“El problema en Liberación es que, cuando hablamos de problemas éticos, todos estamos de acuerdo, pero cuando aparecen los amigos, preferimos al amigo que a la ética.”
Con estas palabras, publicadas en el periódico La Nación el pasado 11 de agosto, el excandidato Antonio Álvarez Desanti retó a las y los asambleístas del Partido Liberación Nacional a no ratificar la candidatura del señor Rolando Rodríguez, quien aspira a ser reelecto como alcalde del cantón central de Cartago.
La solicitud del Sr. Álvarez Desanti tiene fundamento en los artículos 20 y 21 del Código de Ética del partido, que establecen una medida cautelar de suspensión temporal y de aplicación obligatoria cuando exista requerimiento de citación a juicio por ciertos delitos o cuando a un o una liberacionista se le relacione con alguna situación escandalosa reportada en medios de comunicación. Dicha medida cautelar conlleva la “suspensión del ejercicio de cargos dentro del Partido y la representación de éste en cualquier instancia”, por lo cual ninguna persona que se encuentre en una situación citada el artículo 21, puede aspirar a un puesto de elección popular en representación del PLN.
El país está en una encrucijada, marcada por incertidumbre en el campo económico, una profunda división social y una peligrosa tendencia hacia la polarización ideológica. Es un escenario complejo, pero propicio para que Liberación Nacional vuelva a surgir como una opción de liderazgo, bajo un planteamiento serio, moderno y moderado. Sin embargo, el PLN no puede aspirar a recuperar la confianza del electorado si ni siquiera es capaz de cumplir con las reglas internas del partido. Ya se hicieron ‘excepciones’ al Estatuto para no aplicar la paridad horizontal y para inscribir candidaturas de personas que no cuentan con dos años de militancia. Permitir excepciones al Código de Ética sería caer en lo que tanto se le ha criticado al PAC, de tener un concepto de ética que se acomoda a conveniencia y que no pasa del discurso a la práctica.
La Asamblea Nacional debe entonces respaldar la moción de don Antonio, pero, sobre todo, debe reafirmar que su Código de Ética existe más allá del papel. No se puede limitar únicamente al caso de Cartago y de Rolando Rodríguez; esto aplicaría para casos como los de Alfredo Córdoba en San Carlos y Johnny Araya en San José, quienes enfrentan juicios pendientes según lo que ha sido reportado en medios, al igual que cualquier otra candidatura que no cumpla con la normativa partidaria.
Algunos dirán que Liberación no se puede dar el lujo de perder las alcaldías de cantones tan importantes, aunque no haya ganado en ninguna de esas localidades en las últimas elecciones nacionales. Pero estas son las justificaciones que siempre se dan para no tomar decisiones difíciles, para no hacer cambios urgentes y necesarios. Lo que el PLN realmente no puede permitir es que se siga minando la credibilidad del partido por favorecer liderazgos añejos, que se siga posponiendo la renovación por proteger estructuras territoriales que trabajan en beneficio propio, que se siga prefiriendo “al amigo que a la ética”.
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