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El pasado 6 de marzo el despacho del diputado Villalta expresaba su preocupación por el costo de las compras de energía a generadores privados, basada en la comparación de los costos de producción entre la electricidad generada por el ICE y la que generan operadores privados.

La preocupación del diputado Villalta sobre los costos de producción del ICE es más que bienvenida dadas las dificultades económicas por las que atraviesa el sector productivo nacional. No obstante, esa preocupación no justifica la publicación de una visión construida sobre premisas equivocadas, que tiene por consecuencia la desinformación de la opinión pública.

En primera instancia —el diputado Villalta— comunica una falacia lógica que busca persuadir al lector en la errada suposición de que el ICE pudo haber producido la misma energía a un precio menor.

El cálculo contra-fáctico que el diputado hace, se basa en usar el costo promedio de la energía producida por todas las unidades de generación del ICE durante 10 años. Este cálculo induce a la conclusión de que en otro escenario alternativo sin generadores privados el costo de producción hubiese sido más barato.

Este supuesto es falso y parte de un error grave en el cálculo, no es cierto que toda la capacidad ociosa del ICE durante el periodo de cálculo operara al costo promedio de todas las unidades, pues no se considera que de haber tenido que producir el ICE esa misma energía parcial o totalmente con generación térmica su costo promedio hubiera aumentado significativamente. En vista del rol central que juega esta suposición en la tesis del diputado vale la pena aclarar con un ejemplo simplificado del caso.

Consideremos una demanda nacional de 100.000 KWh, que el ICE tiene dos tipos de plantas hidroeléctricas que suministran la mayor parte de la demanda (viejas y nuevas) y que hay generadores privados. La siguiente tabla es el mismo cálculo que realizó el diputado, el costo promedio del 90% de la demanda suministrada por el ICE es 0,07 $/KWh, mucho menor que el costo promedio de los privados de 0,17 $/KWh.

Ahora bien, si en ausencia de los privados el ICE hubiera producido esa pequeña fracción con generación térmica como se muestra en la segunda tabla, los costos promedio del ICE y por ende de todo el sistema hubieran subido a 0,16 $/kWH.

Así las cosas, el costo promedio contra fáctico del ICE es mucho más alto, a pesar de que la fracción de energía es solamente el 10%. El resultado final es que, en ausencia de los generadores privados, los consumidores hubieran percibido costo promedio del sistema mucho más altos, aún cuando el costo de los generadores privados es mayor que el de las plantas hidroeléctricas del ICE.

El segundo error en lo planteado por el diputado Villalta consiste en agrupar en una misma categoría generadores con contratos y fuentes de energía muy diferentes. La mayoría de los nuevos generadores privados producen energía eólica, el ICE mediante esta estrategia y con mucho alarde, ha logrado aumentar en más de un 200% la capacidad eólica nacional.

Por lo anterior, no resulta sorpresivo que el costo por unidad de energía producida por las plantas sea más alto en virtud del tipo de recurso. Así las cosas, el escenario alternativo del diputado es nuevamente errado puesto que los costos promedio del ICE están altamente dominados por generación hidroeléctrica de gran tamaño; mientras que los costos de la capacidad instalada privada están divididos mitad y mitad, entre fuentes eólicas e hidroeléctricas con factores de planta más bajos.

Dentro de sus cálculos el diputado incluye los contratos tipo BOT (Build, Operate and Transfer) es decir, construir, operar y transferir; lo que implica la toma de posesión del ICE del activo al final del ciclo del proyecto.  Este modelo le ha permitido al ICE no tener que realizar gestiones de construcción, obtener créditos u operar cuando debe aumentar la capacidad en el sistema.

En este modelo, los pagos del ICE al generador por su energía son indirectamente los costos de adquisición de la planta y su operación. Así las cosas, una comparación más apropiada sería el costo promedio de los contratos BOT eólicos con el costo promedio de la planta Valle Central construida y operada por Grupo ICE.  Las plantas eólicas privadas tienen una tarifa techo de 0,099 $/kWh (Expediente ARESEP ET-60-2018) mientras que la planta eólica Valle Central reporta costos de 0,307 $/kWh (Plan de Expansión ICE 2016).

Finalmente, y de forma conveniente el comunicado del diputado presenta sus resultados en colones, cuando las tarifas y los pagos contractuales para la generación privada se realizan en dólares. Implícitamente el diputado les asigna a los generadores privados la responsabilidad por el aumento en el costo producto de las variaciones del tipo de cambio que ha fluctuado entre 493 y 605 colones/dólar en los últimos 8 años.

El problema de fondo que genera altos costos para el ICE en la adquisición de energía está en las restricciones de la ley 7200, entre ellas:

  1. Exige al ICE a comprar la energía a una tarifa fija por todo el periodo del contrato y no a un costo de oportunidad de la energía. Esto hace que el ICE absorba todos los riesgos y se los traslade al usuario.
  2. Obliga a los privados a construir plantas pequeñas que no pueden aprovechar de economías de escala e inevitablemente tienen costos unitarios más grandes.
  3. Todos los contratos son hechos con la misma base y no ofrecen ningún incentivo para las partes para alcanzar condiciones de compra-venta que beneficien la operación de sistema.

Si bien es cierto que se necesita con urgencia una revisión del modelo de participación del sector privado en el sistema eléctrico nacional este tipo de comunicados no hacen más que erosionar las bases de un debate político sustentado en realidades técnicas y económicas, pues se basan en premisas erradas fundamentadas en una visión ideológica del problema.

El diputado Villalta cae en el mismo juego que quienes abogan por un mercado abierto utilizando comparaciones y argumentos fuera de lugar. Ambas posiciones acaban por reducir la calidad del debate y previenen una discusión abierta, objetiva y con altura. Resolver los problemas nacionales en temas de energía requiere de un análisis de alto calibre y resulta lamentable ver este tipo de comunicados con nivel de rifle de copas.