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Las cuarterías no son espacios para vivir, son para sobrevivir. Se alquila una colchoneta en mil colones para caer unas horas, bañarse, y seguir. Nadie quiere estar en ese lugar, pero por la razón que sea, no les queda de otra.

Ahora imagínense lo que es encerrar 50 personas en ese salón donde las colchonetas van una a la par de la otra, sin luz, ni aire ni condiciones sanitarias para cumplir, precisamente, una orden sanitaria. Con vallas metálicas en la entrada, arriesgando una tragedia en caso de incendio o terremoto, y que la policía hasta impida que les vayan a dejar comida a los habitantes.

Es inhumano y contradictorio que las autoridades tengan cercadas de esta forma seis cuarterías en el centro de San José, en vez de haber trasladado desde el primer momento a sus habitantes a algún albergue, en el que puedan cumplir su aislamiento de forma segura, como sí se hizo de forma exitosa en otras partes del país.

Mantener a tantas personas hacinadas junto a casos sospechosos o positivos de COVID-19, solo puede resultar en todavía más casos, y a su vez en más hospitalizaciones. Si de acá se deriva un internamiento en cuidados intensivos, puede costar, por paciente, unos 18 millones de colones. El precio (monetario y social) de albergar y alimentar a estas personas en un hotel o un salón comunal, y potencialmente salvar vidas, es infinitamente menor. Entonces, ¿por qué les tratamos como si hubieran hecho algo malo?

Como bien dijo Mario Ruiz, gerente médico de la CCSS: “El COVID-19 nos está reflejando las condiciones sociales que han estado ahí siempre y no hemos querido ver”. Son muy profundas las causas estructurales que posibilitan las condiciones paupérrimas de vivienda en las cuarterías o de trabajo en la zona norte.

Pero también es muy profundo el miedo y el desprecio que le tenemos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a las que culpamos por vivir en la condición en que se encuentran, y somos cómplices todos: las autoridades, la oposición, la prensa y la población.

Hay que decirlo con crudeza: ser nica, ser pobre, no tener casa propia o no tener trabajo formal, son todas condiciones de riesgo. Para esta gente, ser positivo no es tener un virus, es ser un virus. Es tener miedo a que te apedreen, a que te endeudés, a que te deporten, a que ninguna comunidad quiera que te den albergue.

Vamos más allá, ¿por qué un joven con COVID-19, habitante de una cuartería, evita ir a un centro de salud hasta poco antes de morir? Nunca lo sabremos con exactitud, pero posiblemente el miedo, la clandestinidad y la incertidumbre jugaron un papel importante.

Y ese miedo y desprecio lo alimentamos cuando un alcalde rechaza la instalación de albergues y en cambio propone deportaciones masivas. O cuando multamos (con justa razón) a la pareja que mintió sobre si tenía COVID-19 en un hospital pero no a los empresarios que trafican seres humanos para pagarles tan poco como 3 mil colones al día.

Detengamos esa xenofobia intoxicante disfrazada de preocupación por la salud que predican algunos políticos populistas. Solo un enfoque técnico y garante los derechos humanos, que no se destiña con los vaivenes políticos, puede garantizar verdaderamente la salud pública.

Por eso, en el corto plazo, no vamos a desaparecer las cuarterías, pero sí podemos aislar dignamente a sus habitantes, por el bien de todas las comunidades del país. Y en el largo plazo, hay que atender los problemas estructurales, no atacando a sus víctimas, sino responsabilizando a quienes se benefician económicamente de la exclusión y la desigualdad y a las autoridades que les han dado impunidad por tantos años.