Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de extinción de dominio?

— La semana pasada reportábamos en Barra de Prensa que la Comisión Especial  encargada de dictaminar la Ley de Extinción de Dominio  había acogido un nuevo texto sustitutivo para la iniciativa de ley, con la particularidad de que este eliminó toda referencia a actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito como conductas a las que aplicaría la nueva ley.

Dato D+: La comisión especial está conformada por los diputados Gustavo Viales Villegas (presidente) y Jorge Luis Fonseca Fonseca del PLN; Pablo Abarca Mora (secretario) del PUSC, Víctor Morales Mora del PAC, Eduardo Cruickshank Smith del PRN, Zoila Volio Pacheco del PIN y el independiente Jonathan Prendas Rodríguez.

— ¿Qué es la extinción de dominio? En términos sencillos, es un mecanismo mediante el cual el Estado le quita los bienes a una persona que no puede probar que los adquirió de forma legal. Por ejemplo: que una persona que gane 1 millón de colones mensuales, de la noche a la mañana, haya adquirido tres vehículos último modelo, y de contado.

— En términos prácticos la ley le permitiría al Estado tomar posesión todas aquellas cosas que hayan sido adquiridas por medio de algún delito, cuando la persona no puede justificar el origen legal de los recursos con los que adquirió dichas cosas e independiente del proceso penal de los delitos que generaron los bienes.

— El proyecto de ley había sido originalmente presentado por el exdiputado liberacionista Antonio Álvarez Desanti en 2015, pero había sido bloqueado en la Asamblea pasada por una minoría de diputados.

— En el proyecto original, se incluía la posibilidad de confiscar el patrimonio y los bienes que provinieran de los delitos de secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas, tráfico de personas para comercializar sus órganos, homicidios calificados, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

— Con la llegada de la nueva Asamblea el proyecto retomó su avance con la aprobación de una nueva versión del proyecto —presentada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)— en la cual se cambió la lista de delitos original señalando que serían objeto de la ley todos aquellos bienes que fueran adquiridos a través de cualquier delito.

— A los actuales diputados esa definición les pareció demasiado amplia, por lo que prefirieron volver a incluir una lista de delitos, pero decidieron dejar por fuera varios de los que originalmente estaban incluidos, entre ellos corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que género varias molestias y sospechas, con bastante razón.

Dato D+: El texto aprobado por la comisión no incluye en el proyecto de ley los delitos de corrupción, contrabando, fraude, pornografía infantil ni delitos tributarios.

— Entonces, ¿qué implicaba la medida tomada por la comisión? Básicamente que el Estado no podría utilizar la futura ley para quitarle a funcionarios públicos aquellos bienes que hubieran adquirido mediante actos de corrupción o por enriquecimiento ilícito.

— La medida tomada por la comisión no quedó libre de críticas que vinieron del Ministerio de Justicia, de Guillermo Araya, director del ICD, Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la fiscala general Emilia Navas… ¡Hasta las cámaras de empresarios se quejaron del cambio!

— Las críticas llegaron al punto en que el director del ICD señaló que desde la institución que representa: “preferirían no tener extinción de dominio y seguir con capitales emergentes, en lugar de tener que aplicar o tratar de aplicar esta ley, que más bien podría obligarles a salir para dar la cara a los costarricenses y decir que se aprobó una norma que no se puede aplicar”. AUCH

— Por su parte, el viernes de la semana pasada durante el programa de radio Matices —mientras Araya, Espinoza y Navas criticaban lo hecho por la comisión— el diputado Pablo Abarca llamó al aire para justificar su posición señalando que querían focalizar la ley al tema de narcotráfico y crimen organizado, mientras que la diputada Zoila Volio también llamó para señalar que su interés era focalizar la ley al tema del narcotráfico, y que habían recibido la recomendación de hacer el cambio por expertos externos "de ningún partido", como Álvaro Ramos… Habrá olvidado la diputada Volio que Ramos fue en las pasadas elecciones miembro del "equipo de seguridad" que Fabricio Alvarado hubiera llevado al Gobierno...

— Para hacer más raras las cosas, los diputados de la comisión después señalaron que la decisión de excluir esos delitos, se había tomado con la recomendación de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para dejar por fuera los de delitos tributarios y de contrabando.

— Así las cosas, todo vaticinaba que terminaríamos con una ley que, como muchas otras en Costa Rica, sería un engaño más, incapaz de cumplir lo que originalmente prometía… #ReformaProcesalLaboral.

— Sin embargo, el día de ayer cuatro de los diputados que forman parte de la comisión participaron del programa Matices y pareciera que conversando se arreglan las cosas, ya que expusieron su anuencia a mejorar el proyecto y que se incluyeran los delitos que quedaron por fuera —incluyendo corrupción— antes de que sea aprobado en primer debate.

—  Así las cosas, como siempre, nos quedará permanecer atentos para asegurarnos que así sea...

Bonus Track: Ayer en Teletica Radio entrevista con Emilia Navas.

Hidden Track: La entrevista en Matices incluyó un momento —llamémosle— incomodó donde la diputada Zoila Volio cuestionó los comentarios de la semana pasada de la Fiscala Navas, a quién le envió un mensaje directo: “esa frasecita de “presunción personal interna” la repudio, la vomito y la rechazo. Si ella tiene algo contra alguno de la comisión, que de nombre, apellidos y hechos, para eso es la fiscala. (…) Pero yo le recuerdo que si ella lo que quiere es hacer leyes, que se vaya por una diputación. Pero, en este momento somos los que estamos aquí sentados los que hacemos las leyes, y se tiene que respetar la división de poderes (…) Y ahora, sorry pero a usted le tocara ejecutar las leyes que nosotros vamos a aprobar, usted no es diputada”. 

Esta nota es parte del Reporte: PEN: el país pende de un cable... parcialmente reventado