Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron en votación 12 vs. 9 una amonestación escrita para el juez Carlos Sánchez Miranda, quien reconoció en el año 2015 la primer unión de hecho entre personas del mismo sexo en Costa Rica.

La medida, adoptada en una sesión secreta, se dio a conocer este lunes mediante un comunicado de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la cual manifestó su repudio a la sanción por considerar que violenta la independencia judicial.

"Para la ACOJUD, la resolución de la Corte Plena evidencia una clara violación a la independencia judicial, amparada en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuando conoció del procedimiento disciplinario, lo calificó de amenaza a la independencia judicial", dijo la Asociación.

El juez Sánchez Miranda reconoció la unión de hecho entre Gerald Castro y Cristhian Zamora, pese a que la aplicación de la reforma a la Ley General de la Persona Joven, en la cual se incluyó un texto que reconoce las uniones de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”, estaba suspendida por la Sala Constitucional, debido a que se estudiaba una acción de inconstitucionalidad.

Además del proceso administrativo disciplinario, Sánchez afrontó una denuncia por prevaricato (emitir resoluciones contrarias a la ley) interpuesta por Rafael Eduardo López Arroyo, sin embargo, fue exonerado por la jueza Ana Laura Arce Hidalgo a solicitud del Ministerio Público, por considerar que el juez no prevaricó pues interpretó e integró la legislación interna con la internacional sobre derechos humanos.

Pese a que el juez aplicó una norma suspendida por la Sala Constitucional mientras se estudiaba por el fondo el caso, la Fiscalía determinó que Sánchez no conocía de la prohibición y por ende de su deber de no dictar sentencia.

La Corte Plena conoce de procedimientos disciplinarios en sesión y votación secreta, por lo que no es posible determinar con certeza cuáles fueron los 12 magistrados que impusieron la amonestación escrita y los otros nueve que se opusieron.

ACOJUD dijo que estudiará la resolución para valorar acudir a otras instancias para defender al juez Sánchez y a la independencia judicial.

Por su parte, el comisionado LGBTI de Casa Presidencial, Luis Salazar afirmó que la sanción administrativa impuesta es una flagrante violación a la independencia judicial.

"Es preocupante que jueces y juezas de la República se vean expuestos a sanciones disciplinarias al ejercer el control de convencionalidad y resolver según los instrumentos de Derecho Internacional. Es verdaderamente grave lo que hoy ocurrió en Corte Plena", señaló.