El pasado 1 de octubre el diputado Welmer Ramos anunció en sus redes sociales la aprobación en Comisión de Asuntos Económicos del proyecto de ley 21.177 de su autoría para disminuir las altas comisiones por el uso de datáfonos al hacer transacciones de compra con tarjeta de crédito y de débito, por lo que ahora pasa al plenario legislativo.

Señala don Welmer que “al regular las altas comisiones que pagan los negocios por el uso de datáfonos, los comerciantes tendrán menos costos y, por ende, podrán reducir los precios de sus productos en favor de los consumidores, al igual que para competir en el mercado”.

Sobre estas palabras de don Welmer hay que decir con toda claridad dos cosas:

  1. Que esas altas comisiones de las tarjetas en realidad las pagamos los consumidores y no los comerciantes. Los comerciantes obviamente lo que han hecho desde hace más de 20 años es incorporar esa comisión al precio de los bienes y servicios que venden, cargándola y trasladándola a nosotros los consumidores.
  2. Difícilmente un comerciante bajará el precio de sus productos una vez aprobada una disminución en las comisiones de las tarjetas. Lo más seguro es que esa ganancia se la embolsarán, como hemos visto que lo hacen ya que aunque baje el dólar o los combustibles los precios de los bienes y servicios no disminuyen. Eso lo sabemos los consumidores.

Esos beneficios anuales que hoy día obtienen los bancos por las comisiones por dinero plástico suman $175 millones anuales. De esa bicoca de plata estamos hablando, veáse el artículo de Gerardo Corrales, exgerente del BAC, a este respecto.

¿Es posible idear una forma que asegure que esa disminución de la comisión de las tarjetas llegue al pueblo y no sólo a 20,000 comerciantes?

Sí. Para ello propongo a consideración de los lectores y de los diputados una idea novedosa. Consiste en crear con esa disminución en las comisiones de las tarjetas un quinto pilar del sistema de pensiones costarricense, que venga a fortalecer tanto al régimen individual obligatorio de pensiones como al régimen no contributivo de la CCSS. Se trata de un proyecto de ley alternativo que los invito a leer y estudiar en todos sus detalles porque nos beneficia a todos.

¿Cómo puede el consumidor obtener para sí mismo las ganancias que genera la disminución de las comisiones de las tarjetas?

Muy sencillo. En Costa Rica los negocios deben pagar una comisión a los bancos emisores de tarjetas de crédito y débito por el uso del dinero plástico y el datáfono que en su mayoría ronda el 5,33% del total de cada venta. No obstante, según el caso, esa comisión puede ser un poco mayor (hasta 7%) o incluso un poco menor (hasta un 4%), según convenios particulares. Además, existen una comisión especiales para gasolineras y organizaciones de beneficiencia de un 1%, así como de un 2% para supermercados y servicios públicos.

Si esas comisiones disminuyen a menos de un 1% —que es lo que internacionalmente se estila—, la idea es que una ley disponga que el monto de la diferencia con respecto a los porcentajes actuales se siga trasladando del comerciante que facturó al banco emisor de la tarjeta, de modo que la entidad bancaria sólo conserve para sí la comisión regulada por el Banco Central de Costa Rica en conjunto con la Comisión de Promoción de la Competencia del MEIC,  y todo el monto económico de la diferencia se traslade al SICERE de la CCSS, para que éste a su vez lo remita a la respectiva operadora complementaria de pensiones, reforzando el ROP de cada consumidor.

Ejemplo

Supongamos que una persona actualmente gasta ₡500.000 mensuales con su tarjeta de crédito. Si la comisión promedio es de un 4%, esa comisión alcanza cada mes la suma de ₡20.000, la cual los negocios deben pagar a los bancos emisores de tarjetas, monto que se terminan embolsando los bancos.

Con el proyecto de ley que propongo, la comisión de las tarjetas baja a un 1% se crea por ley una “comisión para pensión” consistente como regla general en un 3%, de modo que los ₡20.000 colones de la comisión por compras con tarjetas de crédito y débito se redistribuyen en dos tipos de comisión: ₡5.000 colones para los bancos emisores por el uso de tarjetas que corresponde a un máximo del 1% del valor de la compra; y los restantes ₡15.000 colones van a parar a la cuenta individual de pensiones del tarjetahabiente por ser parte de la comisión para pensión.

Un proyecto que además tiene un componente solidario

El proyecto de ley alternativo al de Wermer Ramos que aquí se propone no sólo permite que quienes usan tarjetas de crédito le saquen un ahorro que viene a fortalecer para su pensión complementaria sin tener que desembolsar más dinero, sino que tiene un componente social: con los aportes de las compras por tarjetas que hacen los turistas que nos visitan se propone que la comisión para pensión de esas compras vayan a fortalecer el régimen no contributivo de la CCSS.

En resumen ¿cuáles son los beneficios de éste proyecto de ley alternativo?

Beneficios directos

  1. Fortalece la contribución económica al sistema de capitalización individual de régimen de pensiones que administran las operadoras de pensiones para la que ahorran 2.672.198 personas
  2. Ayuda solidaria a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no contributivas de la que hoy disfrutan 119.000 adultos mayores
  3. Aumenta el ahorro nacional anual de los costarricenses en ₡120.000, lo que también permite mayores inversiones
  4. Incentiva un mayor uso del dinero plástico generando ahorros al evitar el uso de efectivo, lo que genera mayor seguridad frente a robos
  5. Se aplica en forma paulatina para permitir a los bancos una transición apropiada al nuevo régimen y un reacomodo en su modelo de negocios
  6. Crea un Observatorio ciudadano para vigilar la gestión y fiscalización de las entidades que conforman el sistema de pensiones.
  7. Al fortalecer el régimen no contributivo de pensiones con las compras de los extranjeros se disminuye la pobreza y la desigualdad.

Beneficios indirectos:

  1. Favorece la meta del BCCR de incrementar a un 100% la bancarización
  2. Contribuye a eliminar el uso de efectivo que propugna el BCCR, mismo que tiene un costo de $500 al año
  3. Permite a las entidades financieras aumentar la cartera de clientes, identificar mejor sus necesidades y ofrecerles nuevos productos y servicios financieros, tales como los microcréditos.
  4. Posibilita la trazabilidad de las operaciones financieras y el control cruzado del Ministerio de Hacienda y otras autoridades.
  5. Eleva la imagen internacional del país ante los turistas que nos visitan en el tanto parte de su dinero se destina a las pensiones de los adultos mayores en situación de pobreza
  6. Al incentivar el uso del dinero plástico se apuesta por duplicar a mediano plazo el pago con tarjetas de crédito y de débito
  7. Se genera un mejor redistribución de la riqueza en el país

En definitiva lo que no se quiere es la transferencia de ingresos por $275 millones anuales de un sector a otro —de un puño de 6 o 7 instituciones financieras a un grupo de 20.000 comerciantes—. El proyecto alternativo lo que pretende es beneficiar al consumidor de forma real y efectiva, no con un mero discurso de que teóricamente habrá beneficios para el consumidor cuando la transferencia de esa riqueza se quedará en otros bolsillos.

Esta propuesta de proyecto de ley requiere de padrinos en la Asamblea Legislativa para que sea tramitada. No es a favor ni de los bancos ni de los comerciantes, es en favor del pueblo de Costa Rica. Nuestro país puede hacer historia fortaleciendo en forma novedosa su sistema de pensiones. Se hizo con la Ley de Protección al Trabajador y lo podemos volver a hacer. No dejemos pasar esta oportunidad de crear un quinto pilar a nuestro debilitado sistema de pensiones.

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