El Congreso designó este martes a la jueza jubilada, Patricia Solano, como magistrada propietaria de la Sala de Casación Penal para un periodo de ocho años. Además, continuó la discusión por el fondo del Presupuesto Nacional 2019 y aprobó en segundo debate la Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago, que le da autonomía igual a la de las universidades estatales.
Patricia Solano, nueva magistrada de la Sala Tercera
Tras cuatro rondas de votación, el Plenario de la Asamblea Legislativa escogió a Patricia Solano Castro como magistrada propietaria de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para un periodo de ocho años. Ella suplirá la vacante dejada por José Manuel Arroyo, cuando decidió jubilarse el 1 de enero del 2017.
Abogada de 55 años, licenciada en Derecho y Notaria de la Universidad de Costa Rica, Solano Castro tiene un posgrado en Administración de la Justicia en Derecho Penal de la Universidad Nacional e impartió cursos de Derecho Penal, Procesal Penal y Acción Civil en la Escuela Judicial.
Según da fe su expediente en la Comisión de Nombramientos, Solano se encontraba jubilada desde el 2017 y recibía una pensión mensual bruta superior a los 4 millones de colones. Debido a la forma en la que se calculan las jubilaciones en el Poder Judicial, su nuevo nombramiento le permitirá aumentar el monto que recibirá una vez salga de la función pública por segunda vez.
La nueva magistrada será juramentada este miércoles a partir de las 15:00 horas y en Barra de Prensa esperamos que esta vez sí nos dejen ingresar al Plenario para hacer fotos y vídeo, a diferencia de lo ocurrido cuando se juramentó a Jorge Araya García como magistrado de la Sala Constitucional.
Presupuesto 2019
El diputado José María Villalta volvió a insistir con su moción para que el Plenario se convirtiera en comisión general para conocer nuevas mociones al Presupuesto Nacional 2019, pese a que un día antes su propuesta fue rechazada en votación 6 vs. 41.
Según el congresista, él no se esperaba que en la Comisión de Hacendarios fueran a "volarle tijera" a recursos de la Ley Antitabaco (#cajitablanca), por ejemplo, y que por ello no pudo presentar una "contra moción" para revertir ese hecho en el órgano legislativo.
Tras defenderla durante varios minutos, el Plenario rechazó la moción con una votación 7 vs. 43, sin embargo, inmediatamente fue presentada otra moción con ese mismo propósito, pero volvió a ser rechazada en voto 6 vs. 43.
Luego de varias intervenciones por el fondo de algunos diputados, la mayoría acogió una propuesta para posponer el tema para otra sesión y entrar a conocer la agenda de iniciativas listas para segundo debate.
NUEVA LEY
El Plenario aprobó en segundo debate la Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago (CUC), por lo que pasará a la Casa Presidencial para su respectiva sanción.
La iniciativa impulsada por el ahora exdiputado Jorge Rodríguez Araya (PUSC) recibió el visto bueno de la totalidad de diputados presentes al finalizar la sesión del Congreso y pretende darle el CUC el mismo nivel de autonomía que tienen las universidades públicas, según la Constitución Política.
De esta manera, el Colegio Universitario no solo podrá darse su gobierno propio, sino también manejar los recursos que reciba del Gobierno Central como mejor le parezca, siempre y cuando cumpla los lineamientos establecidos por el Congreso sobre su misión y visión.
El CUC será la única institución para-universitaria que tenga ese nivel de autonomía, pues el resto están regidas por una ley general.
Debido a que proyecto le otorga al CUC una independencia en los términos del artículo 84 de la Constitución Política, el proyecto de ley requería para su aprobación de una mayoría calificada de 38 votos, los cuales fueron ampliamente superados.
INTERESANTE MOVIDA
La Comisión Especial encargada de dictaminar la Ley de Extinción de Dominio acogió la noche de este martes un nuevo texto sustitutivo para la iniciativa, con la particularidad de que este eliminó toda referencia a actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito como conductas que acarrearían la pérdida de bienes y derechos adquiridos sin causa lícita aparente.
Mientras que en el texto anterior esos actos estaban incluidos en la definición de "actividad ilícita", el nuevo texto excluyó ambos delitos de esa definición.
¿Qué implica ello? El Estado no podrá usar la futura Ley para quitarle a los funcionarios aquellos bienes que hayan adquirido mediante actos de corrupción o por enriquecimiento ilícito, pues lo limitan única y exclusivamente a actividades de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos.
El diputado Gustavo Viales señaló que excluyeron, además, los delitos tributarios, evasión y contrabando, pues en una carta la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar recomendó respetar la normativa especial vigente sobre el tema, pues al detectarse un incremento no justificado de patrimonio, el mismo entra a considerarse dentro de la renta líquida gravable, el cual incide en una determinación mayor de impuesto que por ende beneficia la recaudación a favor del Estado.
Por su parte, el diputado Pablo Heriberto Abarca señaló que a la hora de hacer consultas sobre el proyecto recibieron insumos para tomar esa determinación, incluyendo el Ministerio de Hacienda y otros entes.
Otro argumento fue que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública ya permite al Estado actuar en casos de enriquecimiento ilícito.
A ese respecto, el artículo 61 de esa norma señala que la condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, su coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial.
"La idea es enfocarlo en lo que más urge, que es narcotráfico y crimen organizado", dijo el diputado Abarca.
El único que se opuso a excluir esos delitos fue Víctor Morales Mora del PAC, quien adelantó que presentará un dictamen de minoría que los incluya.
PIZA CONVOCA A LOS DIPUTADOS
El Poder Ejecutivo sostendrá a partir del jueves una serie de rondas de conversación con las diversas fracciones y grupos legislativos, con el propósito de analizar la situación que vive Costa Rica, según indicó Casa Presidencial.
"La idea es discutir temas nacionales y legislativos que están pendientes. Es importante escuchar la visión y las preocupaciones de las fracciones legislativas en torno a lo que sucede en el país", señaló el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort.
La primer bancada que se sentará a conversar con el Presidente será Restauración Nacional, mientras que la segunda lo será el bloque de diputados independientes pero leales a Fabricio Alvarado y su nueva agrupación, Nueva República.
A mediados de mes, el mandatario Alvarado se reunirá con las bancadas de Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana y finalmente lo hará con Integración Nacional, Republicano Social Cristiano, Frente Amplio y el diputado Erick Rodríguez Steller.
Según Piza, el encuentro pretende preparar las condiciones para el periodo de sesiones extraordinarias que iniciará el 1 de diciembre, y en el cual es el Ejecutivo el que define la agenda del Legislativo.
