Hay diversas formas de destruir la economía de un país y, por ende, la vida de sus ciudadanos. Unas pueden ser debido a políticas públicas puramente ideológicas y sin criterios técnicos ni de oportunidad y otras, que ostentan un espacio especial, las que lo hacen mediante ocurrencias sin fundamento más que supuesto interés en alguna causa loable. En el caso que nos atañe, dicha causa es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)

Recientemente se informaba de una iniciativa de Ley “impulsada” por la diputada oficialista Paola Vega, que tuvo como proponentes a diputados de varias bancadas, incluyendo al Ministro de Trabajo actual y que fue revivido por el diputado oficialista Victor Morales. En síntesis, la iniciativa busca gravar con un impuesto de $15 dólares el ingreso de extranjeros a Costa Rica, sea por vía aérea como marítima. El proyecto pretende recaudar supuestamente ¢6.300 millones anuales, que se utilizarían para financiar las expropiaciones en parques nacionales y a la protección de áreas de conservación.

Según el proyecto, costarricenses, transportistas, cruceristas, diplomáticos, personas en tránsito o que hayan ingresado en los últimos 30 días, estarían exentos.

Así, como solución a los problemas que presentan los parques nacionales, se encarece el costo del ingreso a Costa Rica al extranjero, sumando un impuesto más a lista de más de 100 tributos vigentes. A este respecto, y dejando de lado las posibles violaciones a los artículos 19 y 33 de nuestra Constitución Política, la iniciativa no es más que un claro parche ineficiente que no ataca las causas estructurales del problema y pretende resolver de forma simple la situación actual.

Además, desconoce el efecto perverso que esto podría implicar en la industria turística como tal y, por ende, en la economía costarricense que repercute directamente en los ingresos del Estado. Porque hay que recordarlo, el Estado costarricense depende de la recaudación de impuestos. Así, como primer punto a desgranar, es necesario tomar en consideración los siguientes impuestos y tasas que pesan sobre los boletos aéreos:

  • Impuesto de Salida: Impuesto por concepto de derecho de salida del territorio nacional del pasajero, equivalente en colones a $29 USD.
  • Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica: Se trata de un impuesto que grava el valor de los pasajes para viajes internacionales cuya venta se de en el país, siendo el contribuyente de este impuesto es toda persona física o jurídica que adquiera el pasaje o tiquete en el territorio nacional.
  • Impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica: Este impuesto trata de un impuesto que grava el valor de los pasajes de viajes internacionales cuyo origen de ruta sea Costa Rica.
  • Impuesto de $15 USD por el ingreso del pasajero al país vía aérea mediante boleto adquirido en el exterior: El contribuyente del impuesto la persona física que ingrese vía aérea a territorio nacional y cuyo boleto fue adquirido en el exterior.
  • Tasa por uso de áreas comunes y Tarifa Alternativa de Parqueo (CUAC-TAP): Esta tasa es administrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil y es cobrada a cada pasajero que sale del país.
  • Tasa por el servicio de escaneo por rayos X e inspección de equipajes: Esta tasa es administrada por el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería y es cobrada por el ingreso o la salida de cada pasajero que sale del país.
  • Cargo por Seguridad Internacional: Este cargo es administrado por el Consejo Técnico de Aviación Civil y es cobrado a cada pasajero que ingresa y sale del país.

Como vemos, ya se encuentran bastante cargados. Sin embargo, debido a la lectura simplista del problema que hacen los proponentes del proyecto, se deja de lado el análisis serio donde se demuestra que el tema no es solo de ingreso, es de eficiencia. El SINAC tiene históricamente una subejecución presupuestaria que con los años se ha venido volviendo espeluznante.

Por ejemplo, según los datos de la Contraloría General de la República, el año pasado de los ₡41.255 millones presupuestados para el SINAC, se dejaron de ejecutar más de ₡12.269 millones, lo que representa casi el doble de lo que el proyecto plantea recaudar para el SINAC.

Fuente: Contraloría General de la República

Es decir, se pretende dar más dinero a quien no ha logrado ejecutar eficientemente todo el que hoy tiene, y eso sin entrar a revisar la pertinencia de lo que si se ha gastado, que como en toda institución Estatal, es muy probable que nos llevemos desagradables sorpresas.

Así, como ha venido informado el Estado de la Nación, la legislación costarricense presenta vicios en la creación de destinos específicos que debemos corregir, sea creando obligaciones de asignación de recursos sin contenido o un tributo específico a determinada institución. Los destinos específicos introducen en la política fiscal una inflexibilidad equiparable a las exoneraciones: no se revisan, no se reducen, ni se racionalizan. Los destinos específicos son la forma mediante la cual el legislador sustituye la labor de asignación de recursos en el presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

La creación de destinos debe considerar los recursos que verdaderamente se requieren para la atención de un programa de gasto, así como la capacidad de ejecución de la entidad responsable del programa que se pretenda beneficiar. En este caso particular, es claro que el SINAC tiene mucho que explicar y mejorar antes de recibir más recursos.

Costa Rica es un país caro y relativamente inseguro para el turista. Los servicios públicos son deficientes y no contamos con planificación para la movilidad, basta ver que para salir del aeropuerto Juan Santamaría se tiene como opción única los taxis autorizados con tarifas de escándalo.

En lugar de trabajar en políticas públicas adecuadas para la conservación de nuestras áreas protegidas así como supervisión y control en el gasto, algunos parecen querer escribir su nombre como epitafio en la tumba de la industria turística.