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La aprobación lograda por Costa Rica de los 22 comités de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que se traduce en la invitación a pasar a ser parte de este organismo, es sin duda de las mejores noticias que ha recibido el país en los últimos tiempos. No sólo por el hecho en sí mismo: el ingreso a un exclusivo club de países comprometidos con el desarrollo y con interés de aprender las mejores prácticas en materia de política pública, sino por todo el camino recorrido, el esfuerzo interinstitucional y la demostración de que el Estado tiene la capacidad de culminar proyectos relevantes que trasciendan el ciclo cuatrienal.

Desde el punto de vista legal, no hemos ingresado oficialmente a la OCDE aún y ya el país ha recibido importantes beneficios desde el punto de vista de nuestra legislación. Se han aprobado 14 leyes en tiempos récord. La mayoría de ellas de gran relevancia para el país, como la Ley 9699 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, la Ley 9736 de Fortalecimiento de Autoridades de Competencia, la Ley 9724 de autorización para que sucursales de bancos extranjeros puedan operar en el país, o la Ley 9816, que crea el seguro de depósitos.

Sin la presión autoimpuesta de lograr el objetivo de aprobar los comités, probablemente nunca se hubieran siquiera presentado a la Asamblea Legislativa este tipo de iniciativas. No dudaría en afirmar que la principal actualización de nuestro ordenamiento jurídico en la época reciente se ha dado precisamente en virtud de este procedimiento de ingreso a la OCDE, y repito: no hemos siquiera ingresado aún.

Pero además de las reformas ya aprobadas, cada comité formuló una serie de recomendaciones al país, que funcionan como una lista de tareas pendientes que deben irse desarrollando e informando periódicamente a la OCDE como parte de los compromisos adquiridos por el país. Es decir, la dinámica de la organización permitirá que estas reformas regulatorias no hayan sido flor de un día, sino que se mantengan en el tiempo. Es más, el grueso de las reformas deberá venir en los próximos años, ya que la tarea que nos ha quedado pendiente es mayor que la que hemos desarrollado a la fecha.

El seguimiento del país a estas iniciativas es fundamental, y que sea de alguna forma supervisado por un organismo internacional como la OCDE producto de compromisos internacionales autoimpuestos por el país, es sin duda un gran beneficio. Por ejemplo, la Ley 9699 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas estableció un plazo de 12 meses para su reglamentación, que vencen el mes próximo, y esperamos, se respete dicho plazo por parte del Poder Ejecutivo.

Recomendaciones, no mandatos

La dinámica de la OCDE es emitir recomendaciones a los países miembros, que, por tal condición, no son de obligatorio acatamiento para los países. Sin duda, si ingresamos a este organismo (que nos costará 1.500 millones de colones anuales según ha trascendido en prensa) será porque queremos beneficiarnos del acervo de inteligencia colectiva acumulada por países que han hecho muchas cosas bien en materia de política pública, pero habrá que diferenciar cuáles iniciativas son convenientes para el país y cuáles no. Como ciudadanía, no puede librarse un cheque en blanco al Ejecutivo para que todo lo que venga de la OCDE se considere bueno per se, sino que debe pasar por un tamiz y un control local inteligente y maduro, como el que ha habido hasta la fecha.