Estimado (a) señor (a):
En calidad de ciudadanos y ciudadanas que no tenemos otro mecanismo para expresarnos mas que por este escrito, nos apersonamos ante usted para exponer nuestra preocupación en relación con el momento histórico que atraviesa el país en materia fiscal.
Corresponderá tomar una decisión respecto a la viabilidad legal y/o constitucional del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20580, y por esa razón es preciso que tome en cuenta en su análisis, las consecuencias socioeconómicas que puede tener el resultado de tal ejercicio.
En primer lugar, la situación de las finanzas públicas es muy delicada. Durante los últimos ocho años el déficit fiscal ha sido superior al 4%, mientras que en los últimos diez la deuda pública como porcentaje de la producción se ha duplicado y alcanza el 50% de la producción. Esta tendencia es a todas luces insostenible.
Las muestras de deterioro de las condiciones socioeconómicas del país saltan a la vista, y son un indicativo de que la economía costarricense se mueve en dirección hacia otra una crisis si no se toman las medidas correctivas necesarias. Como dijo la Contralora General de la República “el lobo ya llegó y está sentado en la sala”.
El tipo de cambio se ha depreciado de manera acelerada en el último trimestre, en parte porque ante las señales de crisis, las personas con activos financieros buscan resguardarlos en una moneda fuerte. Mientras que los inversionistas no ven señales positivas en la economía costarricense, la inversión de capital y la financiera no fluye hacia el país como en antaño, lo cual hace la divisa externa escasa. Una crisis de divisas elevaría rápidamente el tipo de cambio y la inflación, lo cual empobrecería a la población en general.
Esto además pone en riesgo el sistema financiero nacional, dado que gran parte del crédito está en moneda extranjera, y ha sido tomado por personas que no generan dólares. Una eventual crisis en el sistema financiero elevaría las tasas de interés, y afectaría el crecimiento económico por la falta de liquidez, y la desconfianza de los operadores financieros.
Este año se cerrará una década con déficit público primario consecutivo y en aumento, esto es, los ingresos corrientes del Estado no cubren sus gastos corrientes, por lo que cada año debe endeudarse para hacer frente a sus compromisos y con ello la deuda crece. Dicho déficit debe ser financiado por inversionistas que asumen un riesgo de impago por parte del Estado, bajo condiciones normales tal riesgo es bajo; sin embargo, en las condiciones actuales los inversionistas avizoran un riesgo de impago superior, por lo que exigen una tasa de interés más alta para financiar la operación del Estado (se ha reportado que tan alta como más allá del 13%). Cuando el Estado no logra financiarse, debe prescindir de algunas erogaciones. Cuando son gastos prescindibles afectan el crecimiento económico por su volumen, pero pueden ser inversiones de capital, servicios sociales, económicos o gubernamentales, con lo que las consecuencias las asume toda la sociedad y en particular los grupos más vulnerables.
Desde 2017 el Gobierno advirtió de una falta de liquidez en el mercado local, lo cual lo obligó a emitir el Decreto Contingencia Fiscal - N° 40540 - H 2017, en el que se priorizan los gastos con cargo al Presupuesto Nacional. El orden establecido consiste en: deuda, salarios y pensiones. Esta ruta implica continuar postergando la inversión pública que tiene un rezago mayúsculo: desde la década de los setenta del siglo pasado, la inversión pública ha caído a menos de la mitad.
Todo lo anterior ha obligado al Estado a recurrir a un mecanismo excepcional de financiamiento como son las Letras del Tesoro. Mecanismo que sólo se ha puesto en práctica en el país bajo condiciones fiscales particularmente tensas. Si el Estado no puede hacer frente al pago de tales compromisos, se estaría generando una emisión monetaria sin respaldo productivo, con el consecuente efecto inflacionario, además de la pérdida de credibilidad del Estado como deudor.
Los recortes en el gasto público y la incertidumbre sobre el futuro fiscal del país, contribuyen al ralentizamiento del crecimiento económico, con lo que el desempleo aumenta y la pobreza también, luego de tres años de reducción consecutiva de esta última, según lo muestran los resultados de la más reciente Encuesta de hogares con datos de 2018.
En segundo lugar, cabe recordar que las señales y consecuencias apuntadas no son desconocidas dentro o fuera de Costa Rica. A inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, cuando el Estado declaró el impago de muchos de sus compromisos, el deterioro de las condiciones sociales y económicas fue tal, que la pobreza se duplicó y alcanzó a la mitad de la población; el desempleo también se multiplicó por dos; el desfinanciamiento de programas estatales hizo caer la inversión social pública en un tercio, y no fue posible recuperarla sino décadas después; se registró una fuerte caída en la matrícula en primaria y secundaria, que aún hoy le pasan factura a muchos ciudadanos que no pudieron volver a las aulas; la inflación en algunos años superó el 50%, mientras que la producción cayó cerca de un 10%; en suma, el país sufrió un retroceso en su nivel de progreso.
Actualmente, tenemos la posibilidad de presenciar lo que ocurre en una economía cuando el Estado se queda sin recursos para hacer frente a sus compromisos. Un país en la región, Argentina, está pasando por esta situación debido a su incapacidad de tomar las medidas para evitarlo, con lo que está padeciendo las graves consecuencias socioeconómicas apuntadas, y debe someter sus prioridades y libertad de acción, a las políticas de organismos financieros internacionales, so pena de que la situación empeore. En dicho país, la inflación acumulada a agosto de 2018 supera el 32%, y la moneda ha perdido más de la mitad de su valor.
Señor (a) Magistrado (a), la responsabilidad que usted tiene hoy ante Costa Rica es muy grande, el preservar la paz social y la confianza económica son dos pilares fundamentales de nuestra Constitución Política. Lo (a) exhortamos a sopesar todas las aristas de su análisis, a hacer un estudio concienzudo y a medir todos los extremos de la decisión que debe tomar. No debe quedar margen alguno a someter al país a una situación socioeconómica grave ya vivida en el pasado, y que tanto trabajo nos ha costado superar.
Devolver la confianza en el sector público para garantizar el bien común, no es cosa de poca monta, y por eso apoyamos el Proyecto de Ley expediente 20.580.
Atentamente,
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