Escuche la versión en audio de este Reporte (para suscriptores D+)
— La tensión creció esta semana entre el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Contraloría General de la República, tras un comunicado en el que los primeros rechazan "contundentemente" las declaraciones de la contralora sobre la planificación y rendición de cuentas de las universidades públicas en medio de la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que se está desarrollando en este momento en el Congreso.
— Rememoremos: los diputados de la Comisión del FEES citaron a la contralora, Marta Acosta; a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; a Edgar Mora de Educación; a Luis Adrián Salazar, jerarca de Ciencia y Tecnología, a los rectores, federaciones de estudiantes y sindicatos, para que den su punto de vista sobre el presupuesto universitario, que está en la picota desde el año pasado, debido a que, después de cuestionar a la Universidad Nacional por la construcción de La Plaza de la Diversidad y de recortarle —inconstitucionalmente— el presupuesto al Fondo Especial de Educación Superior (FEES) para este año en 10.000 millones de colones, en octubre se aprobó una moción para estudiar el uso que las universidades le dan al FEES. Así fue como Marta Acosta terminó en Comisión esta semana, asegurando que existen irregularidades e irresponsabilidades respecto al uso de los fondos estatales que reciben las universidades.
— En la comparecencia, realizada el lunes pasado, la contralora aseguró que a la fecha, tres de cada cuatro colones del FEES provienen de deuda pública, un porcentaje que en 2012 era solo del 30% y que en los últimos años ha crecido hasta llegar al 75% del total de los gastos universitarios.
— La Contraloría también advirtió que entre 2012 y 2017 el crecimiento de los gastos de las universidades fue del 49%, en contraposición a las entidades del gobierno central, a las instituciones descentralizadas e incluso a las instituciones públicas financieras, que reportaron un crecimiento del gasto de entre un 31% y un 35%. Para la Contraloría, este aumento más elevado de los gastos universitarios es insostenible, pues de acuerdo a una proyección que realizó la entidad para analizar cuánto representarán los ingresos corrientes y los gastos corrientes de las universidades, si la situación se mantiene como hasta ahora, para 2025 entidades como el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), no van a poder cubrir sus gastos y no tendrán cómo mantenerse.
— Pero la cosa no se queda solo aquí: hay que agregarle el superávit. Según Contraloría, a pesar de que las universidades están solicitando cada vez más dinero, en el último año las universidades públicas reportaron un superávit de ¢175 mil millones, cifras que para la contralora son alarmantes, si consideramos lo que representa el tema en razones de deuda.
— En su comparecencia, Acosta indicó haber detectado fallas en transparencia por parte de CONARE, pues aseguró que el Plan Nacional de Educación Superior 2016 - 2020 se aprobó con un informe de seguimiento que no contaban con costos asociados a los objetivos del plan lo cual impedía conocer cuánta es la inversión necesaria para lograr esas metas y cuestionó que incluso para algunos objetivos planteados no existían metas cuantificables.
— Por todo esto, Acosta le sugirió a los diputados que valoren cambiar el modelo de financiamiento actual, para que sea más sostenible y perdure en el tiempo. A raíz de esto es que la respuesta de CONARE fue fuerte.
— En un comunicado de prensa que también fue difundido en sus redes sociales, las autoridades de la educación superior aseguraron que, mediante oficio OF-CNR-20-2019 del 5 de febrero pasado, un día después de la comparecencia, se enviaron a la Contraloría los informes de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de la Educación Superior Planes 2016-2020, correspondientes a los años 2016 y 2017. Además indicaron el proceso con el cuál se realizó dicho seguimiento y monitoreo de los fondos destinados:
Las universidades públicas han rendido cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna, como parte de la transparencia que es prioridad y distingue la gestión universitaria. Las universidades públicas han sido ejemplo de los procesos de transparencia, lo cual queda reflejado en el estudio anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP), elaborado por la Defensoría de los Habitantes, en donde ocupan altas calificaciones por la promoción de una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web.
— Todos los documentos a los que se refiere dicho comunicado están en la web, por si quieren echarle un ojo ustedes también, tal como haremos nosotros, mientras esperamos que dichas cuentas no se hayan hecho después de lo que dijo Acosta en la Comisión, y que haya sido que el correo se traspapeló, que los servidores se atrasaron en enviarlo o algo por el estilo...
— Esperamos, en nombre de la transparencia, del futuro y de la sostenibilidad tanto del presupuesto nacional, como del la educación pública, que aquí también haya habido un error y que la respuesta sobre qué está pasando con ese superávit y con los gastos que no paran, nos llegue pronto, pues esa parte de la explicación en el comunicado no venía... Estaremos pendientes.
Bonus track: En Cívica 2.0: Autonomía Universitaria (Para suscriptores D+).
Esta nota es parte del Reporte: Tensión entre la Contraloría y Conare y caos con las pruebas prácticas de manejo.
