Desde 1979 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) hoy Instituto Nacional de Desarrollo (INDER) alquiló a la compañía transnacional Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (conocida como PINDECO) dos fincas que suman 300 hectáreas, para la producción de piña, ubicadas en el asentamiento Sabanas de Buenos Aires de Puntarenas.

Desde aquellos tiempos se suponía que andaba algo mal en ese trato, una especie de leyenda urbana que perduró muchos años. Ahora la información se ha conocido gracias a las gestiones que se han hecho desde mi despacho legislativo, en la labor de control político y ante la solicitud de familias campesinas del Sur-Sur del país.

En el primer contrato de arrendamiento del 1979 se establece un canon anual de ₡14,300.50 para las dos fincas, por un plazo de 15 años con una revisión cada cinco años sin que pueda exceder el aumento del 10%. Venció este contrato en abril de 1994.

En el año 1995 se firma el segundo contrato de arrendamiento estableciendo un canon anual de ₡3,701,030.00 por un plazo de cinco años. En la documentación del INDER aparece el siguiente contrato en el año 2004 y se establece el canon anual en ₡4,256,874.00 por un plazo de cinco años con un aumento anual del 15%. En el año 2006 se hace una adición al contrato vigente aumentando el canon anual a ₡12,900,000.00.

El último contrato de arrendamiento se firmó el 4 de diciembre de 2007 con vencimiento al 4 de diciembre de 2013, para usarlo en la producción de piña durante seis años. El contrato se encuentra vencido y desde el año 2015 el INDER intenta que se declare extinto, desde entonces PINDECO ejerce acciones legales retardatarias y tres años después no se resuelve y se espera el traslado del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo.

Prácticamente todas y todos los costarricenses, a través del Estado, hemos estado subvencionando la producción de piña de PINDECO desde 1979 hasta la actualidad al cobrarle un alquiler casi simbólico. Los gobiernos de turno han permitido semejante mal negocio y habrá que establecer las responsabilidades políticas.

En el contrato de 2007 se establece por las dos fincas un alquiler anual irrisorio de ₡75,000 colones por hectárea, para un total ₡22,500,000.00 (veintidós millones quinientos mil colones) al año por las 300 hectáreas. Si se calcula por mes eso significa que esa enorme finca, destinada a los campesinos sin tierra, se alquiló a PINDECO por la reducida suma de ₡1,875,000 (un millón ochocientos setenta y cinco mil colones) por mes.

El contrato de 2007 dice que habrán aumentos anuales del 12% “sobre el valor de la última cuota anual”.  Eso significa que al vencimiento del contrato, alrededor de 2014, debía estar pagando aproximadamente ₡50 millones de colones y un aproximado mensual de ₡4,1 millón por mes.

Utilizando los datos del Boletín de SEPSA para el año 2014 el promedio de producción por hectárea en Costa Rica anda por las 72 toneladas y por tanto para las 300 hectáreas de esta finca estaríamos suponiendo una producción  aproximada superior a las 21,585 toneladas. PROCOMER por su parte dice que para 2014 se hicieron exportaciones de piña por $865,1 millones, equivalentes aproximadamente a ₡462 mil millones, lo que supondría más o menos que cada hectárea produce ₡160 mil. Y sin son 21,585 toneladas por hectárea entonces estaríamos hablando de un valor de la producción en las dos fincas de PINDECO con un valor aproximado de ₡3,460 millones.

Por supuesto que el alquiler de la tierra no es el único costo de producción de la transnacional PINDECO, pero sí parece desproporcionado un alquiler actualizado de ₡50 millones al año pagado al INDER por 300 hectáreas, para una producción en estos terrenos con un valor de ₡3,460 millones para el año 2014. Dicho sea de paso según PROCOMER la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. (PINDECO) fue en ese año 2014 fue la principal empresa exportadora del sector agrícola.

A partir de 2015 por el litigio legal donde se reclama el fin del contrato en un proceso ordinario agrario, el INDER ha devuelto cheques a PINDECO. En el año 2015 la transnacional depositó ₡53,480,804.60 y el INDER le devolvió ₡20,612,393.44, es decir que sólo recibió ₡32,868,411.16, considerando que no se trataba de un nuevo arrendamiento sino el cobro por el aprovechamiento del bien inmueble.

En el año 2016 PINDECO depositó ₡59,898,501.15 millones que le fueron reintegrados en su totalidad por el INDER, igual que en el año 2017 que depositó una suma exactamente igual sin reconocer incluso el porcentaje de aumento anual. Para el año 2018 la compañía no ha hecho ningún depósito.

Es decir que las fincas han seguido produciendo piña que PINDECO exporta pero el INDER no puede recibir los depósitos en virtud de que ya dio por finalizado el contrato de arrendamiento y está en un pleito que se dilata en estrados judiciales ya por más de tres años.

En 2015 el INDER interpuso el juicio agrario. En 2016 PINDECO objeta falta de competencia del juzgado agrario y sostiene que el asunto debe ser resuelto en la vía contencioso administrativa, por lo que se traslada el expediente desde el Juzgado Agrario de Buenos Aires al Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. A finales de ese año dicho Tribunal Agrario determina que la competencia es del Juzgado Agrario. Ante lo cual PINDECO eleva consulta a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que resuelve en abril de 2018 que el proceso debe ser del conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo. En octubre de 2018 el INDER informó que está a la “espera el traslado correspondiente por parte de este Tribunal”. Estaremos pendientes de la solución judicial de este caso.

El gran negociazo de PINDECO con estas fincas inició en 1979 y continúa hasta hoy. Es decir durante casi 40 años. Como vemos sigue produciendo y ahora ya ni paga el diminuto canon anual o precio de alquiler de las tierras que le cobra el INDER. Ya es hora de que se termine este trato privilegiado a una transnacional que no lo necesita. No hay manera de recuperar el valor real del alquiler de esas tierras, pero al menos se podría buscar alguna compensación.

Estos terrenos eran para entregar a los campesinos sin tierra, pero ya tampoco tiene sentido conformarse con la devolución al Estado de las dos fincas pues el estado deteriorado y envenenado de los terrenos probablemente dificultaría el cultivo de otros productos.

Una opción sería una especie de canje de compensación, de manera que PINDECO se quede con esos terrenos y, según avalúo que determine su precio, compre y entregue al Estado otras 300 o más hectáreas que se puedan repartir a las familias de agricultores necesitadas de la Zona Sur-Sur del país. Al menos esto es lo que piden las familias campesinas sin tierra. Lo que no podemos hacer es seguir callando ante estos abusos con tierras públicas, ni permitir que se repitan, mientras se les exigen “sacrificios fiscales” a las familias campesinas.

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