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El uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeadores se ha convertido en uno de los temas de mayor discusión en la comunidad científica y no científica a nivel mundial, Costa Rica no es la excepción. Recientemente, el Ministerio de Salud, emitió una alerta con el objetivo de informar a la población acerca de su uso y posibles consecuencias. Como correlato a esta alerta, es interesante notar la forma en que los grupos pro-vapeo han iniciado una campaña de datos inexactos que pueden confundir a la población en general.

En este contexto, es necesario analizar los argumentos utilizados por los estos grupos para justificar la seguridad de esta práctica. Así, uno de los favoritos es referenciar a Public Health England, agencia autónoma del Departamento de Salud del país inglés. Dicho organismo afirmó en un informe llamado "Cigarrillos electrónicos: una actualización de evidencia", página 5, que las "mejores estimaciones muestran que los cigarrillos electrónicos son 95% menos dañinos para su salud que los cigarrillos normales".

Al revisar la bibliografía de este informe, se encuentra que dicha afirmación remite a un artículo llamado "Estimación de los daños de los productos que contienen nicotina utilizando el enfoque MCDA" publicado por un grupo de investigadores dirigido por David J. Nutt. Este estudio tuvo como objetivo convocar a un grupo de expertos en investigación de nicotina y tabaco para discutir y acordar la nocividad de los productos que contienen nicotina utilizando un modelo de análisis de decisión de criterios múltiples conocido como (MCDA). La premisa de los autores del documento fue proporcionar un marco robusto para los responsables políticos y las decisiones futuras.

No obstante, el estudio tuvo notables limitaciones; por ejemplo, los mismos autores reconocieron una "falta de pruebas contundentes de los daños de la mayoría de los productos en la mayoría de los criterios" limitando de esta forma el impacto de los resultados obtenidos. Además, la selección de los “expertos” se hizo basado en criterios impuestos por el "Comité Científico Independiente sobre Drogas" el cual fue fundado por el mismo autor principal David Nutt.

El grupo de “expertos” incluyó únicamente a 12 personas, todos autores del artículo. Sin embargo, al menos seis de los expertos habían expresado previamente su apoyo a los cigarrillos electrónicos y formaron parte de la estrategia de "reducción de daños" adoptada por la industria tabacalera. De manera similar, algunos de los autores fueron consultores de Nicoventures, la compañía de "reducción de daños" de British American Tobacco (BAT) evidenciando de manera contundente el conflicto de intereses en el estudio.

De igual forma, el financiamiento de la publicación “científica” no estuvo exento de polémica, ya que en el año 2015, la revista The Lancet, evidenció en su editorial, los conflictos de interés financieros asociados al estudio. The Lancet mostró que los financiadores del estudio fueron Lega Italiana Anti Fumo (LIAF), consultora de Arbi Group, distribuidor de cigarrillos electrónicos y concesionario de Phillip Morris, y la compañia Euroswiss Health que a su vez se encuentra conectada con la compañía "Human", productora del libro Wise Nicotine - Uncovering Tobacco Harm Reduction the Best Kept Secret in Public Health junto con BAT.

Toda la información anterior se puede corroborar en el artículo de Jonathan Gornall  publicado en el British Medical Journal que además cuenta con un infográfico que permite rastrear los vínculos de los autores con las industrias u otras organizaciones.

A pesar de estos elementos anteriormente señalados, Public Health England, utiliza los resultados del estudio como una fuente más que válida para su primer informe. Dicho informe, no solo utiliza una fuente dudosa, sino que, tal y como lo menciona en la página 17, su metodología no cumple con rigurosidad científica debido al poco tiempo para realizar dicha investigación, evidenciando una vez más las graves deficiencias de conocimiento con el que nos enfrentamos al leerlo.

Asimismo, en su página 38 recomienda una vigilancia cuidadosa en los jóvenes, indicando que el uso de cigarrillos electrónicos en este grupo no es deseable, pero en caso de que suceda, el uso de un cigarrillo electrónico en lugar de fumar es mejor, dado el menor riesgo relativo conocido del 95%.  Lo cual, por lo ya expuesto, claramente carece de sustento científico alguno.

Un segundo informe de PHE publicado en 2018, reconoció su posición apoyando el enfoque de "reducción de daños" dirigido a los fumadores. En él, PHE se continúa basando en la declaración "95% más seguro". Sin embargo, por otro lado, instituciones como las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), han rechazado esta afirmación y recomiendan la aplicación del principio de precautorio dirigido por evidencia concluyente como la única fuente para regulaciones futuras.

En ese sentido, las acciones tomadas por el Ministerio de Salud evidencian varios puntos a considerar. El primero, el buen actuar en pro de la protección de la población. Al no existir evidencia realmente concluyente la población costarricense no debería ser conejillo de indias, experimentando con dispositivos, componentes y líquidos que carecen de una seguridad demostrada científicamente, no con uno o dos, sino con cientos de estudios que cumplan con criterio científico verdadero.

Segundo, que el interés detrás de la industria del cigarrillo electrónico es monetario primordialmente, sin importar las consecuencias para la salud poblacional. Para ello sus promotores se permiten escudarse en la mejor publicación “científica” sin verificar fuentes, conflictos de intereses o hasta financiamiento. Tanta crítica han hecho de la industria tabacalera y su “alianza” con el gobierno, sin darse cuenta que su principal artículo de “dominguear” fue financiado y escrito por autores favoritos de esta misma industria como Ricardo Polosa (ver nuevamente infográfico).

Tercero, estamos en un momento donde necesitamos mayor conocimiento científico que sea libre de conflictos de interés por parte de las industrias. Por ello las acciones gubernamentales y políticas deben seguir la línea técnica, siempre y cuando la evidencia científica cumpla con las condiciones antes propuestas.  Definitivamente no queremos muertes por tabaco, pero tampoco muertes por un espejismo que atrae personas con promesas falsas sin evidencia concluyente que pueda sostenerlas.