Un grupo de 40 diputados de distintos bloques legislativos presentó un proyecto de ley, ya convocado por el Poder Ejecutivo, que da marco legal a los gobiernos locales para apoyar a los contribuyentes ante la pandemia de COVID-19, aprovechando además para excluir definitivamente a las Municipalidades y Comités Cantonales de Deportes de la aplicación de la Regla Fiscal que fue creada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635).
Se trata del expediente 21.922 denominado Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades Ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, impulsado por la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN) y que tiene el apoyo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).
Aunque el proyecto habla en su gran mayoría de medidas excepcionales y temporales para paliar los efectos económicos de la actual pandemia, la reforma a la Ley 9635 para excluir a las municipalidades y Comités Cantonales de Deportes tendría aplicación permanente. Desde su promulgación como ley, municipalidades y diputados han impulsado sacar a esas instituciones de la Regla Fiscal y a la fecha hay, inclusive, una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución que pretende justamente eso.
La justificación para la exclusión, según sus defensores, es que las municipalidad tienen ingresos propios y no contribuyen al déficit del Gobierno Central, sin embargo, la Abogacía del Estado recomendó rechazar la pretensión al recordar que las corporaciones territoriales reciben transferencias del Presupuesto Ordinario de la República, presupuesto para cuya formulación se debe indudablemente observar en todo las disposiciones de la Ley 9635, incluida la regla fiscal.
Inclusive, el proyecto de ley en cuestión obliga al Ministerio de Hacienda a hacer la totalidad de la transferencia a las municipalidades correspondiente al 9.75% de todo lo que se recaude por concepto del impuesto único sobre los combustibles; y al mismo tiempo quita la obligación de las municipalidades de darle a la Tesorería Nacional el 1% de lo que recauden por la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los años 2020 y 2021, dineros que actualmente financian el Órgano de Normalización Técnica Municipal..
De igual forma, durante esos dos años las municipalidades y concejos municipales de distrito no deberán girar el 3% de lo recaudado por Impuesto sobre Bienes Inmuebles al Registro Nacional, dineros que hoy financian el Catastro Nacional, encargado de mantener actualizada y accesible la información catastral para las municipalidades.
Por el contrario, la ley autorizaría a las municipalidades a incrementar el gasto administrativo por ese tributo de un 10% actual, hasta un 40% para crear nuevas plazas "urgentes y temporales" y que estén relacionadas con la emergencia o la prestación de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios.
Asimismo, los diputados pretenden autorizar a que las municipalidades incrementen hasta un 50% el gasto de sus ingresos ordinarios en atender gastos generales de administración, es decir, gasto corriente (no inversión) que no implique costos directos de los servicios municipales.
Paralelo a ello, la iniciativa autoriza a los bancos públicos a readecuar las deudas a las municipalidades y concejos municipales de distrito que demuestren afectación financiera a consecuencia de la emergencia por COVID-19. Entre las alternativas deberá estar extensión del plazo de los créditos, disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito y prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario.
Las medidas no quedan ahí: los diputados también quieren autorizar a las municipalidades e intendencias a realizar procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), siempre y cuando estas contrataciones estén estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19. Además, quedarán exoneradas de pagarle cualquier suma a Radiográfica Costarricense (Racsa) como administradora del Sicop.
Moratorias
El proyecto también autoriza a las municipalidades a realizar moratorias en los pagos de impuesto por patentes lucrativas por tres trimestres a partir del trimestre de cobro vigente en la declaración del estado de emergencia, siempre que el contribuyente demuestre una afectación del 20% de la actividad lucrativa; moratoria de tres trimestres o nueve meses (dependiendo del gobierno local) por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales y una moratoria de nueve meses por el pago del arrendamiento de locales en mercados municipales.
Además, los contribuyentes podrán negociar arreglos de pago este año para cancelar obligaciones por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión; y quien posea una licencia de patente podrá solicitar a la municipalidad la suspensión de dicha licencia hasta por un año y no pagar el impuesto correspondiente ante casos de emergencia. Podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, y partir de ahí se reiniciará el cobro.
Esta iniciativa será conocida por el Plenario este miércoles, donde se prevé además la aprobación en segundo debate de la ley que autoriza a los Concejos Municipales a realizar sesiones virtuales durante situaciones de emergencia nacional o cantonal; y que establece que la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales el 1 de mayo próximo se haga a puerta cerrada.
