En cuestión de horas el Ejecutivo perdió a dos figuras importantes: el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el de Trabajo, Steven Nuñez Rímola. Ambo hicieron lo correcto: presentar la renuncia. El timing claro, es desafortunado, con la cabeza del Ejecutivo en Estados Unidos (en este momento Marvin Rodríguez Cordero es el presidente en ejercicio) y los dos ministerios en cuestión con el rancho ardiendo.
Decimos que la decisión fue la correcta porque la continuidad de ambos funcionarios era inviable. El país no puede perder un minuto de control político en temas paralelos y en discusiones que es necesario ahorrarse. Ambos cometieron faltas claras al deber de cuidado (en el caso de Acosta) y al deber de probidad (en el caso de Nuñez) y lo que corresponde es asumir la responsabilidad política del caso y hacerse a un lado.
El caso de Nuñez es para todo el país doloroso, pues el desenlace, producto de un accidente, fue trágico. Ante nada, el respeto al dolor de la familia del oficial de tránsito Juan Carlos Mora Ulate debe imperar. No puede uno ni imaginar, también, lo que el exministro puede estar sobrellevando. En estos momentos, su trabajo, claramente es lo de menos. A todas aquellas personas directamente afectadas por este, reiteramos, trágico accidente, les enviamos nuestro abrazo solidario y nuestro deseo de que poco a poco puedan reconstruir su paz.
Evidentemente el incidente pone sobre relieve temas paralelos que de nueva cuenta dejan entrever nuestro desorden legislativo. No podemos tapar el sol con un dedo: si no hubiese sucedido nada la noticia no habría trascendido e incluso, en caso de que se hubiera sabido que el ministro no siguió el protocolo al solicitar la escolta, difícilmente el gesto habría tenido las mismas consecuencias.
Eso es innegable y a la vez, triste. No debería morir nadie para que se atiendan estos vacíos normativos porque no sé ustedes, pero a mí me queda la impresión (confieso, es eso, una impresión, no más) de que lo que el ministro hizo... seguramente tiene antecedentes. La propia Policía de Tránsito podría aclararnos: ¿ha pasado en otras ocasiones? No hay que ir muy lejos, hay historias de escoltas todavía más cuestionables ahí a la vuelta de la esquina.
Lo que nos lleva a otro debate: se ha informado que la solicitud debió ser por escrito. Pero a la vez, se alude al artículo 2 del Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios (Decreto Ejecutivo 39.449 MP-SP): «En casos justificados podrá brindarse protección a funcionarios del Poder Ejecutivo que se encuentren en una condición de riesgo comprobado». Es decir, el tema no sería la necesidad de una carta, sino que del todo en estas situaciones no corresponde solicitar la ayuda del tránsito. Lo que a su vez nos lleva a otra discusión más...
A) ¿Se debería permitir que los altas jerarcas cuenten con asistencia de tránsito cuando en el ejercicio de sus funciones requieren excepcionalmente desplazarse con prontitud a un evento?
B) De ser así, ¿debería ser escrita la solicitud? Es evidente que este escenario deja por fuera la posibilidad de responder ante un contratiempo como el que tenía el ministro.
En fin, un tema paralelo que seguramente quedará, como suele ser el caso, en nada. En el caso de Acosta si bien hay mucha tela que cortar (su error fue la falta al deber de cuidado) desde un punto de vista político no quedaba otra salida más que presentar su renuncia.
Sí, la empresa es familiar y evidentemente no estaba a su cargo pero también aceptó que se ve directamente beneficiado de los ingresos que genera el local y bueno, además aparece como tesorero de la sociedad propietaria del bar desde 1988... y aunque sea un puesto “de papel” (otro tema a revisar en legislación) lo cierto es que debió estar más que avispado para evitar un contratiempo de este calibre.
En fin. El presidente Alvarado regresará al país con Justicia en llamas, Hacienda en llamas y Trabajo en llamas. Panorama más que desafiante tras su paso por la ONU.
