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El empleo público y el funcionamiento del Estado son dos temas que han permanecido en el centro de las discusiones políticas de manera sistemática, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo. Es una discusión que enfrenta a sus interlocutores en al menos dos preguntas claves: ¿Cuál es el rol de Estado? Y ¿hasta dónde debe llegar? La respuesta a estas preguntas depende en gran medida de la posición política ideológica de la persona que las responda.

En este ir y venir, sobre todo en el contexto sanitario que enfrentamos como país, los mismos de siempre, y quizás algunos actores nuevos (en su mayoría hombres) han acaparado el espacio de discusión, propiciando una falsa división entre la economía, la salud y el bienestar social.

En este constante debate, los representantes que apelan a que las patadas que nos da esta emergencia sanitaria y sus efectos deben recibirlas todos y todas (sí, en esta distribución de golpes se es muy inclusivo, cabemos todas las personas). Su propuesta es simple. Reducción del gasto público mediante la contracción del aparato estatal y una serie de acciones en política económica que brinden mayor protección a las empresas a través de moratorias fiscales y cargas sociales.

Las preguntas equivocadas

Este aspecto me trae a la memoria el análisis de Robert Evans y Morris Barer (2010) sobre el papel de las políticas públicas: ¿Quién debería ganar y quién perder? Al final se resumen en: “yo y mis amigos, y usted y los suyos” (p. 360). Si bien ambos hablan del financiamiento del sistema de salud canadiense, la cita anterior guarda la misma dicotomía quien importa más ¿las personas o las empresas? La respuesta desde el punto de vista del benestar son las personas. Sin embargo, esto es tampoco fructífero, pues no lleva una propuesta clara e integral.

En ese sentido, el punto central deberían ser los cambios necesarios en las instituciones del Estado. Es más factible darnos la mano como plantea Fernando Herrero y hacer un esfuerzo por distribuir de la manera más justa posible el peso que supone esta crisis sanitaria haciendo uso de otros mecanismos fiscales. Después de todo como plantea Stiglitz, en el quehacer de la política pública es necesario analizar las diferentes alternativas que se tienen y los impactos estas opciones. Además, la justicia y la eficiencia siempre nos obligan a hacer las distinciones necesarias a veces pueden parecer simples, pero que son difíciles de implementar.

Entonces ¿qué cambios son necesarios para mejorar la eficiencia estatal? Si algo hemos aprendido de esta crisis es que cuando hay interés las cosas son posibles. En tiempo récord las instituciones han corrido a adaptarse y hemos sido sorprendentemente ágiles para nuestros estándares.

Cambios necesarios

La defensa del Estado y sus instituciones pasa necesariamente por un ejercicio autocritico de sus limitaciones. La respuesta no es simple, sin embargo, es posible esbozar algunas propuestas. En primer lugar, hay espacio para la mejora administrativa de todas las instituciones del país. Por ejemplo, el uso de plataformas virtuales que sean accesibles y que reduzcan el gasto administrativo y burocracia interna. Otra alternativa que hemos visto es la virtualización de procesos de atención a personas usuarias, al eliminar la solicitud de documentos innecesarios.

Por otro lado, es fundamental identificar la duplicidad de funciones a lo interno los departamentos y direcciones. Cambios tan simples como de este tipo, reducen los tiempos de espera y los gastos administrativos de las instituciones en términos alquileres y gastos regulares como agua, luz, papelería. En esto, creo que el teletrabajo nos ha dado una lección como país.

Además, debe haber una inversión estratégica en cuanto a sistema de análisis de información y fortalecimiento de las capacidades en cuanto al análisis de datos, planificación estratégica. Estas áreas de conocimiento son cruciales si se desea que nuestras instituciones pasen de lo operativo a lo estratégico. Finalmente, estos cambios deben acompañarse de procesos de actualización profesional de las personas funcionarias y un recambio generacional.

Todas estas son apuestas hacia el mejoramiento de la eficiencia en las instituciones. Pero es necesario problematizar algunos aspectos en relación al mismo. Para los economistas, la eficiencia está íntimamente asociado a mejoras en el sentido de Pareto. Es decir, dada una distribución inicial de bienes, un cambio para mejorar la condición de al menos una persona, sin hacer que empeore la situación de los demás, es considerada una mejora de Pareto (Stiglitz, 2000). Siendo así, ¿qué implica pensar la eficiencia en el marco función púbica?

En un sentido amplio, nuestras instituciones brindan servicios que de otra manera el mercado no estaría dispuesto a brindar ya sea por los costos, o porque existen fallas en el mercado que justifican la intervención del Estado. Por lo que la asignación de los recursos públicos debe ser eficiente para garantizar un mayor bienestar colectivo. Tomemos en cuenta el ejemplo del teletrabajo, los recursos actualmente dirigidos a recursos físicos como pagos de alquiler, computadoras de escritorio y demás recursos pueden ser dirigidos a escritorios virtuales, portátiles, edificios más pequeños, contribuye en gran medida a la productividad. Respecto a estas decisiones es importante recalcar lo que autores como Stiglitz señalan

Estos cambios los que plantean una forma de trabajo diferente, así como una reorganización d de los procesos institucionales. Esto debe ir acompañado de otros posibles cambios, sin que esto implique una reducción de nuestro Estado. El contexto actual más que nunca exige un nuevo planteamiento de nuestras instituciones y no basta con análisis simplistas. Al final si nuestras instituciones son más eficientes, no hay necesidad de patadas, podemos darnos la mano.