El 15 de noviembre del año pasado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) presentó publicamente su Informe de Situación sobre Drogas y Actividades Conexas en el Auditorio Alfonso Beirute del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Posteriormente, el informe compelto estuvo disponible en la página web del ICD, sin embargo, a mediados de diciembre el informe fue eliminado de este sitio.

Aunque se ha especulado con que la súbita salida del director del ICD, Guillermo Araya, anunciada el día de ayer, esta relacionada con el contenido del informe, este fue elaborado por otros funcionarios del ICD y realizado bajo la supervisión de Andrés Rodríguez Pérez, Jefe de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.

Dato D+: Contrario a años anteriores el informe no lleva la firma de Guillermo Araya como director del ICD.

El informe es pulicado anualmente y resume los principales eventos relacionados a consumo, cultivo y tráfico de drogas y actividades relacionadas —como legitimación de capital— en el país durante el año anterior. Es decir, el informe publicado en diciembre del 2019 resume el acontecer para el año 2018.

¿Qué dice el informe?

El informe incluye una serie de datos y frases reveladoras, principalmente en relación al incremento de eventos relacionados con el consumo de drogas. Además, presenta una constante crítica a las y los legisladores, por no aprobar la ley de extinción de dominio.

Adicionalmente, el informe presenta los datos judiciales de violaciones a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley  8204).

Críticas a la Asamblea Legislativa

El informe incluye en su sección sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, una serie de fuertes críticas dirigidas hacia la Asamblea Legislativa, por no aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, que estuvo en discusión a finales del 2018, pero que todavía no ha sido aprobado.

Sobre este tema, el informe señala:

Parte del triunfo de la corrupción en Costa Rica, en lo que a LAFT se refiere, tiene como base: la lentitud con la que se toman medidas, el exánime vigor de esas medidas, la falta de información diseminada socialmente para entender las consecuencias perversas de esta realidad, los elevados porcentajes de evasión y elusión fiscal y una actitud endeble de la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Extensión de Dominio, aprobación que significaría el envío de un mensaje a la ciudadanía, de que ante la corrupción no se escatimarán esfuerzos y con esto reducir las afectaciones a la armonía social del país y detener el deterioro que sufre su imagen.

Adicionalmente, sobre la capacidad de la Asamblea Legislativa para tramitar el proyecto de extinción de dominio, el informe tampoco se guarda nada y señala:

Lo descrito [sobre el proyecto de extinción de dominio] permite tener una idea del homenaje a la inoperancia realizado por la Asamblea Legislativa costarricense en este tema específico de la extinción de dominio a lo largo de tres administraciones, incluido el actual período 2018-2022, con las perversas consecuencias que la mayor cantidad de personas involucradas de casos de legitimación de capitales son “desconocidas”, lo que corresponde a un 81.43% de un total de 140 casos y la acción jurisdiccional del Estado terminó cayendo sobre bienes abandonados.

Y posteriormente añade:

En sonados casos de corrupción, actores públicos y privados como supuestos ejecutores de actos de corrupción han saqueado fondos públicos sin contraprestación parcial o total, lesionando la armonía social por la connivencia de la inacción legislativa al no producir la normativa que técnica y constitucionalmente legitimada, puede aprobar.

Adicionalmente, achaca a la falta de voluntad política, la imposibilidad de incautar bienes a personas vinculadas al narcotráfico:

Es inaudito e inadmisible que la indiferencia en las posiciones de quienes nos legislan (en esta materia), sin contenido técnico en sus comunicaciones y sin el grado de vocación de servicio social necesaria, permita, que un porcentaje de quienes han sido condenados por narcotráfico, sigan siendo exitosos empresarios del delito por la complaciente posición legislativa de protegerles sus mal habidos recursos, como también se les protege a los corruptos, que gracias a posiciones empresariales y políticas de privilegio gozan de una pseudo-impunidad, porque, aun encontrándose en una situación de enfrentamiento de un proceso penal, poseen la carta ganadora de la preservación de sus patrimonios, legitimada por la conducta legislativa.

El informe, además, destaca en este aspecto la incongruencia legislativa de haber aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 8557), pero negarse a darle trámite a la ley de dominio, lo que se achaca a los actuales legisladores e incluso se señala al diputado Pablo Heriberto Abarca (PUSC):

Ejemplo de esto es lo que sucedió a principios de noviembre del 2018, cuando se emitió un dictamen por parte de la Comisión que tramitaba el proyecto produciendo “una versión ˈultraligeraˈ de esa iniciativa” (Alfaro, 2018), versión que eliminó entre otros, los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, acto explicado por el diputado Pablo Heriberto Abarca con el argumento de que la pretensión fue “reconocer el espíritu inicial del proyecto”, que -desde su punto de vista- “era para combatir crimen organizado y narcotráfico”. El legislador contradice con su actitud y su posición, independientemente de la motivación que pueda tener, el objetivo social de que la Convención sea incorporada en la normativa de los países, de conformidad con lo aprobado en la ONU y en concordancia con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (GAFI, 40 Recomendaciones, 2016), que son idénticas para países miembros y que debe tener similitud con sus ordenamientos jurídicos cuyo propósito es el de incrementar las posibilidades de coordinación y de recuperación de patrimonios que fueron sacados de las fronteras nacionales.

