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Una vez más, como ha sido la costumbre en Honduras y en el Istmo —prácticamente desde inicios del siglo XIX—, ese país enfrenta una nueva crisis con bloqueos y actos de vandalismo en las principales ciudades del país. El tema de las manifestaciones es uno: la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, producto del aumento de la inseguridad, la falta de fuentes de trabajo y la crisis económica. Pero hay que recordar que Hernández fue reelecto, el 26 de noviembre de 2017, en un proceso electoral con grandes dudas sobre la legalidad y legitimidad. Incluso, algunos sectores hablan de fraude en los comicios presidenciales. Sin dejar de lado que la Sala de lo Constitucional hizo una interpretación sobre las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección —recuérdese que por esa razón se había derrocado a Manuel Zelaya en 2009— permitiendo que el gobernante participara en los comicios.

La lista de temas que conforman las controversias sobre la gestión de Hernández comprende: el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que provocó la serie de las llamadas “Marchas de las antorchas”, la primera tuvo lugar el 29 de mayo de 2015; el Caso Rosenthal, que involucró a una de las más poderosas familias hondureñas, por narcotráfico y lavado de dinero; y el asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental, entre otros asuntos.

En las últimas semanas las protestas se intensificaron y hasta sectores policiales se han involucrado en la “huelga de brazos caídos” de inicios de este mes. Las principales demandas son acerca de mejor educación y salud, la salida del mandatario y un cambio de rumbo político y económico. La crisis ya deja varios muertos y decenas de heridos. Mientras que la respuesta del mandatario fue el despliegue de tropas para garantizar el orden y la estabilidad del Gobierno. Sin embargo, entre los sectores opositores se argumenta que esa medida es un asunto extremo, que evidencia la desesperación del régimen y un intento por sobrevivir.

Téngase en cuenta que en 2013 se adoptó la Ley de la Policía Militar del Orden Público, que tiene, entre sus competencias, la obligación de proteger a la persona humana y colaborar en situaciones de emergencia. Por lo que en la práctica se trata de legalizar las operaciones de las fuerzas armadas relacionadas con la población civil. De esta forma, Honduras se convirtió, legalmente, en un Estado militarizado; pues lo era de facto desde el siglo pasado.

Así que hoy Honduras no solo es un Estado fallido, sino que cada vez más se hace evidente la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en el sistema político. Lo que hace posible hablar de un “narco-Estado”. Sin olvidar la presencia de maras y otras pandillas, junto con grupos del crimen organizado en diversas actividades. Esto incrementa los flujos migratorios que se han dado en los últimos años y hace más tensa la situación en el país, pues es cada vez menos el número de hondureños que logran llegar a los Estados Unidos y comenzar a enviar remesas familiares, que en muchos casos es la única fuente de ingresos de muchas familias.

El caso hondureño recuerda la frágil situación política, económica y social de Centroamérica. Hoy la región atraviesa la etapa de la diversidad y la ruptura, en contraste con la de unidad y continuidad. El diálogo centroamericano prácticamente desapareció. Estamos frente a una fase de debilidad del diálogo, la cooperación y la integración regional. Ello evidencia no solo el distanciamiento de las posiciones de los gobernantes, sino la incapacidad del SICA para impulsar acciones que realmente contribuyan a mejorar la condición de la ciudadanía y garantizar un desarrollo humano sostenible y duradero. Desde esa perspectiva, Honduras constituye hoy un espejo de la realidad del resto de la región; por lo que el horizonte de corto y mediano plazo no se presenta halagador, todo lo contrario.