Las pérdidas reportadas luego del huracán Otto y la tormenta tropical Nate, representaron un 0.4% y un 1.3%, del Producto Interno Bruto del 2016 y del 2017, respectivamente.
Así lo alerta el Informe del Estado de la Nación, presentado la mañana de este martes, que revela la situación actual de Costa Rica.
Con la tormenta Nate, cuyas repercusiones fueron aún más grandes que las de Otto, resultaron afectados 76 de los 82 cantones que tiene nuestro país. Esta tormenta dejó un muy lamentable saldo de 14 personas fallecidas, 11.517 reubicadas, 179 albergues habilitados y pérdidas en infraestructura vial de más de 236.000 millones de colones, así como la necesidad de reubicar a 985 viviendas, reconstruir 274 y reparar un total de 346 hogares. Este último rubro tuvo un impacto económico estimado que supera los 21.000 millones de colones.
Por ello, además de una mucha menor afectación social y humana, si Costa Rica hubiese tenido programas preventivos en material de desastres, el déficit fiscal reportado para estos años también sería más bajo.
El Informe lo señala puntualmente, de la siguiente manera:
Las pérdidas reportadas, luego del huracán Otto y la tormenta tropical Nate, representaron un 0.4% y un 1.3% del PIB de 2016 y 2017, respectivamente; un 2.4% y un 6.7% de los ingresos fiscales de cada año. En el caso de Nate, para recuperar las condiciones previas a esta tormenta tropical en infraestructura vial, educación, agricultura y otros, el Estado requiere un 3,6% del Presupuesto Nacional de 2017 y un incremento de 7.9% en la deuda.
La necesidad de prevenir para dejar de lamentar
Según el PEN, las localidades que están reportando mayor frecuencia de desastres tienen dos aspectos en común: o son territorios con mayor grado de urbanización, como Desamparados, Alajuela, San José, Puntarenas, Pérez Zeledón, Cartago, La Unión y Alajuelita, entre otras, o en su mayoría carecen de planes reguladores cantonales con viabilidad ambiental para construir, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
En el primer punto, el Estado de la Nación es enfático en señalar que ya es insostenible seguir construyendo en el Gran Área Metropolitana, así lo señaló el coordinador del Informe, Leonado Merino, en la presentación del documento:
El crecimiento urbano es disperso, poco denso y desconectado de la GAM llevó a problemas de movilidad, al alejar la población del centro.
Básicamente, ya está habitado todo lo que es habitable y entonces o se construye hacia arriba modalidad condominio, o en suelos que son un riesgo, como cerca de cauces de ríos que se desbordan cuando cae una tormenta tropical sobre el país o que tienen mayor riesgo de desprenderse si se viene un deslizamiento de tierra.
La desigualdad también aflora en este punto, pues son las personas de más limitados recursos los que tienen que vivir en estas zonas, dejando a los grupos más vulnerables en aún mayor riesgo de desastres.
El segundo punto, es el que refiere directamente a la regulación municipal. Según el Informe, sólo 20 de los municipios de todo el país tienen un plan regulador que abarque todo su territorio y sólo 22 tienen una herramienta que los regule parcialmente. 40 municipalidades, es decir casi la mitad a nivel nacional no tienen identificados los sitios donde construir es más peligroso.
Las acciones que se han tomado en materia de ordenamiento territorial y combate de los rezagos sociales y regionales han sido insuficientes para atenuar los riesgos en la población más vulnerable. En escenarios de cambio climáticos, estas debilidades se agudizan, Por ello es relevante que los esfuerzos hayan comenzado a tener una orientación más clara hacia el campo de la adaptación, que es justamente el que propicia una reducción de riesgos, agrega el documento.
