El sector de transporte público reporta 1.500 despidos producto de la pandemia del COVID-19, además de un 60% en proceso de recorte de jornada laboral y aproximadamente el 25% en proceso de suspensión del contrato de trabajo.
“Esto es insostenible. Hay una reducción en la demanda del servicio del 80%, con la flota detenida en los planteles y aunque, las empresas han tomado acciones para evitar prescindir de su personal, es una situación que ya se nos salió de las manos” manifestó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de CANATRANS.
Según la Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica (CANATRANS), este problema podría agudizarse por un Proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, el cual busca frenar la rebaja en los precios de los combustibles, ya que ocasionaría un efecto negativo en los intereses de las pequeñas y medianas empresas de transportes.
“La rebaja de los combustibles representaba un pequeño respiro para las finanzas de las empresas, no obstante, la iniciativa que se encuentra en discusión en el plenario legislativo, no solo congelaría la disminución, sino que, por el contrario, provocaría un incremento del precio final del combustible, siendo contraproducente para empresarios como para los usuarios, los cuales son la fuerza laboral del país y en general, son personas de recursos medios y bajos” aseguró Bolaños.
El precio vigente de los combustibles fijados por la ARESEP es de ₵580 para la gasolina Súper, ₵555 para la gasolina Plus 91 y ₵464 en el diésel (por litro). Con la aprobación del proyecto de ley, se detendría la rebaja que estaba en proceso y los precios volverían a ser los fijados al 04 de marzo, por lo que quedarían en ₵606 para la Súper, ₵583 para la Plus 91 y ₵498 para el diésel. Es decir, un aumento de ₵26 a ₵34 colones por litro.
Este proyecto es planteado por el Poder Ejecutivo y pretende que la diferencia entre el precio real y el nuevo definido por la ley se use para destinar fondos a los trabajadores afectados por la COVID-19. Un monto que, según el gobierno, representaría un aporte de 50 mil millones de colones para dar subsidio por tres meses a unas 133 000 familias.
“Consideramos que el proyecto no es viable en el tanto se incluya al diésel, el cual, es el producto que más utilizan sectores como el transporte público” señaló la jerarca de CANATRANS.
A CANATRANS le preocupa que el sector de transporte público está conformado principalmente por PYMES. Del total de las empresas del sector, el 50% no sobrepasa las cinco unidades en su flota, el 75% tiene hasta un máximo de diez unidades y solamente el 1,3%, tiene una flota de más de cien buses.
Dicho esto, la Cámara concluyó el comunicado haciendo un llamado al Poder Legislativo para que comprenda el impacto que generará el proyecto de ley una vez aprobado y lo complicado que se tornaría sostener el funcionamiento de muchas empresas.
