El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este martes a la ciudadanía, su informe país, homónimo, del periodo 2017 e inicios de 2018.

El informe presenta a los retos que Costa Rica tiene como país en una revisión del estado económico, social, ambiental y político del periodo anterior, y agrega un apartado en el tema de transportes, que refiere al estado vial y estructural de las calles del país y a los comportamientos al respecto que se han vislumbrado en este periodo.

"Este es un golpe de realidad", dijo el defensor de los Habitantes en ejercicio, Juan Manuel Cordero, cuando presentó el documento cuyo panorama, verdaderamente, no es alentador.

A este criterio se sumó el Director del PEN, Jorge Vargas Cullell, cuando al iniciar la presentación de los resultados, señaló que:

Presentamos el Informe en una época de tensión nacional. Lo dice su portada: un cable bajo fuerte presión. Una imagen dura, pero inevitable, en estos tiempos que vivimos. Este Informe es una metáfora muy directa al cable parcialmente reventado en el que se encuentra nuestro país.

Aumento de la pobreza: el riesgo de esta crisis económica

El tema económico es uno de los que más preocupa en el Informe y con el que abre, pues el año pasado presentó una desaceleración económica sostenida que permea en todos los aspectos sociales del país.

En este aspecto, el Informe indica que el año anterior registró una de las pérdidas de empleo más altas de las últimas dos décadas: 30 mil puestos menos en total. Una reducción que afectó a los grupos más vulnerables de la población costarricense: mujeres, jóvenes y trabajadores no clasificados.

Esto provocó una reducción en los ingresos de los hogares que, sumada a la desaceleración económica ya sostenida que venimos arrastrando desde el 2016, llevó a una reducción en el consumo, a la que se le agregó la disminución en la inversión, para reducir los montos de recaudación del Ministerio de Hacienda por concepto de renta. Así, Costa Rica obtuvo todos los componentes de una crisis económica.

Además, el único componente del PIB que creció el año pasado fue el del consumo del Gobierno Central, el cuál es un tema de cuidado pues, según el Informe en el apartado social del documento, lo que se pone en riesgo en este aspecto es a los sectores más necesitados del país.

Costa Rica enfrenta hoy un dilema: ¿cómo continuar impulsando el desarrollo humano cuando experimentamos una crisis fiscal capaz de afectar, en el corto plazo, las condiciones de vida y trabajo de las mayorías, profundizando así, las deficiencias estructurales del estilo de desarrollo del país, agregó  Cullel.

En el 2017, el 34% de los ingresos del Estado se enfocaron en ayudas sociales a las personas más necesitadas. Si en este contexto económico el país reduce este rubro, la pobreza extrema podría aumentar hasta en 4,2 puntos porcentuales y la total en 3,6.

Ejemplo: si las transferencias a los comedores y centros de cuido se eliminasen, 91.798 personas más caerían en la pobreza extrema y si se quitan los fondos a quienes dependen de los servicios y transferencias del Estado para subsistir, llámese los beneficiarios del IMAS, Avancemos, Fonabe y demás, 102.459 seres humanos y 41,835 hogares caerían en este rubro.

El desafío del resultado costarricense consiste en aplicar medidas de contención del gasto público sin afectar a los sectores más pobres y vulnerables (es decir, sin desfinaciar las políticas selectivas) para lo cual se requiere mejorar la eficiencia de los programas sociales y recortar el gasto público que no sea productivo, señala textualmente, la carpeta que el PEN entregó a la prensa.

Convivir: lo que nos divide

En el aspecto político, el resultado electoral de febrero y abril pasado fue claro en cuáles son los temas país que están permeando y dividiendo a la ciudadanía. Por ello el Informe en este tema, se enfocó en lo atípico de este periodo político, que la lucha por determinado modelo económico quedó de lado, para dirigirse ahora a un espectro de convivencia social.

La lucha ahora se contrapone entre cuánto estamos dispuestos a convivir y a respetar los derechos de los conciudadanos, con una ola progresista versus conservadora en materia de derechos.

Sin embargo, electoralmente hablando, el informe asegura que Costa Rica sale del 2018 con una democracia más fortalecida y con un país que confía cada vez más en su proceso de votación, aunque no sea así con el balance del sistema de gobierno, luego de un año de escándalos en los tres poderes de la República.

Además de la corrupción, uno de los temas de alerta este periodo fue la desconexión entre los intereses de la ciudadanía y los proyectos de ley aprobados en la Asamblea Legislativa que, además, sigue aprobando leyes que otorgan derechos que no saben cómo pagar, lo que se traduce en nuevas presiones a los gastos del Estado. El PEN llama a este tema, una "legislación irresponsable", que además, sigue sin lograr conectar los intereses del Ejecutivo con los votos de Cuesta de Moras, en un comportamiento sostenido durante toda la Administración Solís Rivera.

Presas y bicicletas

En el tema ambiental, por su parte, el PEN señaló que la mayoría de los costarricenses no saben cómo gestionar de manera adecuada sus residuos sólidos. Este dato se descubrió después de un estudio aplicado a la ciudadanía.

En el aspecto ambiental agregó que el 72% del motor económico nacional se basa en el uso de derivados del petróleo que mueve a la gran parte del transporte costarricense, en deuda aún con el consumo limpio.

Sin embargo, y a pesar de este panorama, el PEN señaló que el año pasado se vislumbró como uno de los que más acciones colectivas tuvo en esta materia, con al menos 29 organizaciones trabajando en temas de espacio urbano, movilidad y transporte.

Para más información sobre este informe, pueden visitar la página web del Programa Estado de la Nación y acceder a nuestro reportaje completo sobre el tema.