Si bien el Gobierno Corporativo (GC) se ha extendido a la gestión de corporaciones empresariales y de servicio, tanto públicas como privadas, lo cierto es que surgió como un modelo estrictamente financiero, orientado a fortalecer las relaciones entre inversionistas y directores de las entidades bancarias, robustecer el diseño de las organizaciones y procurar un balance entre su dirección y control.

Referentes en esta materia, como el Comité de Basilea y la OCDE, han propuesto principios, guías y buenas prácticas, de modo que las empresas privadas e instituciones públicas orienten su gestión hacia un marco de eficiencia y transparencia, generando a la vez valor y confianza.

En procura de resultados

Las condiciones sociales y políticas actuales exigen una dinámica institucional mucho más eficiente, en la que los resultados sean evidentes, máxime en condiciones fiscales adversas. La nueva gestión pública aboga por una administración que satisfaga las necesidades de los ciudadanos al menor costo posible y en un contexto de controles eficientes que garanticen transparencia de los planes, procesos y ante todo resultados, características comunes con un esquema de GC.

No obstante, la presencia de este modelo de gobernanza de las organizaciones es aún incipiente en la gestión estatal costarricense, pues se da principalmente en empresas estatales y entidades bancarias. Aunque, a modo de ejemplo, cabe señalar la experiencia de la Contraloría General de la República (CGR), que hace una década optó por el GC como un conjunto de políticas, procedimientos y herramientas articulados para orientar su propia gestión hacia el cumplimiento de sus funciones.

En este contexto, la Contraloría definió un conjunto fundamental de ideas rectoras con base en las cuales articula procesos vitales para el funcionamiento de cualquier institución, tales como la planificación, el control interno, el diseño organizacional y  ante todo su gestión ética.

Oportunidad en el servicio público

El modelo de GC es absolutamente perfectible, no obstante representa -entre otras- una valiosa oportunidad para el sector público. Entre los aportes que se le podrían asociar destaca la construcción de identidad institucional enfocada en la excelencia y la generación de valor para las personas que reciben los servicios públicos. De igual modo, se esperaría en este marco la anhelada articulación (o al menos alineamiento) entre los diferentes niveles de la planificación tanto interna como sectorial y nacional.

Bajo este esquema sería clave en las instituciones públicas poder ver el reflejo de la visión estratégica y el mandato de cada organización en su gestión operativa, con la coherencia, racionalidad y eficacia necesarios, siempre permeados por un conjunto racional de controles que, lejos de ser fines en sí mismos, favorezcan una operación íntegra y eficiente.

Por otra parte, el GC exige un permanente monitoreo del entorno, en el que se verifiquen las condiciones y cambios del contexto social, económico, político y ambiental y, a partir de ese análisis, se tomen las decisiones estratégicas de cada organización y se asuman las consecuentes responsabilidades.

Este monitoreo permitirá no solo superar la idea de que cada organización es una república independiente, sino parte orgánica de un sistema mucho más complejo, que además impulsará su gestión hacia un verdadero ejercicio de mejora continua, con clara atención de los requerimientos de sus partes interesadas externas.

Principal desafío

Ciertamente la implementación de este modelo conlleva claros retos, entre los cuales sobresale el liderazgo en al menos tres niveles: jerárquico de quienes definen la orientación estratégica; gerencial entre las personas que asumen la ejecución del GC en toda la organización; y técnico de quienes dan sustento a la gestión corporativa. Valga decir que este punto es crítico, máxime en una cultura como la costarricense, en la que persiste la resistencia a tomar decisiones y por tanto asumir responsabilidades.

Dar el paso hacia el GC implica romper paradigmas y ajustar la cultura organizacional, de ahí el desafío de hacerlo con disciplina, rigor técnico y compromiso en todos los niveles, procurando su sostenibilidad y constante perfeccionamiento. ¿Será mucho pedir?

En un punto en que el país urge de eficiencia, transparencia e integridad en la gestión estatal, bien valdría la pena al menos considerar los elementos esenciales del GC de cara a su potencial implementación en el ámbito del servicio público.

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