El informe también destaca que los casos finalizados por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales (FALC) en el 2018 fueron 91, de los cuales 63 terminaron en una desestimación, por lo que el informe sentencia:

La cantidad de casos finalizados por la FALC evidencian un incremento en los casos desestimados, irrumpen 5 casos incoados en el Contencioso Administrativo y 2 casos en los que no hubo presentación de la demanda y lo más preocupante de todo es que de las 3 acusaciones que se lograron formalizar, dos fueron sobreseídas, resultados que liquidan cualquier optimismo.

Datos destacados

  • En el año 2018 la cantidad de personas atendidas con enfermedades mentales y del comportamiento por consumo de drogas en dispositivos estatales incrementó, respecto al año anterior, un 38,5%, para un total de 64.920 personas atendidas, y un total de 121.073 atenciones.
  • Durante el 2018 el 58,4% de todas las atenciones se concentraron en los cantones ubicados en el quinto quintil.
  • Aunque la CCSS es la institución que más personas atiende por consumo de drogas —78% más casos atendidos que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) en 2018— la Ley 8204 no asigna recursos de los dineros incautados a la CCSS, pero sí asegura un 60% de lo incautado para el IAFA.
  • En 2018 los dineros transferidos a Organizaciones No Gubernamentales que atienden personas con condición de adicción se redujeron en un 42.8% (₡434 millones) en comparación con el 2017, para una suma total de aproximadamente ₡325 millones girados en 2018.
  • La edad de inicio de consumo de quienes recibieron tratamiento por problemas con el cannabis en 2018 fue de 10 años, para crack 16 años, y para alcohol y cocaína 19 años.
  • En 2018 se redujo en un 20% las áreas de cultivo de cannabis destruidas en el país, para un total de 11.41 hectáreas destruidas. Además, en 2018 se realizó el primer decomiso de plantas de hoja de coca en el país, se decomisaron 104 plantas en el cantón de Pérez Zeledón.
  • En 2018 se incautaron 6.231 kg de picadura de marihuana (15,4% menos que en 2017), el 88.36% de los decomisos correspondieron a cantidades menores a 5 gramos, y solo el 0,59% correspondió a cantidades mayores a 100g.
  • En los cantones de San José y Montes de Oca la cantidad de decomisos supera los 400 casos por cada 10.000 habitantes, para una tasa de incautación de 499 y 461.9 respectivamente.
  • En cuanto a la cocaína, se incautaron 27.545 kg de droga en 2018, con una caída de 2.7% en comparación al 2017, el 95,19% de los decomisos fueron por cantidades menores a 5 gramos, y solo el 1,61% correspondió a cantidades mayores a 100g.
  • Los decomisos de piedras de crack se redujeron en un 0.67% en comparación con el 2017, para una cifra total de 324.427 piedras decomisadas en 2018. El 91.1% de los decomisos fueron por cantidades menores a 5 gramos, y solo el 0,27% correspondió a cantidades mayores a 100g.
  • El cantón con mayor tasa de decomisos de cocaína y crack fue Garabito, donde se registró una tasa de 224.8 y 107.1 decomisos por cada 10.000 habitantes respectivamente.
  • En 2018 la Policía de Control de Drogas desarticulo 19% más organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico que en 2017, para un total de 144 locales desarticulados. Además, hubo una tasa de arresto por violación a la ley 8204 de 1456.4 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, una caída de 19% en comparación a la tasa en 2017, cuando la tasa se ubicó en 1800 personas detenidas por cada 100 mil habitantes.
  • La cantidad de personas procesadas por tráfico de drogas aumentó en 2018 en un 34.1%, para un total de 853 personas, mientras que la cantidad de personas condenadas en 2018—que incluye procesos judiciales iniciados en años anteriores— subió un 19% para un total de 1244 personas condenadas, aunque al mismo tiempo la tasa de absolutoria subió en casi 5 puntos porcentuales.
  • En 2018 aumentó en un 58% la cantidad de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera, para un total de 507 ROS recibidos, y la cantidad de ROS trasladados al Ministerio Público paso de 11 casos en 2017 a 142 en 2018. Además, el número de investigaciones financieras iniciadas aumentó en un 41,4%, para un total de 720 investigaciones en 2018.
  • En 2018 se condenaron 37 personas en el país por el delito de legitimación de capital, lo que representa un 3% de las personas condenadas por violación a la Ley 8204.

Desde Casa Presidencial indicaron que el retiro del informe se hizo por solicitud expresa de Guillermo Araya —según consta en el oficio DG-036-2020— al jefe de la Unidad de Informática del ICD el pasado 13 de diciembre, tras una serie de cuestionamientos hechos por Oswaldo Aguirre, director del IAFA y miembro del Consejo Director del ICD, que según Araya le generaron una duda razonable de "si técnicamente lo allí consignado y colgado oficialmente podría traer consecuencias nocivas para el mismo país". además, según apunta el oficio, Aguirre solicitó que el documento fuera retirado del sitio web institucional. Adicionalmente, Araya confirmó que abrió una investigación preliminar en relación a dicho informe.

Lea el informe completo aquí.
Esta nota se actualizó a las 8:37 pm para incluir el detalle del oficio DG-036-2020.