La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Santa Cruz, la mañana de este martes, a raíz de 16 supuestos nombramientos ilegales realizados por la alcaldesa de ese gobierno local, María Rosa López Gutiérrez.

Las acciones judiciales iniciaron pasadas las 7:00 a.m., específicamente en el Departamento de Recursos Humanos, donde las autoridades realizaron secuestro de documentos.

"En el allanamiento se pretende decomisar expedientes administrativos relacionados con las 16 personas funcionarias vinculadas en el caso", indicó el Ministerio Público.

López Gutiérrez había ganado notoriedad pública luego de que la Municipalidad de Santa Cruz le exigiera devolver 70 millones de colones que percibió de forma irregular por la compensación para no ejercer profesiones liberales, sin embargo entabló un proceso judicial para no pagar.

Asimismo, López enfrenta una investigación por desobediencia a resolución de la Sala Constitucional, luego de que ese tribunal agotara las advertencias hacia la funcionaria para que cumpliera con la orden de reparar y asfaltar la calle del barrio Estocolmo.

OTRA INVESTIGACIÓN

Paralelo a los allanamientos por la causa seguida contra la alcaldesa, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción anunció que solicitará que un policía municipal de Santa Cruz cumpla medidas cautelares, como sospechoso de tres delitos de concusión.

Se trata de un hombre de apellidos Córdoba Núñez, quien fue capturado hoy como parte de una investigación que se desarrolla a raíz de presuntos cobros ilegales que habría hecho o intentado hacer a dos comerciantes.

La Fiscalía solicitará contra él suspensión del cargo, impedimento de llegar al lugar de trabajo, impedimento de comunicarse con testigos y denunciantes, no portar armas de fuego, impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y mantener un domicilio fijo.

El primer caso habría ocurrido el 29 de setiembre pasado, cuando dos oficiales de la Policía Municipal confeccionaron un parte al dueño de un bar por no contar con permisos; en apariencia, después de esto, el sospechoso habría llegado hasta el local, ofreciendo eliminar las infracciones a cambio de dinero.

Supuestamente Córdoba pidió ¢80.000 para pagarle a los policías, además de ¢40.000 consumibles en licor, lo cual se habría concretado el 03 de octubre.

Según se sospecha, el imputado volvió al establecimiento y cuando los dependientes se negaron a darle consumo gratis, habría llamado al dueño para quejarse y hacerle ver que el bar era objetivo de la Municipalidad, a lo que el denunciante le pidió que le diera tiempo para conseguir dinero.

Por otra parte, se denunció que el 01 de junio del año en curso Córdoba visitó un baile que se realizaba en un bar en la zona de Arado, propiedad de un hombre de nacionalidad china y quien contaba con los permisos requeridos. Presuntamente llegó en un carro particular y vestido con uniforme oficial, le indicó al dueño que el permiso del Ministerio de Salud estaba vencido y que clausuraría el local si no le entregaba ¢60.000; sin embargo, el denunciante se negó a pagar.