Opinión

Juan José Castro Cerdas

Análisis de la propuesta de regulación a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT)

04 de febrero, 2019 11:07 am
Análisis de la propuesta de regulación a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT)
!

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Delfino.CR es un medio abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

En enero anterior el gobierno envió a la Asamblea Legislativa su propuesta de regulación de las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT). Asumiendo que al menos una mínima regulación de las EPT es necesaria, esta debería tener dos objetivos primordiales: beneficiar al usuario e igualar las condiciones de competencia entre proveedores de servicios similares. Teniendo en cuenta estos dos objetivos analizo los aspectos positivos y negativos de la propuesta de regulación, y presento sugerencias para mejorarla.

Aspectos Positivos

 

Creación del Fondo de Movilidad

Dada la casi nula inversión en infraestructura de transporte público masivo y no motorizado durante las últimas décadas, la creación del Fondo de Movilidad es una buena noticia, y tiene el potencial de realmente aportar en la modernización de dichos sistemas. En transporte público masivo, el fondo podría financiar aspectos hoy día básicos en otros sistemas del mundo pero rezagados en Costa Rica: sistema de pago automático, contadores de pasajeros automatizados, vías exclusivas y semáforos prioritarios para autobuses, mejoramiento de paradas, modernización de los autobuses por unidades reclinables, con portabicicletas y amigables con el ambiente. En el sector del transporte no motorizado, el Fondo podría usarse para construir más y mejores ciclovías, instalar parqueos de bicicletas en áreas de uso público, e incluso para implementar sistemas de bicicletas compartidas.

Una forma innovadora de utilizar el Fondo es crear un sistema de subvenciones para los gobiernos locales. En este, las municipalidades concursarían anualmente por fondos para financiar proyectos de infraestructura ciclista y/o peatonal, los cuales les serán otorgados por la modalidad de reembolso de los gastos.

Intercambio de Datos

El artículo 15 obliga a las EPT a remitir anualmente al Consejo de Transporte Público (CTP) un informe de operaciones con datos de los trayectos, sus características y matrices origen y destino, entre otros. La obligatoriedad de compartir estos datos en formato abierto es un activo valioso tanto para el CTP, ente encargado de planificar el sistema de transporte público y analizar su desempeño, como para facilitar el acceso a los datos por parte los profesionales que realizan investigación en el sector transporte.

Modificación de la Junta Directiva del CTP

Actualmente, la Junta Directiva del CTP cuenta entre sus miembros con un representante del sector autobusero y otro del sector taxista, siendo ambos grupos “juez y parte” en la toma de decisiones que afectan el sector transporte. De este modo, proyectos cuyo principal objetivo ha sido mejorar la eficiencia del sistema y beneficiar a los usuarios, tales como la sectorización y el pago electrónico, no se han implementado y se han quedado en planes y convenios de cooperación. La regulación propone profesionalizar la Junta, y sustituir los miembros mencionados por profesionales en leyes, ingeniería y ciencias económicas. Este es un cambio positivo, dado que las decisiones de la Junta deben basarse en análisis técnicos de los datos y estadísticas del sistema, y cada una de ellas debe buscar mejorar la eficiencia de este.

Eliminación del taxímetro tradicional

La propuesta de eliminar los taxímetros es un cambio que beneficiaría a los usuarios al eliminar preocupaciones como las “marías alteradas”, y buscaría igualar las condiciones de competencia de los taxistas con las EPT.

Aspectos Negativos 

Falta de transparencia en la redacción de la propuesta

En otros lugares del mundo, la discusión de políticas relacionadas con transporte público incluye la participación de los distintos sectores interesados, y que cuenta además con extensa divulgación y participación pública. No obstante, el Gobierno no invitó a ninguno de los grupos del sector transporte a formar parte de la discusión y redacción de la propuesta. Con el objetivo de mejorar la transparencia y contar con un proyecto consensuado, el Gobierno pudo haber creado equipos de trabajo que incorporaran integrantes de los diversos sectores interesados —taxis, EPT y ciudadanos—, de modo que las inquietudes y propuestas de cada grupo fueran discutidas y analizadas.

