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Entramos en una crisis económica que se extenderá más allá de la cuarentena y será, al menos, tan seria como la gran recesión y quizás tan grave como la gran depresión. A medida que la pandemia cause agitación económica, otra crisis de deuda amenaza con afectarnos.

Según la Organización Internacional del Trabajo, se espera que la crisis elimine el 6,7% de las horas de trabajo a nivel mundial para el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajos a tiempo completo, especialmente en países de ingresos medios altos, como Costa Rica, donde se estima que se perderán en promedio el 7% de horas (100 millones de trabajadores a tiempo completo). Esto supera los efectos de la crisis financiera de 2008-2009.

Cuando los hogares, empresas y el Estado vean sus ingresos cortados de la noche a la mañana, estos pierden la capacidad de pago de deudas con los bancos y con el gasto corriente, incluyendo salarios e impuestos. Esto es relevante considerando la deuda en dólares, cuando muchos en Costa Rica tienen ingresos en colones, lo que es una combinación peligrosa.

Es probable que las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica, otorguen préstamos de emergencia que protejan a los acreedores y permitan recuperar la liquidez a expensas de que pueden llevar a una mayor devaluación de la moneda, lo que a su vez incrementa el costo de la deuda de todos los deudores, desde el Gobierno hasta la gente.

Pero, a diferencia de anteriores crisis, la actual no se resolverá simplemente inyectando dinero en el bolsillo de las personas para dinamizar la economía. El efectivo incluso a expensas de una devaluación es necesario, pero por la naturaleza sanitaria de la crisis, simplemente nadie irá a cines, restaurantes ni comprará paquetes turísticos por más dinero que tenga y esto deberá sumarse a la pérdida de poder adquisitivo que sufrirá un porcentaje importante de los hogares.

Ante esto se podría reestructurar la deuda por medio de moratorias en todos los niveles, y empujar el problema hacia el futuro, pero la deuda simplemente continuará acumulándose cuando termine la crisis para el deudor y los prestamistas solo verían sus ingresos retrasados, no disminuidos. Además, la reestructuración usualmente viene acompañada de condiciones que sí duran a mayor plazo que la cuarentena.

Otras alternativas, como el Bono Proteger, buscan mantener los hogares a flote mediante tres micro-transferencias de hasta ₡125 mil por persona para quienes se encuentren en una condición de pobreza coyuntural por haber perdido su empleo o visto su jornada laboral reducida como resultado de la paralización de la economía, pero la medida no tendrá suficiente impacto por varios motivos.

Primero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos la familia promedio en pobreza no extrema en 2019 reportó ingresos mensuales de ¢233 mil colones. Con la ayuda de ¢125 mil, estas familias no lograrán solventar la mitad de sus ingresos perdidos por la crisis y no se lograría ni mantenerlas a flote ni mantenerlas en casa. La sostenibilidad del fondo sería otro elemento problemático, pues los mercados no se reactivarán espontáneamente en cuanto termine la cuarentena.

Además, el diseño del instrumento solo define tres clasificaciones: quienes hayan perdido la mitad de sus ingresos en el empleo formal, quienes perdieron la mitad y el resto, donde entrarían a competir todos los hogares en condición de pobreza, incluyendo quienes participaban de la economía informal en todo el país. Con todo esto, el programa pretende cobijar a 612 mil personas, lo que representa poco más de la mitad de las 1.200.000 personas que ya se encontraban bajo la línea de pobreza antes de la crisis y que podría ser de hasta un 20% mayor debido a la pandemia.

La situación requerirá esfuerzos adicionales de inversión por parte del Estado para rescatar a quienes resulten particularmente golpeados a largo plazo, incluyendo condonaciones de deudas y una renta básica universal basada en el gasto mínimo.