Por los delitos de conspiración para exportar ilegalmente; presentación de información falsa o engañosa; y contrabando de bienes.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió 35 años de cárcel contra dos ciudadanos costarricenses acusados de haber violado la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en Inglés), al haber sido presuntos partícipes de un plan para adquirir ilegalmente piezas de aeronaves para dar servicio a la flota de aviones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en violación de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a esa empresa pública venezolana.

El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto, Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia; el secretario adjunto de cumplimiento de exportaciones, Matthew S. Axelrod del Departamento de Comercio, y el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida., Markenzy Lapointe.

La acusación permaneció privada y sellada por más de dos años y fue revelada el lunes después de que un juez ordenó su desclasificación, tras el arresto de uno de los acusados.

Carátula de la acusación contra las 10 personas señaladas de ayudar a evadir las sanciones de Estados Unidos a la petrolera venezolana, incluidas dos personas y una empresa costarricense. (Foto: Delfino.cr)

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los hechos se remontan a enero de 2019 y hasta diciembre de 2021 cuando como parte de ese plan, las personas imputadas ocultaron a compañías estadounidenses que los bienes que estaban comprando iban dirigidos a Venezuela y a PDVSA, exportándolos a terceros países mediante una empresa costarricense y una empresa española.

Según documentos judiciales públicos los acusados son cuatro personas asociadas con PDVSA: Gilberto Ramon Araujo Prieto de 54 años de edad, gerente de transporte aéreo de PDVSA y coronel en el ejército venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero de 62 años, y Fernando Jose Blequett Landaeta de 52 años, ambos gerentes de transporte aéreo de PDVSA y analistas logísticos responsables de las compras; y George Clemente Semerene Quintero, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento de PDVSA, quien fue arrestado este mes a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

Asimismo están acusadas cuatro personas asociadas con la empresa costarricense Novax Group, identificadas como Luis Alberto Duque Carvajal de 63 años, dueño de Novax; Melvin Alemán Espinoza de 39 años, director de operaciones de Novax; Mikhail Largin de 60 años, director de proyectos especiales de Novax; y Pedro Elias Sucre Salazar, de 58 años, empleado de Novax ubicado en Venezuela.

Duque Carvajal y Alemán Espinoza son costarricenses por naturalización, según el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que estarían protegidos de ser extraditados a los Estados Unidos para afrontar los cargos que se les imputan, a menos de que su naturalización sea anulada según el procedimiento de ley. Por otro lado, Largin es de origen ruso, aunque trabaja desde Costa Rica; y Sucre es de nacionalidad venezolana.

Los cargos sobre los dos costarricenses son: conspiración para exportar ilegalmente bienes a PDVSA, con una pena máxima de 20 años de prisión; presentación de información falsa o engañosa sobre exportaciones con una pena máxima de 5 años de prisión; y contrabando de bienes con una pena máxima de 10 años de prisión, para un total de 35 años de prisión para cada uno.

Además, están acusadas dos personas asociadas con la empresa española Aerofalcon, identificadas como Juan Carlos González Pérez de 60 años, dueño de la empresa; y Juan David Guerra Viera de 54 años, director de Aerofalcon.

De acuerdo con la acusación, los costarricenses estaban al tanto de la prohibición legal de suministrar a PDVSA bienes de empresas estadounidenses en virtud de las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, pues fueron informados y hablaron sobre ello mediante correos electrónicos que figuran como evidencia.

Asimismo, la acusación menciona otro correo en el cual las personas acusadas hablaron de crear una cuenta bancaria en Rusia, China o Malasia que sirviera como intermediario para recibir los pagos, y evitar que PDVSA apareciera en la transacción.

Además, el Departamento de Justicia tiene en su poder otro correo del 19 de julio de 2019 en el que la empresa costarricense compró 18 llantas para aeronaves a una compañía estadounidense, indicando que serían usadas en Costa Rica, cuando en realidad iban a Venezuela.

También se indica en la acusación que el 25 de julio de 2019, Melvin Alemán Espinoza envió un correo electrónico a Pedro Sucre y Luis Duque adjuntando una factura presuntamente fraudulenta por los 18 neumáticos de avión, la cual subvaluaba la mercancía aproximadamente en $14.192,28, e indicaba que estaban siendo vendidos a Novax Group S.A. en Caracas, Venezuela, y no a PDVSA. En el correo electrónico, Alemán presuntamente indicó a un empleado de Novax que proporcionara la factura fraudulenta a la empresa de transporte de carga encargada del envío de los 18 neumáticos, lo cual se realizó el 1 de agosto de 2019.

El jet Dassault Falcon 900EX de PDVSA es un bien sancionado por los Estados Unidos pues es empleado para transportar altos cargos del régimen de Venezuela. EE. UU.  prohíbe las transacciones que involucren propiedades sancionadas. Créditos: Diogo da Conceicao/jetphotos.com

En noviembre y diciembre de 2019 un empleado de la empresa costarricense presuntamente realizó otra compra de partes de avión para PDVSA a una compañía estadounidense en Redmond, Washington, indicando falsamente que no estaban dirigidas a Venezuela y pidiendo su envío a una empresa de logística de envíos en Miami, Florida.

La empresa costarricense presuntamente realizó una segunda compra de llantas de avión que terminaron siendo para PDVSA en septiembre de 2020, y según la acusación, se indicó falsamente que serían empleadas en Costa Rica pese a que en octubre de ese mismo año Novax las envió a Venezuela.

El documento judicial también señala que se deben decomisar, por ser resultado de los presuntos delitos, $52.647,02 por concepto de fondos incautados de una cuenta bancaria en Florida; dos frenos para un jet Dassault Falcon 900EX; y dos frenos para un jet Falcon 2000.

Hasta la fecha solo una de las diez personas imputadas está bajo custodia en Estados Unidos.

Bajo las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, toda persona o compañía tiene prohibido hacer negocios con empresas estatales o con el Estado, salvo que obtengan una licencia especial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, requisito que las personas imputadas no cumplieron ni intentaron cumplir, según la acusación.

En noviembre de 2023 Novax Group fue incluida en la lista de nombres de personas extranjeras, empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y privadas, individuos y otros tipos de personas jurídicas, sujetas a requisitos de licencia específicos para la exportación, reexportación y/o transferencia (dentro del país) de artículos especificados, por haber incurrido en "actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos".

Según la medida adoptada, la empresa costarricense está sujeta ahora a una "presunción de denegación". Bajo esta política, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos considera que es poco probable que conceda las licencias requeridas para exportar, reexportar y/o transferir bienes, a menos que pueda demostrar de manera convincente que la exportación propuesta no representaría un riesgo para la seguridad nacional o los intereses de política exterior de los Estados Unidos.

Novax Group tiene un contrato según demanda con el Ministerio de Seguridad Pública desde el año 2021, prorrogable hasta el 2025, para el servicio de suministro de repuestos y accesorios, gastables, consumibles y herramientas para aviones de ala fija y ala giratoria. El contrato según SICOP asciende a ₡383.595.520 colones por año, para un monto total de 1534 millones de colones.

Pese a estar incluida en dicho listado, el contrato en SICOP muestra que hasta la fecha la empresa ha logrado cumplir con las entregas de los servicios y bienes requeridos por el Servicio de Vigilancia Aérea.

Delfino.cr solicitó una reacción a la empresa Novax Group y está a la espera de respuesta.

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Esta noticia fue actualizada a las 19:55 horas del 25 de abril de 2024.