Uso del Fondo de Movilidad

Como planificador urbano y economista, el inciso a) del artículo 29 de la propuesta es el que me causa más sorpresa. A pesar de que el Fondo es presentado para “la modernización del transporte público”, durante los primeros ocho años el 100% del mismo es utilizado únicamente para el beneficio del sector taxista: el 80% se utilizaría para modernizar las flotillas de taxis y el 20% restante para transferencias de asistencia social a concesionarios de taxis. Este trato del Fondo se traduce en un subsidio por hasta ocho años hacia los taxistas, financiado en su totalidad por las EPT. Es decir, el Gobierno propone intervenir el mercado para durante ocho años transferir dinero de un ente privado a otro.

Por otro lado, financiar al sector taxista por ocho años implica que durante ese período no se invertirá dinero del Fondo para modernizar el rezagado transporte público masivo y no motorizado, siendo este último el sistema que más urgentemente requiere de una intervención. En mi opinión, la redacción actual de este artículo es detrimento suficiente para hacer de toda la propuesta una regulación ineficiente, perjudicial para el mercado, y peor aún, perjudicial para los usuarios.

Cobros a las EPT, vehículos y conductores

El reglamento establece un total de cuatro cobros distintos a diversos participantes del modelo de negocio de las EPT: 100 salarios base a las EPT para inscribirse, $200 anuales para inscribir cada vehículo, $35 anuales para inscribir cada conductor, y el 3% del monto final de cada servicio realizado. Estos cobros parecen excesivos y más que regular la actividad, su consecuencia sería una extracción de sus excedentes. ¿Son necesarios tantos y tan diversos cobros? ¿Cuál sería el impacto de estos cobros en la viabilidad financiera del modelo de negocio de Uber, así como en el ingreso de los conductores?

Disponibilidad de los datos

El artículo 31 menciona que las ETP deben entregar al CTP las estadísticas de los recorridos, viajes y precios, entre otros datos. Sin embargo, la propuesta omite mencionar la divulgación de esta información para uso de los ciudadanos y profesionales en investigación. En aras de una mayor trasparencia, la regulación debería establecer la obligatoriedad del CTP de publicar esta información en manera digital en su página web en formato de base de datos, para que pueda ser utilizada por los diversos profesionales que realizan investigación en el sector transporte.

Para cerrar, considero que la redacción actual del proyecto podría tener dos consecuencias no intencionadas: la extracción de los excedentes del modelo de negocio de las EPT y su consecuente inviabilidad económica, así como el establecimiento de un subsidio al negocio de los taxistas. Lo anterior sería lamentable, dado que los objetivos primordiales de esta regulación no deberían ser otros que beneficiar a los usuarios del sistema de transporte público masivo y no motorizado e igualar las condiciones de competencia entre las EPT y los taxis.

Invito, a quienes deban revisar y mejorar la propuesta, a considerar parte de las recomendaciones presentadas, de modo que el proyecto se convierta en una ley que sea una verdadera herramienta para modernizar el transporte público masivo del país en beneficio de los miles de usuarios que diariamente dependen de él.

Juan José Castro Cerdas

Planificador urbano y economista. Graduado de Economía de la Universidad de Costa Rica, con una Maestría en Economía y Energía de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y una Maestría en Planificación Urbana con énfasis en transporte de la Universidad de Maryland, EEUU. Actualmente labora para el Departamento de Planificación del Condado de Montgomery, MD, EEUU y ha trabajado para los Departamentos de Transporte de Washington D.C. y del Estado de Maryland.

Lea también

Ayer/Hoy  Contenido D+

Cancillería a media máquina, Uber y Fuerza Roja molestos y Crucitas...

24 de enero, 2019 12:00 am

Uber yTaxistas por fin unidos... contra el proyecto del Ejecutivo

Reciba gratis el Reporte Delfino en su correo

Lo enviamos de Martes a Viernes bien temprano.