Los cuatro diputados de Pueblo Soberano votaron contra la continuidad de la magistrada de la Sala Tercera, mientras que tres legisladores de oposición la respaldaron. El plenario necesitará 38 votos para impedir su reelección.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó este miércoles no reelegir a la magistrada Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para un segundo periodo de ocho años. La decisión se adoptó con cuatro votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) frente a tres votos de la oposición que respaldaron su continuidad.
La recomendación negativa contó con los votos de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta de la comisión; Yara Jiménez Fallas, Antonio Barzuna Thompson y Gerald Bogantes Rivera, todos de Pueblo Soberano.
En favor de la reelección votaron los diputados Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio (FA).
La recomendación de la comisión no es vinculante y tampoco implica que Solano pierda su puesto. La decisión definitiva corresponde al plenario de la Asamblea Legislativa, que deberá conocer el expediente 25.804, mediante el cual se tramita la eventual continuidad de la magistrada.
El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por períodos de ocho años y se consideran automáticamente reelegidos por períodos iguales, salvo que al menos dos terceras partes de la totalidad de los diputados acuerden lo contrario.
Esto significa que se necesitan 38 votos para impedir la reelección de Solano. Pueblo Soberano dispone de 31 curules, por lo que necesitaría conseguir el respaldo de al menos siete diputados de oposición para bloquear su continuidad. Si no alcanza esa mayoría calificada, la magistrada se considerará reelecta por otros ocho años.
Solano fue elegida magistrada de la Sala Tercera el 6 de noviembre de 2018 y su nombramiento actual vence el próximo 6 de noviembre de 2026. El pasado 21 de setiembre comunicó formalmente a la Asamblea Legislativa su intención de permanecer en el cargo.
Cuestionamientos del oficialismo y defensa de la magistrada
Durante la sesión legislativa, los diputados oficialistas cuestionaron distintos aspectos de la gestión del Poder Judicial. La diputada Yara Jiménez sostuvo que la institución no está cumpliendo adecuadamente su función frente a la criminalidad y el aumento de la inseguridad, mientras que Antonio Barzuna hizo referencia a personas cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos pese a que no tenían causas judiciales abiertas en Costa Rica.
Por su parte, los legisladores de oposición defendieron la continuidad de Solano. Salvador Padilla señaló que la magistrada cumplía con la metodología de evaluación y los resultados esperados, mientras que Janice Sandí destacó la importancia de preservar la independencia judicial en las circunstancias actuales.
En su comparecencia, Solano defendió su gestión y pidió que cualquier decisión sobre su permanencia se fundamentara en información verificable. También manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial y cuestionó que se exijan mejores resultados a la institución mientras se reducen los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
La magistrada sostuvo que la independencia del Poder Judicial debe respetarse tanto en el ejercicio de sus competencias como en el manejo de los recursos que necesita para funcionar. Asimismo, advirtió que en ocasiones se trata a la institución como si estuviera subordinada a otro poder de la República, pese a que la Constitución establece su independencia.
Como parte de su exposición, Solano presentó cifras sobre el volumen de trabajo de la Sala de Casación Penal. Explicó que cuando ingresó al tribunal, en 2018, existían aproximadamente 477 expedientes pendientes, cifra que se redujo a 306 durante los esfuerzos realizados en 2021 y 2022. Sin embargo, indicó que para setiembre de 2026 el circulante había aumentado a 558 expedientes, situación que atribuyó a la complejidad de los asuntos recibidos.
Respecto a su despacho, señaló que actualmente tiene alrededor de 90 expedientes pendientes. También explicó que durante su primer mes como magistrada recibió entre 200 y 250 asuntos adicionales debido a que otros integrantes del tribunal estaban impedidos de conocerlos.
Otro de los temas abordados durante la audiencia fue la posición pública de Solano sobre la independencia de los poderes de la República. Barzuna le pidió justificar sus preocupaciones sobre un eventual rumbo hacia la autocracia y diferenciar los hechos comprobados de sus interpretaciones.
En respuesta, la magistrada recordó declaraciones del expresidente Rodrigo Chaves Robles, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, sobre el control político del Poder Ejecutivo y Legislativo y sus aspiraciones respecto al Judicial. Barzuna cuestionó la interpretación que Solano hizo de esas manifestaciones.
Solano también aspira a presidir la Corte Suprema de Justicia
La recomendación legislativa ocurre mientras Solano participa en otro proceso de elección dentro del Poder Judicial. La magistrada es una de las cuatro personas que presentaron su candidatura para presidir la Corte Suprema de Justicia, puesto que quedó vacante tras la decisión de Orlando Aguirre Gómez de no buscar un nuevo periodo en esa función.
Según informó oficialmente el Poder Judicial, junto a Solano se postularon Damaris Vargas Vásquez, de la Sala Primera, y Patricia Vargas González y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, ambos de la Sala Tercera.
La elección está programada para el lunes 26 de octubre, a partir de las 8:30 a. m., durante una sesión de Corte Plena. La persona que resulte electa necesitará al menos 12 votos y ejercerá la presidencia por un periodo de cuatro años.
La recomendación contra Solano se suma a la decisión que la misma Comisión de Nombramientos adoptó el pasado 9 de octubre, cuando recomendó no reelegir al magistrado Jorge Araya García, de la Sala Constitucional, también mediante una votación de cuatro oficialistas contra tres opositores.
Ambos procedimientos forman parte de una serie de reelecciones de magistrados que el Congreso debe resolver durante los últimos meses de 2026. Anteriormente, la magistrada de la Sala Segunda Julia Varela Araya consiguió mantenerse en su puesto, luego de que el oficialismo no reuniera los 38 votos constitucionalmente necesarios para impedir su continuidad.