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Muchas preguntas surgen en medio de la incertidumbre generada por la pandemia de la COVID-19. No es para menos, muchas de estas interrogantes tienen que ver con la sostenibilidad del actual sistema de vida y su continuidad, por ello como investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED nos tomamos este contexto como una oportunidad de reflexionar y plantear marcos de posibilidad para la toma de decisiones en el actual escenario político de la sociedad costarricense.

Han pasado más de tres décadas desde que el expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano Fait, se refiriera a la base campesina de la sociedad costarricense como el “Talón de Aquiles” de la economía nacional. Muchos años después han pasado y numerosos proyectos de ley se han encargado de impulsar una asfixiante situación para la sobrevivencia de las pequeñas unidades campesinas del país. La política asumida desde aquel entonces por los gobiernos de turno ha sido someter a diferentes sectores de la economía costarricense en el canon del comercio internacional.

En el ámbito del sector agropecuario no fue diferente y la apuesta política se orientó al impulso de la ansiada “Reconversión Productiva”, la cual como proyecto económico significaba la adaptación de las unidades campesinas y la nivelación de sus formas productivas con los estándares del consumo global. Sin embargo, políticamente esta apuesta significaba la destrucción de una base institucional que garantizaba la permanencia de un amplio sector productivo, hablamos de la pequeña producción agropecuaria familiar que impulsaba la agricultura para el consumo local, regional y nacional.

En aquel entonces se optó por la eliminación de todo sistema de control de precios y específicamente fue el final de los precios de sustentación que el Consejo Nacional de Producciones había ejercido por casi tres décadas. Mientras en Costa Rica discutíamos la sostenibilidad del apoyo dado a los sectores económicos protegidos por la política desarrollista de años anteriores, en Estados Unidos se ejecutaron programas como el Marcket Acces Program (Programa de Promoción de Mercados) y Farm Bill (Ley Agrícola), los cuales dotaron de miles de millones de dólares a los productores para fortalecer sus productos y dotarles de capacidades para competir en mercados internacionales.

El sesgado e inducido giro dado hacia la apertura de los mercados internacionales en materia alimentaria tuvo como principales perdedores a las pequeñas producciones agropecuarias de base familiar, especialmente los sectores que encontraban en la producción de granos básicos una alternativa comercial más allá de la producción para el autosustento.

Ahora bien, parece una discusión lejana hablar de las reformas neoliberalizantes de hace tres décadas. Pero cobra vigencia en la actual crisis discutir la capacidad de abastecimiento alimentario que tiene una nación como la nuestra y su capacidad de reacción frente a posibles crisis alimentarias en un contexto dominado por el comercio internacional y los TLC (Tratados de Libre Comercio). Ambos aspectos condicionan la capacidad de abastecimiento alimentario de nuestros países a la suerte del mercado internacional.

Es el momento de preguntarnos sobre los conceptos que guían la política alimentaria y por tanto de discutir las nociones implícitas en la política económica de nuestro país: eres lo que comes, pero ¿de dónde provienen los alimentos que se consumen en el país? ¿En qué proporción están distribuidas las cantidades de alimentos importados y de producción local que consumimos día a día? ¿Qué lugar ocupan la agroindustria y la pequeña producción en los platos que descansan en nuestras mesas?

En el año 2011 el Ministerio de Salud publicaba su “Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021”, la cual tenía como ejes principales el acceso, la disponibilidad y el consumo de alimentos. Visión similar a la del INDER y su unidad de “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, oficina que se encarga de brindar apoyo técnico y financiero para garantizar el acceso a las necesidades alimenticias en los asentamientos y territorios del país.

Al enfocar sus esfuerzos en la dimensión del acceso a los alimentos, las instituciones y la política agropecuaria del país han perdido de vista la importancia de la producción alimentaria como base de la economía. Sin embargo, esta producción se mantiene y ocurre día a día a lo interno de las economías campesinas dispersas por todo el país, se trata de un sector productivo que carece de mercados y esta desarticulado de los principales circuitos comerciales de consumo del país. Por ejemplo, según datos de CONARROZ en Costa Rica para el período 2018/2019 el 57,12% del arroz consumido fue abastecido por producto extranjero y el restante porcentaje es abastecido por la industria local.

Al mismo tiempo ocurre que miles de economías familiares de base campesina se ahogan o proletarizan ante la falta de encadenamientos que hagan de su actividad una posibilidad de vida. No obstante, desde abajo en la cotidianidad surgen alternativas y resistencias en medio del árido paisaje político para las economías campesinas del país, desde el CICDE, de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, trabajamos de cerca con diferentes organizaciones que viven día a día de la tierra, que siembran por la soberanía alimentaria de sus familias y de sus localidades. Traducir la auto-producción conservada por las economías campesinas como una estrategia país podría cobrar vigencia frente a las posibles crisis del sistema mundial de comercio.

Mientras tanto lejos de este panorama seguiremos afrontando la incertidumbre que puede generar comer de lo que siembran los demás. Con este primer esfuerzo solo pretendemos abrir un conjunto de reflexiones sobre la cuestión alimentaria en el país y aflorar un conjunto de preguntas iniciales sobre la capacidad de nuestro sistema alimentario. Todo con la finalidad de aclarar las dudas que nos permitan responder ¿De dónde vienen los alimentos que nos comemos?