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Hace un año, planteaba que se había iniciado el posible camino hacia el fin de una barrera comercial sin sentido. Desde la Asamblea Legislativa mocioné en la Comisión de Asuntos Económicos, para llamar a las autoridades correspondientes a que se refirieran a la prohibición del ingreso del aguacate mexicano Hass a suelo costarricense, y a través de controles políticos, también pedimos cuentas y advertimos que las acciones tomadas hasta ese momento no eran suficientes para frenar las consecuencias de la medida tomada en 2015.

Hoy tenemos nuevos elementos a considerar en este caso, que sigue sorprendiendo por la rigidez ideológica de las autoridades políticas y mantiene el nombre de Costa Rica en un mecanismo de resolución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), los acontecimientos recientes son parte de la crónica de una muerte anunciada.

Los antecedentes. Es importante recordar que Costa Rica importaba aguacate mexicano Hass desde hace 22 años y mantenía niveles de importación de aguacate en 2013 de 13.000 toneladas anuales. Estábamos en el año 2015 y, sorpresivamente, sin notificar a las partes ni seguir los procedimientos de ley, se prohibió la importación de dicho producto por razones fitosanitarias. Este no es un producto cualquiera, ha sido ampliamente consumido por las familias costarricenses y es uno de los productos estrella de México ante el mundo, que se exporta continuamente a Estados Unidos, Reino Unido y Japón sin ningún tipo de restricción.

Se dedicaron también desde el Ejecutivo, amplios espacios a lo sarcástico e histriónico, como los protagonizados por Mauricio Herrera y Renato Alvarado, que daban cuentas del desinterés de las autoridades sobre las consecuencias que estas medidas puedan tener sobre nuestra competitividad y reputación internacional, y en especial sobre el consumo y el bolsillo de los costarricenses.

En el marco de las contradicciones y sin sentidos típicos de las administraciones del Partido Acción Ciudadana, hoy estamos invirtiendo recursos humanos y financieros en un litigio que afecta directamente el nombre de Costa Rica ante el mundo, nuestra marca país de apertura al comercio internacional y al intercambio de productos de calidad. Un litigio internacional que expone las contradicciones del PAC sobre nuestro modelo de desarrollo y da pie a múltiples cuestionamientos que tendremos que cargar por años como país sin responsabilidad política a la vista.

Nuevos mensajes para considerar. Recientemente, el Gobierno comprobó el trasfondo ideológico y político de la medida tomada en 2015 al publicar el “Plan Nacional de Fortalecimiento del Sector Aguacatero” que tiene por objetivo a largo plazo aumentar a 2000 el número de productores nacionales de Aguacate y ampliar a 5000 la cantidad de hectáreas sembradas de esta fruta. En la publicación de dicho plan se pretende aprovechar la restricción a la importación que se mantiene hasta la fecha como una “ventana de oportunidad” para promover la producción local en la Zona de los Santos y en el Pacífico Central.

Ello sienta un antecedente preocupante en la gestión de los asuntos agrícolas y comerciales. El mensaje desde el Ejecutivo es que vamos a apostar a la mejora de nuestra producción de aguacate porque quienes compiten contra nosotros están deshabilitados de participar del mercado, por medidas impuestas por nosotros mismos que violan las reglas del comercio internacional. Algunas preguntas nos invitan a reflexionar sobre ¿Con cuáles motivaciones emprende el sector aguacatero? ¿Cuál es el mensaje que este caso emite a otros sectores productivos? O ¿Qué señales da este caso a quienes buscan hacer intercambios comerciales con Costa Rica? Hasta ahora, que el proteccionismo, en variadas formas, está disponible como un recurso político para privilegiar a ciertos sectores productivos.

A esto se suma, la reciente condenatoria que recibió el Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo por la prohibición de importar aguacate mexicano Hass y la afectación que esto significó para los importadores costarricenses de la fruta. En estrados judiciales nacionales se llegó a la conclusión de que la medida adoptada careció de proporcionalidad, razonabilidad, motivación y que no estuvo apegada al ordenamiento jurídico, asimismo se deja muy en claro la falta de sustento científico de la prohibición.

Con recursos de los contribuyentes, deberá el Estado indemnizar a los empresarios que demandaron y seguir financiando el litigio internacional en la OMC para el cual se invierten importantes recursos económicos, como la contratación de un grupo asesor en materia comercial para nuestro país.

¿Y la responsabilidad política? Si por la víspera se saca el día, no hay forma de volver atrás y tomar las medidas correctas. Tampoco se puede prever que vayamos a tener resultados muy positivos ante la OMC si en nuestro sistema judicial ya la prohibición perdió frente a los argumentos de los importadores. Pero más allá de jugar a adivinar, se trata de sentar responsabilidades claras sobre quiénes causaron este conflicto y con cuáles motivaciones, especialmente poner en evidencia cómo las autoridades políticas se escudaron en criterios técnicos y científicos débiles para justificar intenciones políticas puntuales.

La situación fiscal y económica de nuestro país no acepta más improvisaciones ni charlatanerías, mucho menos las que cuestan millones de colones a los contribuyentes para favorecer a un único sector, las que exponen contradicciones internas de quienes nos gobiernan o las que mancillan nuestra reputación internacional. Mientras nuestro país deberá asumir los costes de un capricho injustificado, seguiremos pidiendo cuentas sobre quiénes van a asumir la responsabilidad política frente a los resultados que arroje el panel de la OMC.