica del 2008-2009: como argumenta el premio Nobel de economía Paul Krugman, los países europeos respondieron con medidas de austeridad, mientras que la administración Obama implementó una agenda de salvataje con fondos públicos, lo cual llevó a que EEUU lograra una recuperación más pronta que la europea.

En lugar de la austeridad, los expertos del FMI recomiendan implementar esquemas fiscales progresivos, es decir, cobrar más impuestos a quienes más tienen.

Las Naciones Unidas ha advertido que en América Latina la crisis podría dejar 45 millones más de pobres. Recientemente, un reportaje del New York Times advertía que la pandemia dejaría aún más desigualdad, reconociendo que seguimos siendo la región más desigual del planeta y que el Coronavirus podría empeorar la brecha entre ricos y pobres, algo que parece incomodar poco a nuestra clase política.

Además, Oxfam ha advertido que la pandemia generará más muertes por hambre que por el mismo Coronavirus, a pesar de que las corporaciones más grandes del mundo en los sectores de comida y bebidas continúan pagando miles de millones en dividendos a sus accionistas.

Todas estas advertencias, preocupaciones y recomendaciones han sido desestimadas por una gran parte del establishment político de nuestro país y por la élite empresarial.

En lugar de fortalecer la atención a las necesidades de las personas más vulnerables del país, estos actores se han volcado a cuestionar las medidas sanitarias y a exigir – de manera permanente – recortes al gasto público y “reactivación económica,” dos puntos que antes del Covid-19 ya eran sus demandas principales.

Si bien es cierto que faltan medidas muchísimo más agresivas para apoyar a Pymes y Mipymes (que componen más del 80% del sector privado), es imposible implementar un plan de apoyo económico sin los recursos que – en nombre de la “reactivación económica,” vaya ironía – están bloqueando las y los diputados.

En momentos en que peligra el único programa de asistencia social especial del gobierno – el bono Proteger, que, además, ha resultado insuficiente – es imposible romper este impasse sin rechazar la narrativa de la austeridad como fin en sí misma, cosa que el gobierno no ha hecho de forma decisiva.

Contra la opinión de economistas internacionales, contra la opinión de expertos en política social, contra la recomendación de organismos internacionales, contra la práctica generalizada de los demás países y contra una valoración técnica que priorice la protección de los derechos humanos más elementales de las personas más vulnerables, el país transita un rumbo muy peligroso: el de nadar contra corriente en medio de una pandemia global sin precedentes.