La Contraloría General de la República, ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, dio su visto bueno a un proyecto de ley que pretende hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios gubernamentales.

Se trata del expediente 20.604, denominado "Ley para fortalecer el combate a la corrupción y transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público", impulsado por exdiputados del Frente Amplio, incluyendo Patricia Mora y Edgardo Araya.

Como punto central, la iniciativa establece que las declaraciones juradas de situación patrimonial —establecidas como obligatorias para una serie de funcionarios según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública—, serán públicas.

Mediante un oficio del pasado 5 de noviembre, la División Jurídica de la Contraloría señaló que tal medida es consecuente con lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Costa Rica desde 1997.

Tal instrumento internacional obliga a los Estados parte a crear, mantener y fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

La publicidad de la información contenida en una declaración jurada cuenta con respaldo convencional e internacional.

Sin embargo, el ente auxiliar del Congreso hizo una serie de observaciones al texto de la iniciativa, incluyendo el definir quiénes ocupan "altos mandos en el sector público", pues en la actualidad la ley obliga a funcionarios de menor rango a presentar las declaraciones que se proponen hacer públicas, debido a que administran, custodian, recaudan o fiscalizan recursos públicos.

Asimismo, recomendó que el reporte de participación en personas jurídicas, estructuras jurídicas y fideicomisos de cada declarante y sus familiares que se extraerá del Registro de Accionistas en manos del Banco Central de Costa Rica, sea publicado por esa misma institución, en lugar de delegar tal función a la Contraloría.

Finalmente, la institución señaló que tiene en su custodia 33 mil expedientes de declaraciones juradas presentadas en papel, por lo que la obligación del proyecto de hacerlas públicas en formato digital implicaría un alto costo de recursos y tiempos, por lo que pidieron ponerlas a disposición de público, pero en esa modalidad.

El criterio de la Contraloría no es vinculante para la Asamblea. El proyecto en cuestión sigue su trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos.