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— El primero de mayo pasado la diputada socialcristiana María Vita Monge presentó a la corriente legislativa el proyecto de Ley de Estado Laico: Reforma de los artículos 74 y 194 de la Constitución Política que busca quitarle la religión oficial al Estado costarricense.

— La iniciativa, que recibió el apoyo de 19 legisladores, pretende modificar los artículos constitucionales que establecen que el Estado costarricense es oficialmente católico, para que según Monge, "se respete jurídicamente las distintas creencias religiosas" sin que el Estado se decante particularmente por ninguna.

— Así, y de nuevo por aquello de que todavía haga falta, citamos a la legisladora:

No es sinónimo de Estado ateo, por el contrario, es el respeto a la pluralidad de religiones que hay. Existen encíclicas papales en las que se dice que lo mejor para un país es un Estado laico.

— El proyecto, sin embargo, no ha dejado de tener críticas desde todos los frentes: según señaló la semana pasada la investigadora de la Universidad de Costa Rica, Gabriela Arguedas, lo que se está proponiendo aquí no es un Estado Laico, sino uno pluriconfesional.

— Para Arguedas, no se está estableciendo la división entre la (o las) iglesia(s) en la toma de decisiones del Estado, tal y como los impulsores del proyecto han solicitado desde que las luchas por el Estado Laico empezaron, hace varios años:

Es un proyecto que elimina la religión oficial, pero no marca una clara separación entre los asuntos religiosos, que son de carácter privado de las personas y los asuntos del Estado, que son de carácter público y le competen a toda la sociedad. Podría suponer que la redacción de este proyecto le brinda más viabilidad política. Y aunque me parezca insuficiente, creo que al menos es un paso en la dirección necesaria. Ya es ganancia que mantengamos el debate abierto, dadas las circunstancias.

— Por otro lado, otro punto que está generando oposición con el proyecto refiere a que serviría de base para que el Estado quite el apoyo a la Iglesia Católica de sus egresos ordinarios (en la Administración Solís Rivera se giraron ¢426 millones), pues plantea modificar el artículo 75 de la Constitución que es el que exige al Estado contribuir al mantenimiento de la Iglesia Católica.

— El jefe de fracción de Restauración, Eduardo Cruickshank, aseguró que se opone al proyecto porque el “éxito de una nación es tener a Dios metido [en el] país”. Por ese motivo sugiere que lo que tenemos que hacer no es quitarle los fondos a la Iglesia Católica si no darle recursos público a todas las denominaciones religiosas que existen en Costa Rica:

Para mí, la solución, no es quitarle fondos públicos a la Iglesia Católica, sino dotar de fondos públicos a todo este tipo de organizaciones porque hacemos un trabajo social (…) Creo que la iglesia Católica, como las otras iglesias, hacemos una obra social para este país y más bien deberíamos recibir el apoyo del Estado Costarricense.

— Mientras todos nos preguntábamos de dónde vamos a sacar esa plata sus declaraciones fueron acuerpadas por su compañero de bancada, Melvin Núñez, quien aseguró que no ve nada de malo que el Estado “contribuya en fomentar un credo y fomentar las sanas costumbres”. 

— Por su parte los diputados independientes-exrestauradores se manifestaron en contra de la iniciativa pues consideran que es contraria a su proyecto sobre libertad religiosa (proyecto que tampoco ha estado exento de polémicas, pues se señala que podría abrir un portillo para que las iglesias reciban donaciones internacionales y que incluso podría obligar al Estado a que se vea en la obligación de donar y financiar sus actividades).

— El proyecto de Monge ya entró a corriente y ahora está a la espera de trámite así que nos mantendremos atentos a lo que suceda en Cuesta de Moras con este documento pues está claro que sus alcances todavía no están muy claros. Lo que sí es evidente es que despertará tremenda discusión. Ya veremos si llega a buen puerto.

Esta nota es parte del Reporte: Empleo: el gran reto de Costa Rica.