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La emergencia sanitaria mundial ha tenido un efecto feliz en la actividad de las autoridades políticas y de los propios ciudadanos: ha repuesto a las ciencias como un actor principal tanto en el discurso político como en las decisiones gubernamentales.

No obstante, recientemente han surgido voces críticas, preocupadas porque la apelación de las autoridades a las ciencias como forma de justificar sus decisiones, “silencie” las democracias. Si en las democracias son los ciudadanos los que —en último término— gobiernan, no puede ser que la única justificación de las acciones gubernamentales sea la apelación a lo que recomiendan las ciencias (ni siquiera para abordar cuestiones como la pandemia de COVID-19). Aquí parece haber una incompatibilidad más general: o nos basamos en las ciencias para hacer política pública, o partimos del auto-gobierno popular independientemente de que las decisiones así formadas estén o no de acuerdo con las ciencias.

Muchas de estas críticas están bien fundadas y deben ser atendidas (p.e., véanse los señalamientos del filósofo R. Gargarella). El reto es disolver lo que parece ser una tensión entre el principio de que las políticas deberían fundarse en las ciencias y nuestro ideal de gobierno democrático. En este breve texto intentaré dar algunos pasos en la disolución de esta dificultad.

Partamos de una asunción fundamental: las ciencias, o, mejor dicho, las teorías, hipótesis y conceptos científicos, tienen una estatus preferente o superior como conocimiento del mundo, frente a explicaciones alternativas generadas en otros ámbitos. Esto quiere decir que, puestos a decidir entre dos tesis sobre cómo funciona un cierto fragmento de la realidad, una de las cuales es científica y la otra no, preferiremos aquella a esta, por considerarla más valiosa como conocimiento. Podríamos llamar a este un principio ilustrado mínimo que guía la asunción de creencias sobre el mundo y sus partes.

Hay muchas formas en que se podría justificar esta posición. Yo lo haré de la siguiente forma. Las explicaciones que las ciencias brindan sobre cómo y por qué el mundo y sus partes son como son y funcionan como funcionan, tienen un valor —como conocimiento— superior al generado en otros espacios, debido en especial a la clase de razones que poseen en favor de la corrección de las teorías científicas que suponen. Estas razones, a su vez, tienen un especial valor debido a la racionalidad que adquieren gracias a sus metodologías para la formación de pruebas y de justificaciones en favor de dichas teorías.

Ahora, si una autoridad gubernamental asume dicho principio, entonces ha de partir de que las teorías científicas (y las explicaciones que se generan mediante ellas) tienen un estatus preferente como conocimiento frente a tesis sobre el mundo generadas en ámbitos distintos. En pocas palabras, dicha autoridad política creerá en lo que dicen las ciencias.

Es claro, sin embargo, que ningún político (ninguna persona, en realidad) puede manejar todo el entramado de las teorías científicas sobre el mundo, que es vastísimo, sutil y cambiante. Ni siquiera un ciudadano especialmente preocupado por tener un panorama total sobre el conocimiento científico sobre el mundo podría lograr algo así: sencillamente hay demasiado que conocer. Lo que podrá manejar, quizás, son análogos de dicho conocimiento, que es lo que presenta la mejor divulgación científica.

Debido a esta limitación humana, toda autoridad gubernamental debe apelar a especialistas, quienes le informarán cómo entender, a la luz de las teorías científicas, diversas cuestiones sobre cómo funciona el mundo o sus partes. Son estos especialistas quienes puede inferir (también a partir de las teorías científicas) medidas gubernamentales que pueden servir para propiciar o evitar ciertas consecuencias reales, según sean consideradas deseables o indeseables. Tales serían las propuestas de política pública justificadas en las ciencias.

Aquí surge la “crítica democrática”. Esta puede plantearse así: si un gobierno debe creer en las ciencias (y por ende, en los científicos) entonces, ¿qué espacio le queda a la ciudadanía para expresar e influir con sus posiciones (sus intereses y sus propuestas)? ¿Cómo puede la ciudadanía intervenir críticamente sobre las políticas científicamente fundadas? ¿Deben entonces los ciudadanos guardar respetuoso silencio ante una nueva autoridad despótica, ahora llamada Ciencia? Pareciera que la asunción del principio ilustrado mínimo ha tenido corolarios de máxima importancia para nuestros ideales institucionales, pues conlleva extirpar del espacio público toda aspiración democrática más densa o robusta (nuestro ideal de democracia quedaría reducido cuanto mucho a la mera alternancia periódica en los puesto de poder, para lo cual la ciudadanía podría influir mediante votaciones periódicas, competitivas y libres, o sea: nuestros delgados diseños democráticos ya vigentes).

