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— La semana ha sido mala para el diputado independiente afín a Fabricio Alvarado, Jonathan Prendas Rodríguez, quien no deja de sumar controversias por varios de los pagos que recibió de parte de la Asamblea Legislativa, tanto por su trabajo en el pasado periodo como asesor parlamentario, como por los que le han depositado siendo legislador.

— El día de ayer se dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Asamblea Legislativa abrir un proceso administrativo contra Prendas por haber recibido el pago de 1,2 millones de colones por realizar funciones de periodista y politólogo durante de campaña de Restauración Nacional, mientras por otro lado recibía el pago de dedicación exclusiva en la Asamblea Legislativa por su puesto de asesor de Fabricio Alvarado.

— Este caso se conoció en octubre del 2018, e incluso hubo una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto —que Prendas presidía en ese momento...— para investigar al diputado; sin embargo, en aquel entonces la Comisión rechazo dicha moción y el caso no pasó a más.

— En aquel momento, el rechazo se dio con los votos de los diputados Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); de Pedro Muñoz Fonseca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); de Xiomara Rodríguez Hernández, de Restauración Nacional (PRN), y del independiente Erick Rodríguez Steller, mientras que solo las diputadas Yorleny León Marchena (PLN) y Paola Vega Rodríguez (PAC) votaron a favor de investigar el tema.

— Ante la negativa de los diputados de la Comisión de investigar a su compañero, la diputada Vega trasladó la información a la Contraloría y el resultado fue la denuncia que vino con el informe de la institución y que fue presentado esta semana.

— La orden de la CGR sale a relucir un día después que en Delfino.cr reveláramos que Prendas cobró ilegalmente a la Asamblea más de 8 millones de colones por concepto de cesantía, tras haber cesado como asesor legislativo y asumir como diputado el primero de mayo del 2018.

— En este caso la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que según lo dispuesto en la ley nacional, ningún funcionario que cobre el auxilio de cesantía puede ocupar otro cargo en el Estado durante el plazo que ese auxilio persista, pues de lo contrario debe devolver esos dineros.

— Por este cobro el diputado recibió una indemnización por 154 días de cesantía que sumaron en total 8,3 millones de colones y cuyo pago fue autorizado el 2 de mayo del 2018 por el Directorio del Congreso, pese a que para ese momento ya Prendas había asumido en su curul. Por este segundo cobro ilegal todavía esta pendiente que el Directorio Legislativo determine si inicia el trámite para realizar el cobro correspondiente al diputado.

— Hay que recordar que Prendas también tiene abierta una investigación abierta en la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por el pago que realizó un empresario en su favor y que se consumó en un viaje a Barcelona, realizado en febrero de este año.

— En resumen, la PEP y la Contraloría, por dos casos distintos, han considerado tener evidencia suficiente de pagos indebidos realizados a Prendas en periodos tanto previos a su nombramiento como diputado, como posteriores a este. Ante ello, y si se probase que hubo delito en los pagos, las consecuencias para el diputado irían desde tener que devolver los fondos al erario público (por el pago de dedicación exclusiva) hasta penas que van de los seis meses a los dos años de cárcel (por el pago del viaje a Barcelona). Mientras que el criterio de la Procuraduría, aunque no es específico del caso de Prendas, sí evidencia que hubo un cobro indebido por parte del diputado, cuyo reintegro también debería tramitarse.

— Por su parte, el diputado se defendió del tema de la cesantía con un video en sus redes sociales que tiene tantas imprecisiones que tuvimos que hacer una nota aparte para poder aclararlas todas.

Bonus Track: Otro diputado con investigaciones abiertas es Enrique Sánchez Carballo (PAC). En su caso el Tribunal Supremo de Elecciones busca determinar si hubo irregularidades en los cobros que hizo cuando en 2010 firmó un contrato con el PAC como licenciado en periodismo, a pesar de que no contaba con el título que lo acreditaba como tal. En el caso de Sánchez el TSE apenas se encuentra recabando información.

Esta nota es parte del Reporte: Caja no hace por dónde facilitar la situación de emprendedores, Corte se sacude de sus promesas.