El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, la autorización al Poder Ejecutivo para que adquiera eurobonos por hasta 1500 millones de dólares por lo que resta del año, acogiendo el dictamen afirmativo unánime emitido por la Comisión de Asuntos Económicos a finales del mes de mayo.
El proyecto, tramitado en el expediente 21.201, recibió el apoyo de 34 diputados y el negativo de seis: cinco independientes ex-RN y el diputado Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). La iniciativa requiere 38 votos a favor para su segundo debate el próximo 16 de julio.
La autorización de $1500 millones por solo un año está muy alejada de la solicitud inicial del Ejecutivo: $6000 millones para seis años, que se rebajaron a $2500 millones para dos años en comisión y finalmente se redujo a $1500 millones, tras el anuncio de los préstamos de equilibrio presupuestario otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otros $350 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los eurobonos deberán usarse para convertir deuda bonificada interna en externa y/o cancelar deuda externa, y para mejorar las condiciones en términos de plazo y/o tasa de interés efectiva, respecto de la deuda que se estaría cancelando con esos recursos.
Asimismo el Ministerio de Hacienda deberá reportar al Congreso y a la Contraloría General de la República un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente las emisiones de deuda interno y/o externa que se cancelan con los eurobonos; por su parte, el Banco Central tendrá la obligación de garantizar que las conversiones de moneda que se realizan con esos recursos y, con los créditos de apoyo presupuestario que se negocien con organismos multilaterales de financiamiento, no generen distorsiones en la fijación del tipo de cambio.
Tasas de interés y plazos de vencimiento
El Gobierno propuso al Congreso que le fuera autorizado emitir eurobonos con una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 725 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; y con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.
En su lugar, los diputados decidieron autorizar una tasa de interés no mayor al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de colocación que se quiere realizar, más 625 puntos base o su equivalente en relación con la moneda de emisión; con un plazo de vencimiento como mínimo de cinco años.
Obligación de Presupuesto Extraordinario
El Ejecutivo la planteó a la Asamblea Legislativa que cuando fuera a utilizar los Eurobonos para disminuir el monto de deuda interna, disminuiría el monto de la emisión de bonos de deuda interna autorizado en el Presupuesto de la República para el año correspondiente, en el mismo monto en que colocara los Eurobonos, modificación que haría mediante un Decreto Ejecutivo y sin que pudiera modificar el destino de los ingresos sustituidos antes de publicar el decreto correspondiente.
Sin embargo, los diputados modificaron esta disposición de modo que no se le permitirá al Gobierno hacerlo vía Decreto, sino que deberá presentar un Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.
Antes de quedar excluidos de la Comisión de Asuntos Económicos, los diputados independientes leales a Fabricio Alvarado habían dado su voto positivo para los eurobonos por hasta $2500 millones para dos años. Con el cambio de año legislativo y la nueva conformación del órgano legislativo, estos congresistas cambiaron de opinión y votaron en contra del proyecto en Plenario.
Vías rápidas aprobadas
Los diputados dispusieron aplicar dos vías rápidas a dos proyectos de ley.
El primero de ellos es el expediente 21.494 que pretende librar a las municipalidades de tener que cumplir con la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada a finales del 2018. La vía rápida aprobara en este caso es una dispensa de todo trámite, de modo que el proyecto podrá ser conocido por el Plenario sin necesidad del trámite de comisión y estará en el primer lugar de los primeros debates para las sesiones subsiguientes.
En este caso votaron a favor 45 diputados y solo Pedro Muñoz del PUSC se manifestó en contra.
La segunda vía rápida (no tanto como la dispensa de trámites) recae sobre el polémico expediente 21.478, el cual pretende reactivar la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica, luego que la Sala Constitucional sentenciara que el expediente 18.968 aprobado por diputados del periodo anterior era inconstitucional al carecer de estudios técnicos o científicos.
En este caso votaron a favor 43 diputados y en contra dos: Paola Vega del PAC y José María Villalta del Frente Amplio. El gobernante Acción Ciudadana dijo que apoyaba la vía rápida, pero que plantearía una consulta de constitucionalidad en su momento para que los magistrados de la Sala Constitucional dijeran si este proyecto tiene estudios suficientes que sustenten la actividad.
La iniciativa deberá tramitarse de forma acelerada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
A favor del proyecto habló el socialcristiano Oscar Cascante, uno de los que le recriminó al magistrado Paul Rueda la sentencia que tiene prohibida la pesca de arrastre en Costa Rica hasta que no se hagan los estudios que muestren que la técnica no es dañina para el ecosistema marino.
Hay un proyecto que viene a darle la reactivación económica no solo a Puntarenas sino a diversos sectores del país que se dedican al arte de la pesca de camarón. Hoy ya se cuentan con estudios técnicos hechos por Incopesca y no hechos por pescadores, sino por científicos contratados para hacer esos estudios. Quiero que se tomen con seriedad estos estudios, no vengamos a desmeritar estos estudios.
Por su parte, Paola Vega del PAC habló en contra al afirmar que los recursos naturales tienen un límite y que si no se aprovechan de la manera correcta ese límite se agotará y se traducirá en el hambre de las poblaciones; al tiempo que recordó que el plan de gobierno del PAC se opone a la pesca de arrastre como técnica.
Costa Rica históricamente ha fallado y tiene deudas inmensas. El hambre de los pescadores del Pacífico y la pésima conservación del recurso marino se cruzan en un punto donde la prisa y la chambonada de la Asamblea Legislativa ha sido causante de que no tengamos ninguno de estos problemas resueltos.












