El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró positiva la reforma hecha por la Asamblea Legislativa que permite al Banco Central de Costa Rica (BCCR) comprar bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, aunque ahora los diputados quieren echar atrás con la medida.

La valoración fue expresada mediante un documento oficial en el que recapitula todas las medidas e indicadores que fueron analizados de previo a aprobarle $504 millones de dólares al país para afrontar las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

"El personal del FMI apoya los esfuerzos del Banco Central de Costa Rica para estar preparado para proporcionar liquidez al sistema financiero, incluso con herramientas adicionales. Permitir que el BCCR compre bonos de gobierno en el mercado secundario podría satisfacer las necesidades extraordinarias de liquidez de las Operadoras Complementarias de Pensiones y ayudar a proteger la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de los mercados bajo estrés sistémico, especialmente si el espacio para un mayor recorte en la tasa de política monetaria se ve limitado", dice el documento en poder de Delfino.cr

El FMI afirmó que esa compras deben realizarse de manera abierta y transparente y con las debidas consideraciones sobre las implicaciones de liquidez, precio y programar adecuadamente las transacciones.

La autorización para que el Banco Central compre bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario se dio en la reforma que autorizó el retiro anticipado del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) para trabajadores afectados en su jornada o salario por la pandemia de COVID-19.

Días después, diversos economistas alertaron que la redacción aprobada daba un cheque en blanco para que el BCCR financiera al Gobierno, cosa que anteriormente solo se podía hacer a través de las Letras del Tesoro, lo que en caso de ser mal utilizado podría causar, entre otras cosas, hiperinflación. Otros países permiten este mecanismo y algunos ya lo están usando para financiar al Gobierno por la crisis causada por la pandemia, como Japón y el Reino Unido.

A los días el Banco Central anunció haber aprobado la compra de hasta 250 mil millones en bonos del Ministerio de Hacienda en el mercado secundario, solo en caso de que existan problemas sistémicos de liquidez en el mercado secundario de valores de Costa Rica, "y su propósito sería precisamente mitigar esas tensiones y contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero costarricense, en cumplimiento de uno de los objetivos que la ley asigna al Banco Central".

"Esos programas están orientados a proveer liquidez, apoyar un adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos y mercados financieros y procurar una efectiva transmisión de la política monetaria. Los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, también han recomendado que los bancos centrales provean liquidez y procuren la estabilidad de los mercados mediante el uso de diferentes herramientas, lo que incluye la adquisición de títulos valores", justificó el Banco Central.

Según la institución, recientemente en el país se han observado algunas tensiones de liquidez en los mercados bursátiles en colones, producto de la pandemia. Dichas tensiones se han manifestado, en mayor medida, en una reducción en los volúmenes transados en el mercado secundario de valores y en un incremento importante en el volumen de ofertas de venta en relación con las ofertas de compra. En menor medida, también se han experimentado incrementos en los rendimientos de algunos instrumentos.

El Banco adjudicó esas presiones a la incertidumbre sobre la profundidad y duración de las medidas sanitarias para contener la pandemia; los mayores requerimientos de liquidez de ciertos sectores, como consecuencia del retiro actual o esperado de fondos (como en el caso de los retiros del FCL) o el otorgamiento de readecuaciones y moratorias crediticias; y la transmisión de las tensiones que se han observado en mercados financieros internacionales.

El BCCR también justificó la medida en que los títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda son los que tienen mayor presencia en el mercado de valores local; constituyen la principal forma de garantía que se usa para obtener liquidez en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) del Banco Central, y son también el principal componente del Fondo de Activos Líquidos del Índice de Cobertura de Liquidez.

Por todo lo anterior, la Junta Directiva señaló que de haber tensiones sistémicas de liquidez en los mercados bursátiles que lleven a un ajuste abrupto y desordenando en los precios de estos títulos podrían tener efectos de contagio, afectar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, incidir negativamente en la transmisión de la política monetaria y, en general, poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero.

Proyectos de ley y acción judicial para quitarlo

Para limitar o eliminar la compra de bonos del Ministerio de Hacienda por parte del Banco Central, varios diputados ya presentaron diversos proyectos de ley.

El 13 de abril las diputadas Zoila Volio y Silvia Hernández presentaron el expediente 21.921 para eliminar la posibilidad de que el Banco Central pueda comprar esos bonos.

El 27 de abril, diez diputados independientes y de la Unidad Social Cristiana presentaron el expediente 21.948 para que la compra solo pueda realizarse en situaciones de tensión en el mercado, publicar la información sobre las operaciones e informar al respecto a la Asamblea Legislativa.

Finalmente, el 28 de abril, Yorleny León del PLN presentó el expediente 21.951 con el cual se establecería que la compra solo podrá darse si existen situaciones de tensión sistémica en el mercado, para lo cual el Banco Central recurrirá a información técnica que así lo demuestre para que la Junta Directiva tome la decisión de autorizar el uso del mecanismo, con base en elementos suficientes por la excepcionalidad del momento histórico correspondiente.

A todo lo anterior se suma una acción de inconstitucionalidad presentada por el economista Eliécer Feinzaig Mintz contra la ley aprobada por el Congreso, específicamente contra la autorización al Banco Central de adquirir bonos del Gobierno en el mercado secundario, por considerar que la misma envía una mala señal a los mercados internacionales y que existe una violación a los principios de mesura y razonabilidad técnica. La Sala IV admitió la acción para estudio y le dio audiencia al Gobierno y al BCCR para que se refiera al tema.