Sin embargo, creo que es posible articular simultáneamente un ideal democrático más denso con el principio ilustrado mínimo para la política. La clave está en distinguir entre teorías científicas y opinión o recomendación de un científico. Lo que tiene estatus preferente como conocimiento no es todo lo que salga de la boca de un científico, sino las teorías probadas mediante las metodologías científicas. Esta simple distinción abre todo un espectro de posibilidades para la intervención democrática sobre decisiones y medidas políticas fundadas en ciencias.

  1. La ciudadanía puede evaluar y criticar acciones gubernamentales que pretendan justificarse apelando a lo recomendado por una persona científica que no pertenece al ámbito teórico que es explicativo del asunto sobre el cual está opinando. P.e.: la ingeniería civil es una ciencia (o se funda en ciencias), pero una autoridad política no podría apelar al estatus preferente del conocimiento científico de una persona ingeniera civil que le da recomendaciones sobre cómo operar en materia de salud pública. Esta clase de justificaciones políticas no pueden obtener autoridad alguna del conocimiento científico y si una autoridad gubernamental pretendiera evitar la intervención ciudadana justificándose de esta forma nos estaría haciendo trampa.
  2. La ciudadanía tiene mucho que decir en todos los casos en que se presenta una como la única solución científica de un problema lo que resulta ser una entre diversas medidas científicamente viables. Para decidir entre un abanico de opciones, hay que evaluar costos y beneficios de tomar unas u otras medidas, y esto sólo se puede hacer (si somos demócratas) teniendo en cuenta las preferencias e intereses de la ciudadanía sobre la cual se van a aplicar las medidas gubernamentales. Distintas personas evaluaran las consecuencias a la luz de diversos intereses, preferencias y marcos ideológicos. La acción gubernamental ha de tener institucionalmente en cuenta, para establecer qué decisión ha de ser tomada, las diversas posiciones de los ciudadanos.

Lo dicho supone que las autoridades políticas deben informar a la población amplia, clara y científicamente sobre las medidas posibles y alternativas que se pueden tomar para solucionar un problema. También debe explicarse qué tan bien acreditadas científicamente están las diversas alternativas, así como cuáles serán sus probables consecuencias reales a corto, mediano y (quizás) largo plazo. Por su parte, la ciudadanía (que asume también el principio ilustrado) tiene la responsabilidad de intervenir a partir de estos modelos y explicaciones fácticas.

Finalmente, las autoridades políticas no pueden apelar a la autoridad de las ciencias para sustentar los aspectos normativos de fondo de las medidas políticas. Me explico: En el cuerpo de ninguna teoría científica hay valores o principios valorativos sobre cómo debe ser una sociedad o cómo debe llevarse una vida buena. Cualquiera que intente “extraer” tales valores de las ciencias, sencillamente está engañando (y probablemente incurriendo en alguna falacia). En una democracia, una medida gubernamental que pretenda justificar los ideales o principios valorativos de esta forma, puede ser abiertamente criticada y resistida por la ciudanía, sin poner en tela de juicio el principio ilustrado mínimo.

Toda concepción sobre lo que es valioso como comunidad o sobre cómo debe llevarse la vida, depende necesariamente de concepciones ideológicas, éticas o político-normativas. En una democracia, ninguna de estas clases de concepciones tiene a priori más autoridad en la arena política. Aquí, las ideas políticas deben ser debatidas y, finalmente, votadas, y en dicha polémica no se puede apelar sólo a la autoridad de las ciencias para saldar el debate de fondo.

En síntesis: Se han brindado algunas distinciones que permiten ver espacios abiertos para una intervención democrática robusta aun sobre políticas justificadas en las ciencias. Estas consideraciones no solucionan todas las tensiones que pueden emerger de este asunto, aunque se ha sugerido un camino hacia la compatibilidad. Sí es posible, en fin, defender el principio ilustrado mínimo y una concepción densa de la democracia.